El caso Metástasis suma un total de 52 procesados y el 13 de abril su cumplen los 120 días de la etapa de instrucción fiscal. Luego de esto la fiscal general, Diana Salazar, debe solicitar a la Corte Nacional de Justicia fecha y hora para la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio.
El exasambleísta del correísmo Ronny Aleaga; Claudia Garzón y Miriam Delgado, exintegrantes de la comisión de pacificación de las cárceles; Yanina Villagómez, exfiscal del Guayas, y otras nueve personas se sumaron el 15 de marzo a las 39 personas que fueron vinculadas desde cuando surgió el caso, a mediados de diciembre pasado, y puso en prisión preventiva a Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, varios jueces, fiscales, servidores judiciales, abogados, exfuncionarios del SNAI, policías, comunicadores como Mayra S. y empresarios.
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Fiscalía formuló cargos contra los 52 vinculados por ser parte de una estructura criminal que fue liderada por el narcotraficante Leandro Norero, la cual tenía como objetivo obtener fallos judiciales favorables, beneficios penitenciarios y acceder a información privilegiada de la Policía y la Fiscalía. Norero, a quien se le conocía con el alias de Patrón, buscaba que todos los objetivos de la “empresa criminal” conformada lleguen no solo a él, sino a sus familiares y cercanos a la organización que mantenía.
La instrucción fiscal de Metástasis se inició el 15 de diciembre de 2023, por un lapso de 90 días. El tiempo se extendió por 30 días más, cuando se dictó prisión preventiva a cinco personas, que fueron vinculadas a inicios de enero, entre ellas Daniel Salcedo, que mantiene los alias DS y Bellito en el caso, y fue deportado el 17 de enero de Panamá luego que Interpol emitiera una notificación roja internacional para localizarlo. Actualmente permanece en el Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi, conocida como cárcel de Latacunga.
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La Fiscalía ha dejado en claro que del expediente se desprenden los suficientes elementos de convicción para sustanciar las acusaciones de los 52 procesados. Los elementos expuestos en las diferentes audiencias de vinculación que se han realizado en este tiempo fueron diálogos, videos, fotos, mensajes de audio que habrían sido ubicados en varios celulares de propiedad de Norero, que han sido explotados durante la etapa preprocesal de investigación previa y en el decurso de la instrucción fiscal.
13 vinculados más al caso el 15 de marzo
En la audiencia de vinculación más reciente, la cual duró más de catorce horas, el juez Felipe Córdova dispuso que deben guardar prisión preventiva Aleaga, Garzón, Delgado, Villagómez, los empresarios Elio A., Ángel L., Marcel L. y Eduardo R.; Romel T., exadministrador de una constructora; Carlos M., guía penitenciario; Doris O., perita; y Juan Pablo J., proveedor de insumos médicos a hospitales públicos de Guayaquil.
Para la procesada Katherine G., guía penitenciaria, se dispusieron medidas alternativas. Inicialmente, la fiscal Salazar solicitó prisión para los trece, pero cambió de decisión sobre esta última debido a que su defensa solicitó medidas alternativas, ya que el esposo de la sospechosa, Carlos M., también es procesado en el caso y ambos tienen un hijo menor de edad que quedaría en el abandono si sus dos progenitores van a la cárcel.
Adicionalmente, como medidas reales, se ordenó la retención de cuentas de ahorro y pólizas que posean los trece procesados en el sistema financiero nacional, así como prohibición de enajenar los bienes que tengan en las ciudades de Quito, Riobamba, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayaquil y Santa Elena.
En el caso del exasambleísta, Salazar indicó que él era identificado con el alias Ruso en los chats del narcotraficante, que habría aprovechado su posición como asambleísta para realizar acciones en favor de Norero y los líderes de la organización delictiva. Además, en una fotografía Aleaga aparece en una piscina con otro implicado en la “empresa criminal”.
Una de las acciones que habría hecho el exlegislador, valiéndose del cargo que ostentaba, sería “callar a voces capaces de entorpecer la operatividad criminal” como a Fernando Villavicencio, afirmó la fiscal general.
En la audiencia, Aleaga y la excomisionada Garzón fueron algunos de los imputados que intervinieron, de manera telemática, para defender su inocencia. El exlegislador abandonó el país a finales de diciembre de 2023, dijo que “está dando la cara dentro del proceso” y quiere aportar con información que, según él, “va a ser de importancia muy grande”. Rechazó las acusaciones de la fiscal general y pidió defenderse en libertad por su seguridad, pero esto no fue concedido.
Por su parte, Garzón también negó los señalamientos en su contra. Indicó que podría aportar con pruebas y evidencias que tiene en su poder.
39 personas fueron procesadas en primeros días
De la lista inicial de 31 procesados en la audiencia de formulación de cargos con la que se abrió la etapa de instrucción fiscal, el 15 de diciembre pasado, fueron parte el expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, el general de la Policía (s. p.) Pablo R., exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI). Más tarde, el 4 de enero, se vincularía a ocho personas más.
Desde el momento de la detención, Norero conformó una estructura con frentes para el financiamiento, la dirección, la planificación, las cuales se conjugaban con la participación y aporte de quienes formaban parte de la “cúpula criminal: Helive Paúl A. B., alias Estimado o Larry, y Javier Alexander N., alias Novi o Novita.
La Fiscalía ubica a Helive Paúl A. B., alias Estimado o Larry, como el encargado de direccionar y planificar sobornos a funcionarios judiciales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Coordinaba la compra de votos de la Corte Nacional para la libertad del hermano de Leandro Norero, Israel Norero.
La solicitud de acciones ilegales de alias Estimado o Larry también alcanzaron a las Cortes Provinciales de Justicia de Manabí, de Cotopaxi, de Guayas y de la Judicatura en Santo Domingo de los Tsáchilas.
También fueron procesados los jueces Richard G., Santiago Z., Ángel L., Gustavo M., Glendas O., Adolfo G. y Emerson C.; así como Álex P., Daniel M., Daniela B., Gabriel S., Mayra S., José S., María A., Jhon C., Lenín M., Alexander I., Héctor P., Christian Ch., Gabriel G., Armando R., Vicente F., Kevin P., Sofía G., César A. y Braulio M.
El 4 de enero, el juez de la Corte Nacional Felipe Córdova dispuso orden de prisión preventiva para cinco vinculados, mientras que para tres ordenó presentación periódica.
Estos son Xavier E. J. M., alias Marido, XJ, Pili, Ravioli, Mauricio o Daddy Yankee, 48 años de edad; Christian Geovanny R. M., abogado con el alias Globalpax, 33 años de edad; Daniel Josué S. B., alias DS o el Bellito, 36 años de edad; Fabián Gilmar C. B., alias Yankee, de 32 años; Carlos Alfredo Z. N., alias el Presi, 43 años de edad; Víctor Hugo A. B., alias Pillo Buena Gente, 35 años de edad; Fernando Andrés G. A., cabo primero de Policía Nacional, 46 años de edad; y Jairo Fernando V. M., ciudadano particular, 34 años de edad.
Las 39 personas son procesadas por el delito de delincuencia organizada definida en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Caso Purga se desprendió de radiografía de Metástasis
Son doce personas las que, de momento, han sido detenidas en el caso denominado Purga, en el cual se investiga el delito de delincuencia organizada. Las detenciones se realizaron como parte de un operativo en la madrugada del lunes 4 de marzo de 2024.
Los procesados son Nelson P., juez; Gustavo M., juez; Guillermo V., juez; Fausto A., juez; Saúl M., secretario judicial; Henry T., juez; Alberto L., juez; Reynaldo C., juez; Fabiola G., jueza que fue hasta enero pasado la presidenta de la Corte del Guayas; Pablo M., exlegislador del Partido Social Cristiano, y su esposa, Mónica A; y Ruth S., quien sería procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. De estos, ocho son jueces de la Corte Provincial de Guayas.
Sobre este caso, la fiscal general, Diana Salazar, dijo que se derivó de la investigación del caso Metástasis. Ambos relacionados con presunta delincuencia organizada en el sector judicial.
“El caso Purga es una demostración de cómo la corrupción se generaba desde las más altas esferas de la política legislativa, que ponía a su servicio y, obviamente, al del narcotráfico la administración de justicia en una de las provincias más influyentes del país, Guayas, por medio de la cual economías criminales habían encontrado un vehículo de operación muy rentable para que campee la impunidad”, aseguró la fiscal en un video colgado en la cuenta de X de la institución.
Con los doce iniciales procesados se dispuso una instrucción fiscal de 90 días.
La fiscal pone los nombres de los casos
Los nombres de Metástasis y Purga han acaparado la atención de la ciudadanía y hasta de la comunidad internacional al ser elegidos por la Fiscalía General del Estado para bautizar a sus dos investigaciones más recientes. La responsable de poner estos nombres no sería otra persona que su máxima autoridad, la fiscal Diana Salazar.
Salazar es quien decide los nombres, según juristas que ven detrás una estrategia. Para titular los casos la respalda el principio de autonomía que tiene la institución que preside para dirigir, de oficio o a petición, una investigación preprocesal y procesal penal, establecido en los artículos 194 y 195 de la Constitución.
“Los nombres son definidos por la Fiscalía General del Estado, de conformidad con la Constitución de la República, la Fiscalía dirige la investigación preprocesal y procesal penal, y como órgano autónomo del Poder Judicial mantiene atribuciones que le permiten desarrollar el proceso investigativo con celeridad, reserva y buscando garantizar su actuación”, explica el abogado constitucionalista José Chalco Salgado.
Dos policías buscan pena menor
Los policías en servicio activo Neycer Lenin M. y Gabriel Genaro G. son los dos primeros procesados dentro del caso Metástasis que plantean formalmente acogerse al procedimiento abreviado, es decir, reconocer su responsabilidad y participación en el delito investigado.
La decisión de los dos policías procesados la hizo conocer la tarde del jueves, 14 de marzo, su abogado al juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Felipe Córdova, y piden que se defina día y hora para una audiencia. El juez corrió el traslado de los pedidos a la Fiscalía para que se pronuncie.
En el oficio entregado se señala que tanto Neycer Lenin M. como Gabriel Genaro G. “de manera libre y voluntaria, sin coacción de ninguna naturaleza, se acogen al procedimiento abreviado”, norma establecida en el artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El artículo 635 del COIP señala que el procedimiento abreviado deberá sustanciarse de conformidad con reglas como que las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta diez años son susceptibles de procedimiento abreviado, excepto en delitos de secuestro, contra la integridad sexual y reproductiva, extorsión, en caso del delito de violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar, actividades ilícitas de recursos mineros, abigeato con violencia, financiación del terrorismo y delitos cometidos como parte del accionar u operatividad de la delincuencia organizada.
Evidencia incautada
Con la tarea de recabar elementos que le sirvan para fortalecer su tesis de que en esta causa existió una “empresa criminal” que se estructuró en torno al narcotraficante Norero para obtener, mediante sobornos y amenazas, fallos judiciales y beneficios penitenciarios para él, su familia y también para cercanos a quien se conocía con el alias de Patrón, el 3 de febrero pasado Fiscalía detalló que busca obtener la información de 134 teléfonos celulares, 72 USB, 38 laptops, 32 CD y DVD-R, 19 discos duros, 13 chips, 12 tablets, 6 memorias extraíbles, 2 CPU y una grabadora. (I)