A nueve meses de iniciado el Concurso Público de Méritos, Oposición e Impugnación Ciudadana para la designación de jueces especializados en corrupción y crimen organizado, el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) nombró a los 14 magistrados que ocuparán un cargo en las nuevas Unidad, Tribunal y Sala de Corte Provincial que funcionarán en el segundo piso del Complejo Judicial Norte, en Quito.

Los integrantes de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado fueron nombrados por unanimidad, luego de una sesión extraordinaria realizada el 1 de diciembre último. El presidente encargado del CJ, Fausto Murillo, y los vocales Maribel Barreno, Juan José Morillo y Xavier Muñoz votaron a favor de los seleccionados.

Como jueces de Unidad fueron nombrados Renán Andrade Castillo y Vicente Hidalgo Maldonado; mientras que en los seis cargos vacantes para jueces de Tribunales de Garantías Penales fueron designados Clara Soria Carpio, Mario Muñoz Bayas, José Sánchez Pico, Carlos Serrano Lucero, Christian Fierro Fierro y Consuelo Tapia Guerrón.

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Finalmente para jueces de Sala de Corte Provincial fueron seleccionados Silvana Velasco Velasco, Byron Uzcátegui Arregui, Maribel Tapia Rosero, Lauro Sánchez Salcedo, Esteban Coronel Ojeda y Wiler Chóez Avilés.

Estos 14 jueces que aprobaron el concurso público y el curso de Formación Inicial de 52 días se encargarán del juzgamiento de 44 tipos penales: 7 delitos relacionados con corrupción y 37 con el crimen organizado.

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Luego de la decisión adoptada, el presidente de la Judicatura destacó el hecho de que el Ecuador contará con los primeros jueces especializados en el juzgamiento de delitos complejos y transnacionales. Aseguró que este proceso de selección y designación inédito se dio con el apoyo de la cooperación internacional, la academia y el Gobierno Nacional.

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Según las reglas de este proceso, quienes obtuvieron la mayor puntuación en las listas de jueces de Unidad, Tribunal y Sala fueron quienes ocuparán las vacantes existentes. El resto de aspirantes, quienes aunque hayan obtenido más de 80 puntos en el curso de Formación quedarán siendo parte del banco de elegibles, es decir, profesionales que podrían reemplazar a cualquiera de estos nuevos jueces especializados que dejen o salgan del cargo.

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Con esta decisión del pleno del CJ no solo se cerró el curso de Formación Inicial, sino también del concurso público de méritos y oposición que arrancó en abril pasado para cumplir un paquete de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, el cual fue aprobado por la Asamblea Nacional a finales de 2020.

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El concurso arrancó con 425 postulantes y para el curso de formación, que se inició el 26 de septiembre pasado, solo quedaron 35 aspirantes. Este hecho, a decir de Fausto Murillo, reveló la rigurosidad dispuesta en cada una de las etapas del proceso.

Desde la Judicatura se ha dicho que los casos que se estén tramitando actualmente y tengan relación con los 7 delitos atados a actos de corrupción y 37 que tienen que ver con el crimen organizado deberán seguir su trámite en las unidades en que se encuentren y esta nueva Unidad Judicial únicamente conocerá los casos que se presenten una vez que ya esté oficialmente laborando como parte del sistema judicial del país.

No todo delito relacionado con corrupción y delincuencia organizada serán conocidos por esta nueva unidad. Para fijar la competencia en el conocimiento, sustanciación y resolución de las causas sobre los 44 delitos referidos en el catálogo, los jueces deberán considerar la concurrencia de una o más de las cinco circunstancias complementarias definidas en la resolución con la que se creó la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.

Los delitos relacionados con corrupción son: peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo.

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Entre estas circunstancias por considerar están las siguientes: que la perpetración de los delitos obedezca a la intervención de una estructura criminal organizada, de acuerdo con los parámetros y definiciones establecidas en el artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el funcionamiento de la estructura criminal organizada en un parámetro de continuidad y reiteración en el cometimiento de delitos, la trascendencia o connotación nacional y/o internacional provocada por el o los delitos presuntamente cometidos por los sujetos activos.

Además, la grave afectación a los bienes jurídicos protegidos que se encuentran establecidos en el artículo 230.1 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y el concurso real o ideal de infracciones que hayan afectado uno o más de los bienes jurídicos establecidos en el artículo 230.1 del COFJ.

Los delitos relacionados con crimen organizado son: genocidio, etnocidio, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, persecución, apartheid, delitos de lesa humanidad, trata de personas, tráfico de órganos, turismo para la extracción, tratamiento ilegal o comercialización de órganos, explotación sexual de personas, prostitución forzada, turismo sexual, pornografía con utilización de niños y adolescentes, comercialización de pornografía con utilización de niños y adolescentes, sicariato, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, tráfico ilícito de migrantes, producción ilícita de sustancias catalogadas a fiscalización (alta escala), tráfico ilícito de sustancias catalogadas a fiscalización (gran escala), organización o financiamiento para la producción o trafico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, actividad ilícita de recursos mineros, almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial, sustracción de hidrocarburos, lavado de activos, espionaje, trafico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas, terrorismo, financiación de terrorismo, delincuencia organizada y estafa.

La Judicatura ha indicado que jueces de garantías penales ordinarios de primer nivel y de tribunales mantendrán la competencia para conocer, sustanciar y resolver las causas sobre los siete delitos relacionados con actos de corrupción y 37 que tienen que ver con el crimen organizado, cuando no cumplan las circunstancias complementarias referidas. (I)