La Comisión de Fiscalización insistirá al pleno de la Asamblea Nacional en que determine el mecanismo según el cual deben transcurrir los plazos dentro de los juicios políticos que fueron conocidos en el periodo anterior, esto es, en contra del exministro de Energía René Ortiz y del contralor del Estado, Pablo Celi.

Pero los nueve legisladores que integran la mesa esperan también un pronunciamiento para que se privilegie el trámite del juicio político en contra de Celi, antes que el de Ortiz, aunque de este último ya concluyeron los plazos para presentación de pruebas e informes el pasado 17 de junio, tomando en cuenta que la anterior comisión, presidida por Elio Peña (PK), conoció la solicitud y notificó al acusado.

Primer juicio político archivado en la nueva Asamblea Nacional

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (Concertación), afirma que recién este 24 de junio la comisión fue notificada oficialmente por la Secretaría General con la información sobre los dos juicios a René Ortiz y a Pablo Celi; de ahí que debe ser el pleno del Legislativo el que decida si nombra a nuevos interpelantes en el caso del juicio contra el exministro de Energía, tomando en consideración que quienes plantearon ese proceso ya no son asambleístas.

Pero también señala que el juicio a Celi, quien permanece en la cárcel tras una investigación fiscal por hechos de corrupción, es una urgencia nacional por el evidente abandono del cargo y la ausencia del juez de cuentas; por lo tanto, al pleno de la Asamblea le corresponde tomar una resolución, pues a su criterio es una opción que primero se tramite el juicio a Celi. Todo depende de las voluntades políticas.

Publicidad

Caso Las Torres: Información extraída de teléfonos de Pablo Celi agrava su situación y consolida la teoría de la Fiscalía

La vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Cordero (CREO-BAN), advierte que el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que los juicios políticos deben tramitarse en la Comisión de Fiscalización observando el orden de prelación y cronológico.

Resolución

Tras un debate, los nueve legisladores que integran la Comisión de Fiscalización aprobaron una resolución en la que solicitan al pleno de la Asamblea Nacional que determine el mecanismo por el que deben decurrir los plazos dentro de los juicios políticos que fueron conocidos en la comisión en el periodo 2019-2021, y en el Consejo de Administración Legislativa (CAL). En la sesión del pleno, convocada para este 25 de junio, consta el pedido de la mesa.

Todo esto considerando que la actual Comisión de Fiscalización, periodo 2021-2023, recibió los documentos certificados por Secretaría General de la Asamblea Nacional de fecha 24 de junio 2021 a las 10:26, sobre los juicios a René Ortiz y a Pablo Celi.

Por ello, la Comisión solicita al pleno de la Asamblea que designe nuevos interpelantes en el proceso de juicio político del exministro de Energía, toda vez que quienes impulsaban el proceso como tales han perdido su calidad de asambleístas, requisito indispensable para continuar la tramitación de los procesos de juicio político.

En medio del debate, el legislador Marcos Troya (BAN-Ecuatoriano Unido) planteó que frente a los hechos que vive el país se priorice el trámite del juicio político en contra del contralor Celi, y que se acumule el pedido de interpelación al exministro Ortiz.

Dijo que la Contraloría está en estado de indefensión y es fundamental que ese organismo funcione, porque es parte prioritaria dentro del Estado; pues existe un contralor que está detenido y una subcontralora que presentó la renuncia; y lo que preocupa es que en el momento en que se siga dilatando la designación del cargo de contralor, pueden caer en caducidad glosas millonarias y ocasionar un perjuicio al país.

Gabriela Molina (UNES) insistió en que, como recién fue notificada la Comisión de Fiscalización con la documentación de los juicios políticos, se podría iniciar el proceso y resolver el trámite del proceso contra Celi antes que el juicio contra Ortiz, y no se estaría incumpliendo la normativa. (I)