La Comisión Nacional Anticorrupción solicitó al contralor Carlos Riofrío que disponga, de manera inmediata, la práctica de un examen especial al procedimiento administrativo que viene llevando a cabo la comisión de selección para designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 26 de octubre de 2023.

“Por lo expuesto y acorde a lo previsto en el artículo 66 numeral 23 de la Constitución, como contralor del Estado se le solicita, en la aplicación del principio de oportunidad necesario en el sistema de control, disponga, de manera inmediata, la práctica de un examen especial al procedimiento administrativo que viene llevando a cabo la comisión de selección para designar a la primera autoridad de la Contraloría”, refieren.

La CNA cuestiona el accionar de la comisión de selección. Dice que “ha sido público y notorio que se ha producido una serie de irregularidades” y que solicitaron una copia certificada del proceso administrativo de dicho concurso, que no les fue entregada hasta el momento.

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“El pedido fue dirigido al presidente de la comisión de selección, instituida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y no ha tenido respuesta, lo cual para la comisión denota un acto absolutamente irregular”, subraya la CNA, y dice que rechazan la desatención del pedido formulado por un colectivo social que representa a importantes sectores de la sociedad ecuatoriana.

Carlos Riofrío González (c), contralor general del Estado subrogante, en una foto de archivo. Foto: Alfredo Cárdenas.

En cuanto a las presuntas irregularidades detectadas por la CNA, y que creen que deberían ser aclaradas por la comisión de selección, está la sesión del 12 de septiembre pasado, en la que se evidenció que a algunos candidatos al cargo se les restó y a otros se les subió puntos en el proceso de calificación de méritos, ”lo cual denota un acto absolutamente irregular”.

Otro hecho que se debe tomar en cuenta, según la comisión, es la grabación de la sesión extraordinaria número 19, convocada para el 30 de septiembre pasado, en la que se habría perpetrado “una serie de anomalías, como la desaparición de varios exámenes y el aparecimiento de fallas informáticas, que pese a haber sido comunicadas no se asumieron correctivos”.

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“Hay un hecho relevante adicional en la planificación del citado examen, es decir, la prueba escrita: constaba que en esta misma ocasión debía existir la presencia de un notario a efectos de que dé fe de la transparencia del citado procedimiento, pero no compareció para garantizar el principio constitucional legal y necesario para el ejercicio de los derechos de participación como tercero imparcial”, refieren. (I)