El oficialismo apunta a una reforma estructural de la Función Judicial para incorporar el polígrafo en unidades especializadas, mejorar los procesos de ingreso a la carrera judicial, reforzar el control patrimonial de los operadores de justicia, crear jurados populares, mejorar los procesos de evaluación de los servidores y más.
El proyecto de ley lo presentó la asambleísta de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) Rosa Torres la tarde del pasado 22 de julio en el Legislativo y busca reformar el Código Orgánico de la Función Judicial.
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En un documento de 111 páginas, la oficialista sostiene que “el sistema de administración de justicia en el Ecuador atraviesa la crisis más severa de su historia democrática”. En este marco, Torres propone una reforma técnica e integral que “constituye un verdadero giro sistémico que reorganiza la administración de justicia desde sus bases”.
La iniciativa tiene nueve ejes, que van desde un blindaje ético en la Función Judicial y la creación de procedimientos para los concursos hasta el rediseño administrativo del Consejo de la Judicatura y del régimen disciplinario, entre otros temas.
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Polígrafo y control patrimonial
En su primer eje, la propuesta plantea la introducción del polígrafo obligatorio para jueces y fiscales que accedan y formen parte de las unidades especiales penales anticorrupción. Asimismo, busca crear el sistema de control patrimonial para prevenir el enriquecimiento ilícito de los operadores de justicia, en coordinación con la Contraloría General del Estado.
Jurados populares obligatorios
Otra de las propuestas de Torres es la introducción de jurados populares obligatorios para procesos penales por peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito y concusión que superen $ 500.000, así como a causas civiles, administrativas y de responsabilidad civil extracontractual, con cuantías superiores a $ 1′000.000.
El proyecto sugiere que estos jurados los integren doce ciudadanos, entre 25 y 60 años con título de bachiller, que sean parte de un banco de elegibles, conformado mediante sorteo público organizado por la Judicatura, sobre la base de la información del padrón electoral.
Unidades de servicios judiciales para tramitar medidas cautelares
La iniciativa oficialista en su tercer eje plantea la creación de unidades de servicios judiciales, que funcionen como órganos técnicos independientes para brindar apoyo a juezas, jueces y fiscales, durante las audiencias de medidas cautelares.
“Estas unidades emitirán informes objetivos sobre el riesgo procesal, considerando factores como el arraigo social, las relaciones familiares, laborales y comunitarias, el impacto de la eventual pena sobre el ánimo de la persona procesada para fugarse, así como actos anteriores que revelen el deseo de presentarse a juicio o evadirlo”, sugiere el texto.
Creación de procedimientos para los concursos de la Función Judicial
El proyecto de ley también establece nuevos procedimientos legales para los concursos públicos de méritos y oposición para la designación de funcionarios de carrera judicial, para quienes no pertenecen a la carrera judicial y para notarios.
La propuesta busca incorporar evaluaciones independientes, a cargo de académicos de universidades, que se designarán mediante ternas presentadas por la Judicatura, Senescyt, facultades de Derecho, Corte Constitucional, Corte Nacional, Consejo de Educación Superior y Federación de Abogados.
Régimen disciplinario para operadores judiciales
El texto también pretende implementar un procedimiento judicial especializado para la destitución de juezas, jueces, fiscales y defensores públicos, que será tramitado ante una sala de la Corte Nacional de Justicia y resuelto mediante sentencia, garantizando la independencia y el debido proceso.
En tanto que para el resto de las funcionarios judiciales, como directores provinciales y abogados en libre ejercicio, se establece un procedimiento administrativo reforzado, con catálogo completo de faltas, sanciones, plazos y recursos.
Sobre los abogados privados, la propuesta de normativa sugiere sancionar a los juristas con una multa equivalente a dos salarios básicos unificados del trabajador en general cuando incurran en cualquiera de las siguientes conductas:
- No asistir o ausentarse injustificadamente de una audiencia judicial.
- Presentar dolosamente documentación falsa o alterada.
- Amenazar, ejercer violencia o faltar el respeto a las partes procesales, testigos, peritos, funcionarios judiciales o abogados.
Entre otras cosas, el proyecto de ley presentado por Torres propone el uso obligatorio del expediente electrónico para consolidar la documentación procesal, la obligación de apoyar la justicia de paz para que las comunidades puedan elegir a sus juezas y jueces de paz, la implementación de la escuela judicial para la formación, capacitación y perfeccionamiento de los servidores y aspirantes a servidores de la Función Judicial, entre otros cambios.
Una vez ingresada a la Asamblea Nacional, la propuesta la deberá conocer el Consejo de Administración Legislativa (CAL), de mayoría oficialista, y resolver si cumple los requisitos antes de su calificación a trámite. En caso de un pronunciamiento favorable, el CAL enviará el proyecto de ley a una de las comisiones especializadas permanentes.
Esta iniciativa de reforma a la Función Judicial se presentó en el marco de una futura declaratoria de emergencia en el sistema de justicia. Mario Godoy, presidente del CJ, estimó que esta figura se anunciará el próximo mes.
La posibilidad para declarar en emergencia al sistema de justicia se encuentra en la Ley de Integridad Pública, vigente desde el 26 de junio pasado. (I)