Con 75 votos afirmativos de 136 asambleístas presentes, el pleno de la Asamblea Nacional censuró y destituyó a Freddy Carrión de su cargo como titular de la Defensoría del Pueblo, por incumplimiento de funciones.

La sesión 726 instalada este 14 de septiembre se extendió por 16 horas y concluyó a las 00:30 con la destitución y censura de Freddy Carrión, por lo que no podrá ejercer funciones públicas por los siguientes dos años. Hubo 136 asambleístas presentes, Ronny Aleaga fue el único ausente.

La decisión se tomó con 75 votos afirmativos de las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC), Izquierda Democrática (ID), CREO y los asambleístas independientes. Los 47 negativos provinieron de la bancada correísta de UNES y 14 abstenciones de varios legisladores del movimiento Pachakutik (PK), quienes finalmente se dividieron y no hubo el voto orgánico, como anunció su jefe de bloque, Rafael Lucero, en horas de la mañana de ayer.

La moción la presentó la asambleísta interpelante Yeseña Guamaní, de la ID, en la que se planteó censurar y destituir a Carrión por incumplimiento de funciones con base en el artículo 131 de la Constitución.

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El incumplimiento de funciones se argumentó basado en el artículo 83 numerales 1, 215 y 233 de la Constitución, y el artículo 3 y literales a, d y h de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

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La resolución dispone que el expediente se remita a la Fiscalía del Estado para que se investiguen presuntos delitos, que se desprendieron en esta interpelación.

A la Contraloría General del Estado para que audite el uso indebido de recursos públicos asignados a la exautoridad; y se recomienda al pleno de la legislatura iniciar un enjuiciamiento político al exministro de Salud Mauro Falconí.

Carrión fue trasladado desde la cárcel 4 de Quito hasta el edificio de la legislatura, en donde guarda prisión preventiva en las investigaciones por ser el presunto autor del delito de abuso sexual que se habría dado entre el 15 y 16 de mayo, que fue denunciado por la pareja del exministro Falconí.

El 15 de mayo, la exautoridad acudió al domicilio de Falconí en donde mantuvo una reunión privada, en la que se produjo un incidente matizado por el consumo de bebidas alcohólicas, cuando estaba en vigencia un estado de excepción por efectos del COVID-19, que impedía las reuniones sociales y el consumo de alcohol.

A raíz de este escándalo, los asambleístas Ricardo Vanegas, de Pachakutik (PK), y Guamaní impulsaron el juicio político que fue sustanciado en la Comisión de Fiscalización, en cuyo informe se concluyó que esta cita no habría estado relacionada con sus funciones como defensor del Pueblo y utilizó recursos públicos como el vehículo institucional y la seguridad de la Policía Nacional.

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Vanegas fue el primero en exponer y evitó referirse al proceso penal de Carrión, pues no era causal del enjuiciamiento.

Reprodujo varios videos de las comparecencias que se recibieron en la Comisión de Fiscalización, en los que se mencionaba la presencia de Carrión ese día, botellas de alcohol, cigarrillos, etc.

“Se produjeron hechos cuestionables. Un funcionario debe tener una conducta ética y probidad. Es inaceptable que en estado de excepción se haya trasladado en vehículo institucional, hayan consumido bebidas alcohólicas. El defensor no tenía por qué estar en una reunión a esas horas de la noche. Si lo quería hacer para qué se fue en vehículo institucional y con seguridad de la Policía”, increpó Vanegas.

Dijo que las pruebas y testimonios demuestran la inconducta de Carrión, el incumplimiento de funciones y la falta de probidad notoria. “La culpabilidad del acusado está demostrada”, sentenció Vanegas.

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Guamaní resaltó que el objetivo de este proceso es que en el país las autoridades actúen con ética, y presentó varios videos de los noticiarios de ese entonces, que recogían reproducciones en los que se veía a Carrión en estado etílico y golpeándose con Falconí. Ello, para apuntalar la probidad del ejercicio en funciones.

“Este juicio es para defender derechos humanos. Los eventos suscitados verifican la participación de Carrión en hechos contrarios a la prevención y tutela de derechos humanos de dos personas, en particular de una mujer. Somos mujeres -les dijo a las asambleístas- de qué manera se pretende justificar esto, qué líneas discursivas pueden justificar estas actuaciones. Es evidente lo que se ha visto”.

Carrión tuvo tres horas para defenderse e inició asegurando que estaba ahí para “transparentar la verdad”. “Mi deseo es ser tratado con justicia”, dijo.

Justificó su presencia en la casa de Falconí porque este último le había ofrecido información de presuntos hechos de corrupción relacionados con la vacunación vip contra el COVID-19, en el que estaría involucrada “la exvicepresidenta de la República María Alejandra Muñoz”. También, que había una persona cercana al expresidente de la República Lenín Moreno que manejaba el Servicio de Compras Públicas (Sercop).

Como ese había sido el ofrecimiento, ni siquiera llevó su chaqueta, pues no pretendía extender su visita.

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“No fui a una fiesta clandestina, no fui a una reunión social”, dijo el defensor, que en esta ocasión evitó recordar que en la casa del exministro le dieron de comer alitas de pollo y dos copas de vino.

Aprovechó este espacio para cuestionar el proceso penal que enfrenta en la justicia ordinaria y aseguró, por ejemplo, que los partes policiales “son forjados”. Que no ha incumplido funciones porque no ha “omitido” cumplir con su trabajo y enumeró acciones que realizó en la Defensoría, como haber promovido que en los municipios se designen vicealcaldesas para garantizar la equidad de género y la participación de las mujeres.

Acusó a los asambleístas de la Comisión de Fiscalización -que elaboró el informe que recomendó el enjuiciamiento político, la censura y destitución- de tener “doble moral”. Así, enfocó sus críticas en Guamaní, a quien la responsabilizó de querer sacarlo del cargo para en conjunto con el partido Izquierda Democrática “repartirse” los cargos en la Defensoría del Pueblo.

Reconoció que autorizó a su equipo de abogados a usar su firma electrónica para emitir una resolución con la que cesó a la defensora subrogante, Zaida Rovira, el pasado 17 de junio.

Lo había decidido porque Rovira “empezó a repartir la Defensoría y a anular la institución”, prueba de ello es que se ha vinculado a ocupar cargos a personas cercanas a la exministra de Gobierno María Paula Romo y a otros afines a la Izquierda Democrática.

Desde el podio regresó a ver al primer vicepresidente de la legislatura, Virgilio Saquicela (independiente), y le dijo que un familiar de él había sido designado delegado de la Defensoría en Loja.

Esta declaración molestó a Saquicela, quien se encontraba encargado de la presidencia. Cuando el interpelado terminó su comparecencia, Saquicela encargó la presidencia y bajó hasta su curul y lo acusó de “lanzar lodo con ventilador”, al tiempo que lo tildó de “calumniador”.

“Le conmino a que demuestre que el defensor del Pueblo de Loja es mi pariente. ¡Si usted me demuestra, renuncio a la Asamblea! Ni le conozco a la autoridad... Cuando le ponga la denuncia por calumnias espero que no haya comido alitas de pollo o tomado dos vinos”, ironizó Saquicela.

Carrión aseguró que el incidente de la noche del 15 de mayo fue “montado” porque es parte de una persecución política para “eliminarlo”, como una estrategia para “invalidar” el informe sobre las protestas de octubre del 2019 que elaboró una Comisión de la Verdad que promovió la Defensoría.

Cerró su intervención reprochando que el expresidente Lenín Moreno y sus exministros María Paula Romo y Oswaldo Jarrín están fuera del país, mientras él está preso.

Los asambleístas Vanegas y Guamaní insistieron en que debía ser censurado y destituido, y se abstuvieron de usar el espacio de una hora para replicarlo.

Después, se abrió el debate al pleno, en el que una docena de legisladores intervinieron.

Alejandro Jaramillo (ID) le reprochó al exdefensor que sus funciones “no son irse de fiesta ni de farra” o ir a comer alitas de pollo. Lo exhortó a denunciar el supuesto reparto de cargos para la ID en la Defensoría.

Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, defendió el informe que se elaboró en la Comisión y como una ironía, tenía en su curul un vaso de cartón con la frase “alitas con LSD” y una copa al lado.

Él recordó a los asambleístas que defienden a Carrión que cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de Transición lo eligió defensor, aquellos que critican que ahí se eligió a los “hijos del Trujillato”, fue Julio César Trujillo, presidente de ese Consejo, quien no votó por su elección porque sabía “quién era”.

Otra voz que cuestionó a la exautoridad fue de la asambleísta Nathalie Viteri (PSC), que lo acusó de ser un “experto manipulador”. Lo cuestionaba por victimizarse y decir que es un perseguido político por el informe de octubre del 2019 y que solo le faltó “pisar los pies” de los legisladores para hacerlos llorar.

QUITO (14-09-2021).- Freddy Carrión junto con su esposa, en uno de los corredores de la Asamblea Nacional, mientras se desarrolla el juicio politico al defensor del Pueblo. Cortesía de la Asamblea Nacional / EL UNIVERSO Foto: El Universo

“Lo vimos echado en una cama, victimizándose para que le lean los derechos. (…) ¡Es el más grande manipulador y no debe estar en ese puesto, ni en ninguno. Merece dejar ese puesto, y ojalá no haya cometido un acto contra esa mujer ni contra otra mujer!”, declaró Viteri.

Desde la bancada de UNES los pronunciamientos fueron para defender a Carrión, y se aseguró de que se trataba de una persecución política al interpelado y que el objetivo era defender a Lenín Moreno y a sus exministros por los sucesos de octubre.

La posición de Salvador Quishpe (PK) sorprendió a varios legisladores. El asambleísta defendió a Carrión y cuestionaba que las causales del informe para lanzar a una persona a la “hoguera” sean usar el carro de la Defensoría para acudir a una reunión. Para él, el problema es que el exdefensor firmó un informe por delitos de lesa humanidad que ha “molestado y eso les tiene bravitos”.

Llamó a los legisladores a “no votar en contra de nuestra lucha. Vamos a reivindicar nuestra lucha”. Quishpe se abstuvo.

Los asambleístas de CREO Ana Belén Cordero y Diego Ordóñez concluyeron que bajo los argumentos de la bancada de UNES y varios legisladores de PK no se podía censurar a Carrión porque no ha sido sentenciado por el delito sexual, pero con ese argumento, entonces no se debió censurar al excontralor subrogante Pablo Celi, quien tampoco tiene una sentencia por el presunto delito de delincuencia organizada.

“Están alterados los valores en la Asamblea. Carrión autoriza el uso de su firma para destituir a una funcionaria desde la cárcel, y eso hay que considerarlo normal. Decide ejercer sus funciones desde la cárcel diciéndoles a sus abogados, para evitar que se desarme la estructura que él habrá armado. Esa es la diferencia y eso hace que Carrión no tenga la talla para ejercer el cargo. No la tiene”, enfatizó Ordóñez.

Se mostró sorprendido por la postura de Quishpe y les recordó que los asambleístas correístas que le dieron la mano y lo felicitaron por su discurso de defensa a Carrión, fueron los mismos “que le arrastraron en la calle” años atrás.

“Nos olvidamos convenientemente, porque ahora están hermanados para defender a una persona que no tiene la talla moral para ejercer un cargo”, añadió Ordóñez.

Finalmente, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, cerró el debate y dispuso la votación, que terminó con la destitución y censura de Carrión.

La asambleísta Johanna Moreira (ID) planteó la reconsideración, que tensó el ambiente en el pleno legislativo, pues como en pocas ocasiones hubo más de 61 votos que estaban a favor de proceder con la reconsideración de lo votado. Sin embargo, se impusieron 70 legisladores por el No, con lo que se ratificó la actuación legislativa.

Esta resolución será enviada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo que deberá, según el artículo 15 de la Ley de la Defensoría del Pueblo, designar a una autoridad encargada mientras se realiza el concurso público para nominar al titular. (I)