La bancada Unión por la Esperanza (UNES) continúa en su empeño de adelantar el trámite del juicio político en contra de los cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que hoy hacen mayoría en esa institución y que destituyeron a Sofía Almeida de su cargo de presidenta.
Para ello, el legislador por el Guayas Ferdinan Álvarez retiró la solicitud de juicio político presentada en contra del procurador del Estado, Íñigo Salvador, con el propósito de que la Comisión de Fiscalización priorice el trámite de los procesos en contra de los consejeros del CPCCS.
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Manifestó que el país vive momentos difíciles no solo en la economía y la institucionalidad. Por eso, como bancada de la Revolución Ciudadana retiró la solicitud de juicio político en contra del procurador, “esto para que la Comisión de Fiscalización de manera inmediata proceda a calificar la solicitud de juicio político en contra de los cuatro consejeros del CPCCS”.
Álvarez aclaró que el retiro del juicio al procurador del Estado no es desistimiento, pues las causales del juicio siguen vigentes. Por ello, una vez que se califiquen los juicios contra los consejeros del CPCCS, volverá a presentar la solicitud.
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Los cuatro consejeros a quienes quiere enjuiciar la bancada UNES son Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñan y Francisco Bravo.
Este sector político considera que el retiro del juicio evitará que la Comisión de Fiscalización, presidida por Fernando Villavicencio, se demore en el trámite del proceso.
Pero, según el orden de prelación de los juicios calificados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), y notificados a la Comisión de Fiscalización, antes del juicio a los cuatro consejeros del CPCCS están, a más del juicio contra Íñigo Salvador, el pedido de interpelación al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Consejo de la Judicatura. También existe un juicio político presentado y calificado en contra de todos los integrantes del CPCCS.
Por ello, Álvarez conminó a los legisladores de Pachakutik para que procedan al retiro del juicio en contra del CNE.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, advirtió que en la ley que rige a la Asamblea Nacional no existe un solo argumento que justifique la decisión de un legislador interpelante de retirar la solicitud de juicio político; y, como no existe normativa, pidió a la presidencia de la Asamblea que solicite a la Unidad Técnica Legislativa un criterio jurídico, porque la comisión aún no avoca conocimiento del pedido de juicio en contra del procurador.
Manifestó que, fuera de la normativa y de las convicciones estrictas y éticas del Parlamento, le parece vergonzoso que un legislador que dice que el procurador del Estado es el abogado de las transnacionales y que presenta evidencia de supuesto incumplimiento de funciones días después cambia de criterio por intereses de adelantar el juicio en contra del CPCCS.
Lo que queda en claro, añadió Villavicencio, es una absoluta mala fe, porque utilizan la figura del juicio político para conspirar. Al movimiento UNES no le interesa la lucha contra la corrupción ni la fiscalización, sino “apropiarse del Consejo de Participación Ciudadana para tomar el control de todas las instituciones”, afirmó.
Manifestó que, ante la solicitud del asambleísta Ferdinan Álvarez, actuará en derecho una vez que se remita un criterio de parte de la Unidad Técnica Legislativa.
Que de momento, reveló Villavicencio, la Comisión de Fiscalización tiene en agenda el juicio al procurador general del Estado, al Consejo Nacional Electoral, al Consejo de la Judicatura y dos notificaciones de juicio a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. (I)