Juan Falconí Puig, expostulante en el concurso donde se designó a la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, presentó una acción de protección con medida cautelar para que se suspenda la posesión de Mauricio Torres Maldonado, como Contralor General del Estado.

La acción fue presentada el 13 de noviembre en contra de la comisión de selección para la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado y en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que ya cerró el concurso y declaró ganador a Xavier Mauricio Torres Maldonado, y comunicó de la designación a la Asamblea Nacional para la correspondiente posesión.

Mauricio Torres Maldonado es el nuevo titular de la Contraloría General del Estado

El recurrente lo que pretende con esa acción es volver a la fase de admisibilidad y verificación de documentos e inclusive volver a rendir un nuevo examen donde él sacó 30/50, y con la recalificación obtuvo dos puntos adicionales.

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Tras el sorteo el proceso cayó en la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Iñaquito correspondiente a la jueza Carmen Romero Ramírez.

Juan Falconí Puig es uno de los postulantes que quedó sexto en el concurso y que logró 79/100 en la calificación del méritos y oposición.

En el documento presentado por Falconí Puig solicita al juez declarar vulnerado su derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la motivación, a la igualdad y no discriminación e inclusive el derecho a desempeñar empleos y funciones públicos con base a méritos y capacidades y un sistema de selección y designación transparente.

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Que se deje sin efecto la calificación de los méritos de su carpeta realizado en una resolución del 12 de septiembre de 2023, y la recalificación de la prueba de oposición realizada el 1 de noviembre de 2023.

También solicita que se deje sin efecto la resolución de Cpccs, del 7 de noviembre, que conoció y acogió el informe final vinculante del concurso público de méritos y oposición aprobado por la comisión ciudadana de selección, donde se consigna un cuadro con los mejores puntuados, asignándole al accionante una calificación de 79 puntos (47 puntos por méritos y 32 puntos por oposición). Para Puig, esto constituye un fraude y habla de que falsificaron un documento suyo.

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Como medida cautelar pide que no se cumpla con la ilegales decisiones y resoluciones tomadas por la comisión ciudadana de selección y del Cpccs, sobre las calificaciones y recalificaciones y por ende no posesionar a un contralor que no haya cumplido con todos y cada uno de los requisitos reglamentarios e indispensables y que no haya sido calificado legítimamente ya sea en los méritos y oposición, fases del concurso. (I)