La comisión ciudadana de selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado se prepara para la etapa de calificación de méritos, a poco de cerrar el trámite de cinco impugnaciones que se presentaron en contra de 4 de 103 concursantes que participan en el concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana.
En el proceso de selección de esta autoridad, este 28 de julio, la comisión ciudadana dio trámite a cuatro de cinco audiencias públicas que convocó para sustanciar objeciones presentadas por la ciudadanía por posible falta de cumplimiento de requisitos, probidad e idoneidad que se aceptaron en contra de 4 de 103 participantes.
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Hasta la comisión llegaron 67 impugnaciones ciudadanas, de las que se admitieron a trámite cinco. Cuatro de ellas fueron de un ciudadano identificado como Holver Giler Macías, quien en total presentó 56 objeciones.
Las impugnaciones admitidas a trámite de Giler fueron en contra de Franklin Zambrano Loor, Fernando Polo Emir, Luis Arcentales Astudillo y Juan Falconí Puig.
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Otra impugnación aceptada fue la de un ciudadano que se identificó como Édison Almeida, también en contra de Falconí Puig.
Los cuatro aspirantes a este cargo fueron cuestionados porque en sus expedientes personales presentaban certificaciones de la misma Contraloría en las que se les determinaba indicios de responsabilidad administrativa o penal.
Las diligencias se iniciaron desde las 09:00 en el edificio del Consejo de participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y se presentaron inconvenientes técnicos y de procedimiento parlamentario que demoraron el desarrollo de las audiencias.
Esto debido a que mientras se producía la impugnación de Franklin Zambrano, el CPCCS perdió el servicio de internet por problemas con su proveedor, la estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Esto los obligó a suspender el acto por poco más de una hora.
En la reinstalación, los comisionados decidieron no seguir con la audiencia del candidato Polo, sino con la de Arcentales. Hubo ligeros reclamos.
En todo caso, el impugnante Holver Giler participó de forma virtual y señaló a Franklin Zambrano de reportar un certificado con responsabilidad administrativa de la Contraloría y pidió a los comisionados descalificarlo.
El impugnado se defendió y relató que el organismo de control le determinó responsabilidades por no haber ordenado el archivo institucional cuando ocupó funciones como director regional de Manabí. Dijo que pagó la multa correspondiente, pero que le habían mantenido la sanción porque debía $ 3 de intereses.
La siguiente impugnación fue la Luis Arcentales, que aseguró que el certificado de responsabilidad penal se emitió «en la época de los dos peores contralores, (Carlos) Pólit y (Pablo) Celi, al no querer hacer lo que ellos pedían y solicitaban».
Añadió que se desempeñaba como «director de servicios estratégicos» en el servicio público y decidió «irse». «Esa gente me persiguió a tal punto que no pude volver a trabajar en el sector público», lamentó.
Giler insistió a la comisión ciudadana en que se lo descalifique.
Finalmente, fue el turno de Juan Falconí Puig, quien empezó su defensa informando a los comisionados de su preocupación sobre el desarrollo del concurso.
Giler lo impugnó porque registraría un documento con determinación de responsabilidad penal que constaba en el informe de admisibilidad.
Sin embargo, Falconí expuso «ocho certificados» que había obtenido en la Contraloría, este 28 de julio, en los que, según dijo, no reportaba indicios de responsabilidad penal.
Criticó al impugnante de ser un «pobre señor» y contó que el «Gobierno movió todo lo que pudo mover cuando se enteró de que postulaba al concurso» y que, con base en «un fraude» tratan de sacarlo del proceso de selección de esta autoridad.
Los miembros de la comisión ciudadana aún deben escuchar la impugnación planteada en contra de Fernando Polo, pues se reprogramó para una nueva fecha, aunque no se la definió.
El reglamento de selección de esta autoridad da un término de dos días para que los miembros de la comisión ciudadana se pronuncien sobre estas objeciones, desechándolas o calificándolas, en cuyo último caso implicaría la descalificación del concursante.
Previamente, las partes, impugnados e impugnantes, pueden presentar apelaciones a las resoluciones de los comisionados en un término de tres días, pero estas serán tratadas por el pleno del Consejo de Participación Ciudadana. (I)