La Comisión Calificadora para la renovación parcial de tres jueces de la Corte Constitucional (CC) desestimó las recientes críticas al concurso público hechas por uno de los postulantes, que reclama falta de transparencia en los procedimientos relacionados con los exámenes escrito y oral.

Este lunes, al iniciar las audiencias para las comparecencias orales de siete de los candidatos a ser jueces del máximo organismo de control constitucional, los comisionados anunciaron con sorpresa que uno de los postulantes había recusado a dos de ellos.

Por unos minutos suspendieron el acto para escuchar a la participante Alejandra Cárdenas Reyes y Richard Ortiz Ortiz, y resolver sobre la recusación. A su retorno, la presidenta de la Comisión, Vanesa Aguirre aclaró que ni la Ley de Garantías Jurisdiccionales u otra norma sobre las que se basa este concurso, contempla que los comisionados pueden ser recusados, pues no son jueces para poder ser remplazados.

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De esa forma escucharon a Cárdenas y Ortiz, quienes fueron consultados sobre la aplicación de las normas jurisdiccionales. Ellos lucían nerviosos y sus exposiciones duraron poco menos de 50 minutos.

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Quien presentó la recusación a las 21:07 del domingo pasado fue el candidato Jorge Sosa Meza, auspiciado por la función de Transparencia y Control Social, quien alega que las comisionadas Dunia Martínez y Aguirre mantienen amistad y cercanía con otros de los concursantes.

Sosa acusó a Martínez de tener relaciones de “amistad y profesionales” con los concursantes Jhoel Escudero y Cárdenas; y a Aguirre de que uno de sus socios (fallecido) de un estudio jurídico había extendido un certificado de recomendación a la candidata Ana Donoso Bustamante.

Además, Sosa consideró que Martínez no debe pronunciarse sobre su candidatura, pues emitió un voto salvado en una impugnación ciudadana planteada en su contra.

La autoridad consideró que el postulante no era idóneo para continuar en el concurso porque no presentó la documentación certificada que señale que él no era parte de la directiva de una organización política en los últimos diez años, requisito establecido en la Constitución.

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Sosa fue objetado porque fue candidato a asambleísta del Guayas por el partido Fuerza Ecuador (FE), presidido por el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz; y que supuestamente había sido parte de la directiva.

La impugnación se desechó por falta de argumentos legales, pero Martínez salvó su voto.

“La comisionada se pronunció en el sentido de que no era idóneo y probo para asumir el cargo, y considero que ella no me puede evaluar si ha emitido criterio”, enfatizó Sosa.

Adicionalmente, el participante denunció que los pendrives en los que se les entregó la prueba escrita el pasado 20 de enero, contenían información y estaban “usados”; también que los códigos numéricos con que se los identificó para ese examen no están secuenciados y no generan “anonimato”, por lo que cree que “los comisionados conocían los códigos que pertenecían a cada candidato”; y, que se llamó a la prueba oral sin respetar el orden alfabético.

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Desde la Comisión Calificadora, su presidenta Vanesa Aguirre aclaró que los pendrives se solicitaron a la Función de Transparencia (instancia que reúne a nueve entidades del Estado y que tiene a su cargo dar la asistencia técnica y operativa a la Comisión Calificadora), y que contenían información relacionada con publicidad oficial de ese poder del Estado del 2016.

Recordó que estos dispositivos estaban sellados y que el denunciante no alertó en ese momento de su reclamo; pero, que la información fue entregada a la veeduría ciudadana para su análisis.

Precisó también que ninguno de los miembros de la Comisión conoce a quiénes responden los exámenes escritos, identificados con un código.

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“No se conocerá a quiénes pertenecen los exámenes escritos hasta que todos los candidatos hayan rendido sus pruebas orales. Esto porque si supiéramos a quién corresponde esa nota, podría incidir en que se piense que ‘a este candidato le están preguntando de una u otra forma’. Queremos eliminar esas suspicacias, por lo que solo cuando estén listas las notas de esta comparecencia oral, se sumarán con los exámenes escritos y méritos”, explicó Aguirre.

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Ello porque esta controversia surge después de que se conocieron las calificaciones del examen escrito de los concursantes. Los resultados dan cuenta de que, desde las notas más bajas a las altas, uno de ellos alcanzó 8/40 que pertenece al código 1839457312.

El siguiente, 1839457314 obtuvo 10; el 1839457310 tiene 15; el postulante 1839457313 con 23; el 1839457311 con 35; avanzó con el 1839457315 con una nota de 38; y la más alta, el 1839457316 que llegó a 39/40.

Estos 40 puntos se sumarán a otros 40 del examen oral (que concluye el miércoles) y a los 20 puntos de la puntuación en méritos alcanzados por los siete. De entre estos, los tres mejores calificados asumirán una de las tres magistraturas vacantes.

De su lado, Sosa anticipó que está “meditando” continuar en esta competencia porque está “muy cocinado”.

“Estoy evaluando ir el miércoles, porque más que una prueba va a ser una confrontación con los comisionados”, comentó, y cuestionó que los tres “huérfanos” de este concurso, en referencia a él y los aspirantes Carlos Vásquez y Luis Sarango, se estaría discutiendo de estos acontecimientos.

Advirtió, además, que remitirá los hechos que a su criterio serían “irregularidades” a la Relatoría de Independencia Judicial de las Naciones Unidas. (I)