Pese a que desconocen el contenido y la implicación de todas las preguntas que el presidente Daniel Noboa busca trasladar a la ciudadanía en una consulta popular y referéndum el 30 de noviembre de este 2025, algunos de los asistentes a la movilización que realizaron organizaciones sindicales en Quito este jueves, 11 de septiembre, anticiparon su oposición total a la iniciativa del Gobierno.
Las manifestaciones se desarrollaron en 22 ciudades del país y fueron convocadas por gremios como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular, la Unión Nacional de Educadores (UNE) y otros, y respaldadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), para rechazar las políticas del Ejecutivo y defender a la Corte Constitucional.
En la marcha en la capital, además, los dirigentes sindicales e indígenas anunciaron su oposición a la consulta popular y referéndum que impulsa el régimen, y anticiparon que harán campaña por el no.
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EL UNIVERSO consultó a varios de los asistentes su postura sobre la consulta popular y si conocían todas las interrogantes que propone el Gobierno.
Luis Vega, médico jubilado, dijo que la iniciativa de Noboa “es una farsa, pues en lugar de gastar tanto dinero en una consulta que no sirve para nada, podría pagar a las dializadoras y que garantice la salud pública”, aunque reconoció que desconoce el contenido de las preguntas, salvo la interrogante que busca trasladar la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) a la Asamblea Nacional.
Pilar Guachamín, asistente a la marcha, adelantó que votará no en la consulta, pues no está de acuerdo con las leyes y políticas del Gobierno.
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“No conozco el contenido de todas las preguntas. Yo estoy en rechazo porque ahora los estudiantes no tienen oportunidades para trabajar”, dijo.
Para Cristian Santos, ciudadano, la consulta popular del Ejecutivo “es ilegítima e inconstitucional, ya que no cumple con la unidad de materia”, pero dijo que eso es tarea de los juristas expertos.
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“Parece que muchas de las preguntas enviadas en primera instancia ya fueron dadas de baja, entonces mandaron un segundo paquete de preguntas que las estoy leyendo. Hay que analizar las preguntas e investigar. En las primeras preguntas que envió, iba a votar no, pero veamos qué pasa con estas”, resaltó.
De la misma manera, Eugenia Escobar, participante de la marcha, opinó que la consulta “es innecesaria”. “Así se haga la consulta, todo no. Por ejemplo, con la de los casinos no estoy de acuerdo. Con la del CPCCS tampoco estoy de acuerdo, porque en la Asamblea Nacional está ADN”, agregó.
Por su parte, Miguel Agualongo, quien también acudió a la movilización, “recordó que una consulta parecida se la hizo en 2023 con Guillermo Lasso y perdió”.
El ciudadano expresó su apoyo a la pregunta relacionada con el CPCCS, pero dijo que el resto de preguntas son “anticonstitucionales”.
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“Es más, las primeras preguntas que mandó el Gobierno a la Corte Constitucional fueron negadas. El total de las preguntas no conozco, por eso le hablo de una sola. Pero el presidente lo volvió a hacer con el fin de que el pueblo ecuatoriano se vaya contra la Corte Constitucional”, dijo.
Los ciudadanos coincidieron en que la consulta popular que plantea el presidente Daniel Noboa no solucionará los problemas de seguridad, salud, educación e inversión pública.
El pasado 9 de septiembre, el mandatario remitió a la Corte Constitucional un paquete de siete preguntas de enmienda constitucional y de consulta popular, luego de que el 4 de septiembre, el organismo desestimó tres propuestas relacionadas con el funcionamiento de casinos en hoteles de cinco estrellas, la eliminación del CPCCS y la posibilidad de enjuiciamiento político a los nueve magistrados constitucionales. La Corte deberá pronunciarse sobre estas nuevas propuestas.
Mientras tanto, la única interrogante sobre la eliminación de la prohibición de tener bases militares extranjeras en territorio nacional está en firme para el referéndum. Una segunda pregunta referente a la eliminación del financiamiento del Estado a las organizaciones políticas superó los dos debates en la Asamblea Nacional y espera un pronunciamiento de la Corte Constitucional, antes de ser enviada al Consejo Nacional Electoral (CNE). (I)
