Ante la inasistencia de Leonardo Alarcón, fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, el juez Christan Fierro, presidente del Tribunal de Juicio del caso Triple A, declaró fallida la reinstalación de la audiencia en la que se iba a conocer la decisión oral de la Sala respecto al pedido de prisión preventiva hecho por Fiscalía en contra de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y Ricardo Cevallos, ambos procesados por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.

Las partes procesales fueron convocadas para las 16:30 de este lunes, 29 de septiembre, para conocer la resolución oral a la que arribaron los integrantes del Tribunal de la Unidad Anticorrupción, los jueces Fierro, Carlos Serrano y Gabriela Lara, ante el pedido de prisión preventiva hecho por el fiscal Alarcón por un supuesto incumplimiento de las medidas cautelares de presentación periódica definidas para ambos.

Pese a que esperó el Tribunal que se conectara a la audiencia virtual el fiscal Alarcón, eso no sucedió. Aparentemente una emregencia médica impidió que el fiscal se hiciera presente en la diligencia. Ante ese panorama, el presidente de la Sala declaró fallida la audiencia a costa de la Fiscalía, le dio 48 horas para que justifique su inasistencia el fiscal y definió que la reinstalación se dará este martes, 30 de septiembre, a las 17:00.

Publicidad

Horas antes de esta reinstalación convocada, luego de casi una hora y media de audiencia de sustitución y revisión de las medidas cautelares que pesan sobre los procesados en el caso Triple A: Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y Ricardo Cevallos, los jueces Fierro, Serrano y Lara suspendieron la diligencia y entraron a deliberar su decisión. Ante ello convocaron para las 16:30 de este mismo lunes,29 de septiembre, para dar a conocer la decisión que adopten.

La audiencia fue solicitada por el fiscal de la causa ante un supuesto incumplimiento de las medidas de presentación periódica dispuestas para los dos acusados del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo. Ante el incumplimiento la Fiscalía solicitó al Tribunal defina orden de prisión preventiva para los dos procesados, quienes hacen parte de las 22 personas naturales y jurídicas acusadas como autoras y cómplices.

Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez, rechazó que la Fiscalía haya solicitado se revise la presentación periódica definida ante el incumplimiento de la medida el 1 de septiembre pasado en la Fiscalía de Guayaquil, siendo que su definido estaba en Quito cumpliendo obligaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y en su calidad de alcalde a una reunión en la Cancillería. De todas esas acciones oficiales existirían fotografías que comprobarían la razón de la inasistencia.

Publicidad

QUITO (29-09-2025).- Audiencia de revisión de medidas en el caso Triple A. Santiago Molina / EL UNIVERSO Foto: Santiago Molina

De lo ocurrido el 1 de septiembre, Álvarez, quien asistió vía telemática a la diligencia, habla en un escrito entregado a los jueces de la causa y pide que se tenga por justificada la inasistencia. El alcalde explicó que el 1 de septiembre pasado se encontraba en Quito por dos motivos: su presencia en la audiencia oral única de prueba y alegatos por una denuncia que se presentó en su contra en el TCE y por una reunión que mantuvo con la canciller Gabriela Sommerfeld, por invitación de la secretaria de Estado, y con el ministro del Interior, John Reimberg, en el marco de la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

García solicitó a los jueces que nieguen el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía, pues dijo no ha existido un incumplimiento tratando de evadir la medida, sino que existen justificativos para lo ocurrido. Además, pidió a los magistrados que se haga un llamado de atención a la Fiscalía y a la acusación particular por no observar detalles como los expuestos en esta audiencia, antes de solicitar un cambio de medida hacia la prisión preventiva.

Publicidad

En el caso del procesado Cevallos, su defensa no entiende el porqué del pedido de Fiscalía para que se revise la medida de presentación periódica y en su lugar se ordene prisión preventiva, si él ha cumplido todas las presnetacion definidas e incluso asistió manera presencial a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

El 19 de julio pasado, el juez anticorrupción Renán Andrade decidió llamar a juicio a las 16 personas naturales y las seis empresas que recibieron un dictamen acusatorio de Leonardo Alarcón, fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Alarcón pidió que sean llamados a juicio como autores del delito investigado diez personas naturales y seis empresas, mientras que otras seis personas más fueron acusadas en calidad de coautores de la comercialización ilegal de hidrocarburos.

En el caso Triple A la Fiscalía analiza la existencia de una relación de las seis personas jurídicas (empresas) investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible sobre todo de diesel. Con base en las pericias existentes, la Fiscalía determinó que en Triple A se habría cometido un delito en alta escala, al existir un perjuicio económico aproximado de $ 61.502.658,39, correspondiente a 22.777.191,80 galones de combustible entre diésel y gasolina.

A decir de la Fiscalía varias estaciones que adquirieron combustibles se encuentran en zonas fronterizas mineras, por lo que se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos, para los cuales no está destinado ese beneficio, lo que habría provocado un perjuicio al Estado ecuatoriano. Las empresas comercializadoras de combustibles bajo la lupa de la Fiscalía se habrían ubicado en los sectores automotrices, industriales y navieros. (I)

Publicidad