Un ‘enredo’ jurídico envuelve al concurso público para la designación del titular de la Defensoría Pública por la existencia de acciones de protección contrapuestas en sus fallos, de las que una fue acatada por la comisión ciudadana que desarrollaba el proceso.
El 11 de abril, horas antes de que los diez miembros de la comisión ciudadana sean cesados de sus funciones por el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), resolvieron acatar el fallo de un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, con lo que el concurso se retrotrajo a la etapa de admisibilidad para que inicie la revisión de los requisitos legales de 55 personas que se inscribieron en noviembre del 2022.
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Un Tribunal integrado por los jueces Diana Fernández, Leonardo Barriga y Fabián Fabara de la Corte de Justicia de Pichincha declararon la nulidad de cuatro resoluciones tomadas por la anterior comisión ciudadana durante la etapa de admisibilidad lo que dejó a quince concursantes en el proceso. Esto, como resultado del trámite de una acción de protección que interpuso Ángel Torres Machuca, actual defensor público que lleva más de cuatro años encargado en esa función y busca ser reelecto.
El fallo judicial ordenó que la comisión “valide” las postulaciones, considerando la fecha de la postulación y el cronograma que se elaboró para cumplir con esta fase. No obstante, aclaró que “no se requerirá incorporar documentos adicionales a los presentados de todos los postulantes”. Es decir, los participantes no podrán presentar nuevos documentos en sus expedientes de los que presentaron en el momento de la inscripción.
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Esta actividad podrían asumirla los nuevos diez comisionados que se principalizarán en los próximos días, luego que los siete vocales del CPCCS resolvieron destituir a los diez principales por haber incumplido con sus deberes y atribuciones al constatarse una serie de hechos irregulares que denunciaron postulantes y hasta asambleístas.
Sin embargo, el pleno del Consejo no logró la unanimidad ni una mayoría para aprobar una moción, presentada por la consejera Graciela Mora, en la que proponía declarar nulos todos los actos emitidos por la comisión después de la etapa de admisibilidad.
Los consejeros Carlos Figueroa, Mónica Moreira, Teddy Tama y Aland Molestina se abstuvieron de respaldar esta moción y solo Olindo Nastacuaz, Gina Aguilar y Mora votaron afirmativamente.
En esta votación, los cuatro consejeros argumentaron que los excomisionados habían resuelto acatar la resolución de la Corte Provincial de Justicia por lo que no era adecuado que el Consejo intervenga.
Pero además de esta acción de protección, hay otro recurso del 20 de enero tramitado por la jueza Jenny Freire de la Unidad Judicial de Quevedo (Los Ríos) en la que ordenó que ningún otro juez, autoridad administrativa o comisionado realice cualquier acto ulterior para paralizar o suspender el normal desarrollo de este concurso público de oposición.
La magistrada inadmitió una acción de protección que planteaba Wendy Suárez, que se identificó como presidente de la Asociación Agrícola Unión y Progreso y pedía que se disponga la participación de un candidato que no había cumplido con los requisitos legales y reglamentarios, pero la jueza rechazó la petición.
En su falló advirtió: “La presente sentencia constituirá precedente para este y otros concursos de la misma índole, evitando el abuso del derecho de postulantes que pretendan utilizar una garantía jurisdiccional para participar en concursos sin cumplir las normas y requisitos obligatorios establecidos en la norma pertinente de cada concurso, en función de garantizar la seguridad jurídica y el derecho a la igualdad con todas las personas que postulen”, concluyó la jueza y notificó a varios juzgados que conocían otras acciones de protección en Quito, Ambato y Riobamba.
En tanto, está vigente una medida cautelar provisional que suspendió el concurso público en la etapa de oposición.
El juez de Montecristi (Manabí) Danilo García dictó medidas cautelares el 28 de marzo para evitar que se instale el acto en el que doce de quince concursantes rindieron el examen escrito de 60 preguntas, debido a que se convocó sin cumplir el plazo determinado en el reglamento de designación de esta autoridad.
Ello, porque el expresidente y excomisionado William Falconí convocó a rendir el examen escrito a los concursantes con menos de tres días de anticipación, pese a que el reglamento establece que la convocatoria se haga en el término de quince días desde que se inicia la etapa de calificación de méritos.
Pero ese 28 de marzo, la comisión ciudadana ignoró la decisión judicial y avanzó con el examen escrito e incluso publicó las calificaciones obtenidas por doce postulantes. Pero no siguió con el examen práctico, pues el juez persistió y les notificó con su sentencia con apoyo de la fuerza pública.
Para este 20 de abril, el juez García convocó a una diligencia para resolver sobre una posible revocatoria de la medida cautelar.
Una última acción de protección se presentó este 10 de abril por la directora de la Defensoría Pública de Imbabura, Andrea Cazar Villacís, en contra de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana, cuya audiencia se realizará el próximo lunes a las 15:00 en la Unidad Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas. (I)