Por tercera ocasión se difirió la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el proceso penal por tráfico de influencias que se sigue en contra de Maribel Barreno y Juan José Morillo, vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) y un juez de Pichincha, Vladimir Jhayya.

La mañana de este 11 de septiembre de 2023 estaba prevista la instalación de la diligencia en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) a cargo de la jueza nacional Mercedes Caicedo, pero la suspendió y la diferirá para una nueva fecha al aceptar el pedido de la defensa técnica de Morillo, de que requería más tiempo para prepararse.

En un primer momento, la audiencia estaba convocada para el 25 de agosto pasado; luego para el 7 de septiembre y no se instaló; se la cambió para este lunes, pero con el mismo resultado. La magistrada definirá una nueva fecha para su instalación.

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El abogado de Morillo, Julio Vasco esgrimió que a las 17:10 del domingo 10 de septiembre ingresó al expediente judicial un informe pericial que necesitaba analizarlo, por lo que solicitó el diferimiento para garantizar el derecho a la defensa.

Por su lado, Christopher Gallegos, defensor de Maribel Barreno, solicitó también se difiera la diligencia hasta que el «cuaderno fiscal se encuentre completo».

Se mostraron insatisfechos con la ampliación del mencionado informe pericial, respecto del análisis de llamadas telefónicas de un teléfono celular Iphone; y también, porque no se solicitó la versión del expresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela.

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La titular de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, asistió a la audiencia pública y consideró que los pedidos de las partes procesales son «argucias para dilatar el proceso» y que no existía fundamento jurídico para suspenderla.

Salazar dio lectura a una página de la ampliación que se hizo al expediente pericial y aseguró que en «nada va cambiar» el perito sus argumentos.

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Precisó que no se solicitó la versión de Virgilio Saquicela porque es candidato a asambleísta, a propósito de los comicios nacionales anticipados y el Código de la Democracia impide que los «candidatos sean privados de la libertad, procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar. Proclamados los resultados podrán activarse procesos penales contra ellos».

Quito 11 septiembre 2023. La Jueza Mercedes Caicedo instala la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en contra de los ex vocales del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno, Juan José Morillo y otros. API / DANIEL MOLINEROS Foto: API

Finalmente, Caicedo aceptó el pedido de la defensa de Morillo, al que consideró válido, pues durante un proceso se requiere comparecer en igualdad de condiciones y en «virtud de que se garantice el debido proceso y evitar en el futuro alegaciones de nulidad» no instaló la audiencia.

No anunció una nueva fecha, debido a las coordinaciones administrativas que debe realizar.

Además de la Fiscalía, la defensa técnica del juez Jhayya estaba lista para exponer sus argumentos.

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Jesús López dijo que estaba listo y preparado para ejercer el derecho a la defensa del magistrado, pues durante la madrugada de este lunes había estudiado la documentación ingresada al expediente, a la que no consideró relevante.

Anotó que su defendido no ha cometido ninguna infracción, ni hecho ilícito relacionado con un presunto tráfico de influencias, por lo que están listos para comparecer.

La investigación sobre este hecho, conocido como caso Vocales, se inició el 15 de junio de 2022, al conocerse el contenido de un audio filtrado en el que se escucharía la voz del consejero Juan José Morillo, quien en presencia de su colega Maribel Barreno solicitaba, aparentemente, el apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo, en el trámite de una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, para evitar su destitución.

Jhayya, quien antecedió a Osejo en la presidencia de la Corte de Pichincha, estaría siendo implicado en el caso por supuestamente haber convocado a los funcionarios judiciales a la reunión.

Una testigo protegido, que rindió su testimonio anticipado a mediados de marzo, detalló que grabó la conversación porque no se sentía cómoda ni segura de lo que se iba a dar en una cita a la que fue convocada por su jerárquico superior, en referencia a Morillo, que en ese momento se encontraba como presidente encargado del Consejo de la Judicatura. (I)