Versiones receptadas dentro del caso Las Torres, en el que se investiga el delito de delincuencia organizada, van poco a poco sustentando la teoría de Fiscalía de que en este caso existe una estructura delictiva que se encargaba de gestionar la liberación del pago de planillas en Petroecuador y desvanecer glosas en la Contraloría General del Estado (CGE) a cambio de sobornos.

Información relacionada al desvanecimiento de glosas en el interior de la Contraloría General es lo que entregó, la mañana del lunes último, Nelson Villavicencio, exfuncionario de la Dirección de Responsabilidad de la CGE.

Según la Fiscalía, en este caso la estructura conformada ayudó a desvanecer cinco glosas, por aproximadamente $ 13 millones, que tenían que ver con la prestadora de servicios petroleros Nolimit C.A., quien trabajó para la Empresa Pública Petroecuador. Hasta el momento hay nueve personas procesadas, entre ellas el contralor (s) Pablo Celi, y cinco personas más están a la espera de que se les realice una audiencia de vinculación, la cual fue solicitada por la fiscal general Diana Salazar.

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Al ser consultado por la Fiscalía sobre si conoce algo de la empresa Nolimit, Villavicencio, parte de la Dirección de Responsabilidad de la CGE desde diciembre del 2017 y de 40 años de edad, dijo en su versión libre y voluntaria: “Llegaron varios expedientes de Petroecuador, entre ellos de la empresa Nolimit, los cuales, mis proyectos de resoluciones, fueron confirmatorios”.

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Pese a ello, aclaró que cuando ellos elaboraban los proyectos de resolución una vez impresos los sumillaban, pero debido al monto de las glosas y por los administrados involucrados, “más específicamente si constaba la máxima autoridad de la institución”, estas resoluciones eran firmadas por el director nacional de Responsabilidades, por el subcontralor o por el contralor.

“Una vez entregados sumillados dichos proyectos de resoluciones, los especialistas desconocíamos si ya habían sido firmados y notificados a los administrados”, apuntó Villavicencio, quien fue separado de la Contraloría el 11 de enero de 2021.

En su versión, respecto a su labor en el interior de la CGE, Villavicencio recordó cierto hecho que para él explicaría de alguna forma ciertos funcionamientos dentro de la CGE.

Lo que señaló en su versión tenía que ver con que en enero del 2019 se le asignó el expediente relacionado a una empresa de telecomunicaciones en el que existía un proyecto de resolución que “predeterminaba una glosa civil de cerca de $ 112 millones”. En este caso, dijo Villavicencio, esa confirmación de responsabilidad le valió el que sea llamado a una reunión con Luis Miño, entonces director nacional de Responsabilidades de la Contraloría.

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Miño es el mismo funcionario que en su versión en el proceso por delincuencia organizada reconoció que fue el contralor (s) Celi quien le designó como subcontralor para el tema Nolimit y recordó no solo haber suscrito el desvanecimiento de cuatro glosas respecto a esta empresa, sino también que hubo una “disposición directa y verbal” de Celi para que se suscriban dichos desvanecimientos.

Respecto al tema de la empresa de telecomunicaciones, Villavicencio refirió: “Luis Miño me solicitó que cambie la resolución basándome en lo indicado en los informes y desvanezca la glosa, a lo que le respondí que no lo iba a hacer, ya que técnica y jurídicamente no era procedente. Insistiendo en que debía acatar su disposición o qué hacía en su dirección si no hago lo que él quiere”.

Según Villavicencio, su negativa a ejecutar el desvanecimiento habría originado no solo el cambio administrativo de la Dirección de Responsabilidad en la que estaba a la Dirección de Auditoría de Recursos Naturales de la CGE a la que fue transferido, sino también que se le terminó el nombramiento provisional que mantenía.

El funcionario dijo que ante estos abusos interpuso una queja ante el propio contralor Celi. La respuesta: se le restituyó en el cargo, se le dio una computadora portátil nueva para sus funciones y le dieron hasta vacaciones. Todo eso le generó sospecha a Villavicencio quien empezó a averiguar qué es lo que había pasado con la glosa de $112 millones y descubrió que la misma había sido desvanecida y que en la sumilla del documento no contaba con su firma, pues temía que le hayan falsificado su firma, sino la de otros funcionarios de la Contraloría.

La historia de Villavicencio concluye con el robo de su casa de donde desconocidos se llevaron su computadora y documentos y con la terminación de su nombramiento provisional que lo dejó fuera de la CGE en enero del 2021. (I)