La única prioridad de la Asamblea Nacional, en esta semana, es definir la censura y destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso, y para ello cada sector político y el Gobierno empezaron a buscar los votos.

La sesión del pleno está convocada para este martes 16 de mayo a partir de las 10:00, para iniciar el juicio político contra el primer mandatario acusado de presunto peculado en el contrato de transporte de crudo entre la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP) y Amazonas Tankers.

Así será el juicio político a Guillermo Lasso este martes 16 de mayo en la Asamblea Nacional

La inquietud a nivel del Gobierno es conocer si la misma mayoría que armó el correísmo, socialcristianos, Conaie y los disidentes de la Izquierda Democrática, para alzarse con todas las designaciones de las autoridades legislativas vuelva a operar frente a la moción de censura del primer mandatario. De ahí que analiza también la opción de disolver la Asamblea Nacional o aplicar la denominada muerte cruzada.

En Pachakutik los legisladores Ricardo Vanegas y Édgar Quezada aclaran que el juicio político al primer mandatario es distinto a la designación de autoridades y además según Quezada, no hay ningún acuerdo que ate a la censura y destitución del presidente Lasso.

Vanegas no cree que la salida sea aplicar la muerte cruzada, porque habiéndose iniciado un proceso de juzgamiento el primer mandatario no puede aplicar la disolución de la Asamblea para evitar la finalización del juicio político; por lo tanto, dijo que el presidente de la República, Guillermo Lasso, debe comparecer ante la Asamblea, responder a la acusación y la Asamblea emitir su resolución.

El legislador nacional comentó que los asambleístas de la alianza correísta, socialcristianos, Izquierda Democrática de Wilma Andrade y la Conaie, tienen un objetivo marcado que es la destitución de Lasso; por lo tanto no importa los medios con tal de llegar a su fin; pero consideró que no habrá los 92 votos que necesitan.

Quezada, quien votó a favor de la designación de Virgilio Saquicela, como presidente de la Asamblea Nacional, aclaró que para votación de la moción de destitución del primer mandatario será distinta, porque para el llamado a juicio político al primer mandatario se debió tomar en cuenta el informe de la Comisión de Fiscalización, por lo tanto, se está afectando al legítimo derecho a la defensa. “Sino nos corren traslado del informe de la Comisión Fiscalización y no se toma en cuenta lo que establece la Procuraduría General del Estado, simplemente, el presidente vendrá a referirse al dictamen de la Corte Constitución”, apuntó.

Su coideario Salvador Maita, miembro del Consejo de Administración Legislativa (CAL), advirtió que si el presidente Guillermo Lasso activa la muerte cruzada sería un problema para el Gobierno; pero resaltó que sería un alivio para los ecuatorianos que en la Asamblea Nacional se reúna los votos para su destitución y censura.

Del lado oficialista el legislador Juan Fernando Flores apuntó que este será un juicio político contra un mandatario sin un informe y lo único que se dará lectura es la resolución, y posteriormente, los dos interpelantes: Viviana Veloz (UNES) y Esteban Torres (PSC), premiados en las designaciones de autoridades, quienes hagan uso de su tiempo para presentar las pruebas.

Flores dijo que seguramente el gabinete del presidente de la República acompañará a igual que las diferentes autoridades. En las tres horas de comparecencia del primer mandatario se dará a conocer las respuestas a las acusaciones planteadas. El asambleísta de Gobierno no cree que el Ejecutivo aplique la muerte cruzada y que esperará la votación en el juicio tomando en cuenta que nunca se demostró que haya un supuesto peculado.

Desde la bancada UNES, el legislador Lenin Lara señaló que sería una precipitación del presidente Guillermo Lasso aplicar la muerte cruzada sin responder antes al pleno, pero “todos estamos preparados y sabemos que si la salida a la crisis es que nos vayamos todos es una opción válida”.

Lara manifestó que existe una mayoría consolidada que se mostró el 14 de mayo en la designación de autoridades, pero dijo que no se puede asegurar que los 96 votos que en promedio se obtuvo en las elecciones internas de la Asamblea Nacional sean los mismos para el juicio político.

El asambleísta del correísmo consideró que el primer mandatario está “arrinconado”, no solamente por la falta de aceptación a nivel nacional y el cansancio que siente en el pueblo ecuatoriano.

Pacto

El asambleísta nacional Fernando Villavicencio (IND) cuestionó el anuncio que hizo la asambleísta Yeseña Guamaní, de que no harán caso ante una eventual disolución de la Asamblea o la aplicación de la muerte cruzada desde el Ejecutivo. “Eso significa que los correístas y aliados están proclamando un golpe de Estado parlamentario”, alertó.

Insistió que todo el pacto al que confluyeron los correístas, socialcristianos y un sector de la Izquierda Democrática y Pachakutik está orientado a destituir al presidente, y en esa medida dijo que están negociando con aquellos legisladores que no tenían decidido su voto en el juicio político al primer mandatario, a cambio entregarán presidencias y vicepresidencias de algunas comisiones de la Asamblea Nacional.

Este legislador dijo que tiene información de que el pacto incluye la designación del contralor del Estado y el reparto de algunas direcciones provinciales de la Contraloría y resolver cuestiones importantes que están pendientes en el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral sobre la Izquierda Democrática y el movimiento Pachakutik, donde Leonidas Iza busca que se reconozca la elección de Rodrigo Churuchumbi.

“Es un pacto grande que incluye también el Consejo de la Judicatura y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, orientado a revisar la sentencia del caso Arroz verde que beneficiaría a Rafael Correa”, subrayó Villavicencio, quien además dijo que es una ingenuidad creer que desde la bancada de gobierno se puede revertir este pacto

El legislador nacional Ricardo Vanegas (PK) también coincidió con Villavicencio, en que tanto la Izquierda Democrática, liderada por Wilma Andrade, y la Conaie, representada en un sector de Pachakutik, votaron en esa mayoría, porque ambos tienen que resolver la situación jurídica de sus partidos o movimientos políticos ante el CNE; es decir, que el órgano electoral dé la razón a los reclamos que realiza Wilma Andrade, y además, se reconozca la designación de Churuchumbi como coordinador nacional de Pachakutik. (I)