Con una pregunta de consulta popular, el presidente Daniel Noboa pretende modificar los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la Corte Constitucional (CC), a través de una nueva Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Esta es la última interrogante de un total de siete que envió el mandatario a la Corte Constitucional, este 9 de septiembre de 2025. Del paquete de nuevas preguntas, cuatro son de enmienda constitucional y tres son de consulta popular.
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En el documento enviado a la Corte Constitucional, el Gobierno considera que “es necesario realizar una reforma completa de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, con la finalidad de que las competencias, procedimientos y actuaciones de la justicia constitucional estén reguladas y actualizadas”.
Pregunta
¿Está usted de acuerdo con que se expida una nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, que incluya la organización, funcionamiento y los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la Corte Constitucional, conforme el anexo de la pregunta?
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Anexo
En caso de ser aprobada la presente pregunta, el Presidente de la República en el plazo máximo de diez (10) días posteriores a la publicación de los resultados en el Registro Oficial, remitirá, a la Asamblea Nacional, el proyecto de ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, que contenga las reformas para cumplir con lo establecido en esta pregunta.
La Asamblea Nacional contará con el plazo máximo de sesenta (60) días, desde la presentación del proyecto de ley, para debatir y aprobar la reforma legal, conforme el trámite previsto en la ley de la materia.
Aunque esta propuesta no es la única relacionada con la CC, dentro del paquete de nuevas preguntas que remitió Noboa, pues la segunda interrogante de enmienda a la Constitución propone que la Corte Constitucional solo pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el presidente de la República, decretos de estado de excepción o propuestas de consulta popular de iniciativa presidencial, cuando al menos seis de sus nueve jueces estén de acuerdo.
Anteriormente, el primer mandatario ya envió una pregunta a la Corte Constitucional para que se pueda enjuiciar políticamente a los nueve magistrados constitucionales en la Asamblea Nacional, sin embargo, la CC desestimó esta pretensión tras argumentar que esto comprometía principios fundamentales de la Constitución, como son la independencia judicial y el sistema de pesos y contrapesos. (I)