Los jueces Christian Fierro Fierro (ponente), Jorge Sánchez Pico y Carlos Serrano Lucero integrarán el Tribunal de Juzgamiento de la Unidad especializada en Corrupción y Crimen Organizado que se hará cargo del caso Triple A, proceso penal en el que se investiga a 22 personas naturales y jurídica acusadas como autoras y cómplices del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.

El 19 de julio pasado, el juez anticorrupción Renán Andrade decidió llamar a juicio a las 16 personas naturales y las seis empresas que recibieron un dictamen acusatorio de Leonardo Alarcón, fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Alarcón pidió que sean llamados a juicio como autores del delito investigado diez personas naturales y seis empresas, mientras que seis personas más fueron acusadas en calidad de coautores de la comercialización ilegal de hidrocarburos.

En el caso Triple A la Fiscalía analiza la existencia de una relación de las seis personas jurídicas (empresas) investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible sobre todo de diésel. Con base en las pericias existentes, la Fiscalía determinó que en Triple A se habría cometido un delito en alta escala, al existir un perjuicio económico aproximado de $ 61′502.658,39, correspondiente a 22′777.191,80 galones de combustible entre diésel y gasolina.

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A decir de la Fiscalía, varias estaciones que adquirieron combustibles se encuentran en zonas fronterizas mineras, por lo que se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos, para los cuales no está destinado ese beneficio, lo que habría provocado un perjuicio al Estado ecuatoriano. Las empresas comercializadoras de combustibles bajo la lupa de la Fiscalía se habrían ubicado en los sectores automotor, industrial y naviero.

QUITO (16-07-2025).- Reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio del caso Triple A, en el que está involucrado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, en el Complejo Judicial Norte. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.

El 16 de diciembre pasado arrancó la instrucción fiscal de Triple A contra Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T. y las personas jurídicas (empresas) Fuelcorp S. A., Copedesa S. A., Corpalubri S. A., Ternape Petroleum S. A. e Indudiésel S. A. Para el 10 de abril siguiente, el juez anticorrupción Andrade, por pedido de Fiscalía, decidió vincular a Aquiles Alvarez, actual alcalde de Guayaquil, y a otras diez personas naturales sospechosas y a la empresa Harsajudi S. A.

Ramiro García, defensa de Alvarez, criticó que el juez Andrade llame a juicio a todos los procesados bajo el argumento de que todo lo alegado por los equipos de defensa debe debatirse en juicio. “Entonces, ¿para qué están los jueces de garantías si no van a analizar los argumentos de las partes? Una vergüenza”, indicó en su cuenta personal de la red social X. (I)