La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro del caso conocido como Liga2 —proceso que involucra a exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y a figuras cercanas a la Revolución Ciudadana— quedó diferida, sin nueva fecha de convocatoria.
Así lo dispuso la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), según consta en el auto emitido el viernes 24 de octubre de 2025, a las 16:08.
Mientras la audiencia preparatoria de juicio quedó diferida sin fecha, el expediente también registra un nuevo movimiento procesal: la convocatoria a audiencia de apelación presentada por la defensa de la exasambleísta Esther Cuesta Santana. Esta diligencia fue dispuesta para el miércoles 29 de octubre de 2025, a las 17:00.
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La diligencia será oral, pública y contradictoria, y la procesada deberá comparecer de manera presencial, aunque el tribunal dejó abierta la posibilidad de participación telemática bajo los parámetros del artículo 565 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El recurso de apelación busca dejar sin efecto la orden de prisión preventiva dictada contra Cuesta el pasado 1 de octubre, medida que fue dispuesta por la jueza Daniella Camacho luego de que se verificara el incumplimiento de su presentación periódica ante la autoridad judicial.
La exlegisladora, que reside en Europa, fue además objeto de una notificación roja de Interpol solicitada por la Corte Nacional para su localización y captura.
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¿Por qué se difiere la audiencia del caso Liga2?
En tanto, sobre la audiencia preparatoria de juicio del caso Liga2, el tribunal, integrado por la jueza Daniella Camacho, aceptó el pedido de diferimiento formulado por el procesado Eduardo Franco Loor, exabogado del expresidente Rafael Correa, ante la falta de oposición del Ministerio Fiscal ni de la acusación particular.
En su resolución, la sala dispuso que la diligencia “será convocada oportunamente conforme el calendario de audiencias que maneja la Sala Especializada de lo Penal”.
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Con esta decisión se deja sin efecto la audiencia que había sido inicialmente fijada para el 24 de noviembre, tras una primera reprogramación que adelantó la fecha al 27 de octubre a las 09:00. Ahora, el proceso entra en pausa, sin una convocatoria definida.
La diligencia tiene como objetivo analizar si existen vicios que afecten la validez procesal de la causa y, de superarse esta primera fase, pasar al dictamen acusatorio de la Fiscalía.
En el expediente figuran como procesados los exconsejeros del CPCCS Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor; la aún integrante del Consejo Nicole Bonifaz; el excandidato presidencial de la Revolución Ciudadana (RC) Andrés Arauz; Raúl González, exsuperintendente de Bancos cuya designación fue anulada en 2022; y la exasambleísta de la RC Esther Cuesta.
De acuerdo con la acusación fiscal, los investigados habrían intervenido en la planificación de una estrategia para controlar instituciones del Estado y beneficiar políticamente al movimiento Revolución Ciudadana mediante el control de entidades clave, como la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura.
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En las últimas semanas, el proceso ha tenido movimientos relevantes. La jueza Camacho fijó una caución de $ 11.280 a favor de Augusto Verduga, lo que permitió suspender la orden de prisión preventiva que pesaba sobre él. En contraste, dispuso prisión preventiva contra la exasambleísta Cuesta al constatar el incumplimiento de su obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial.
La magistrada negó el pedido de la defensa de Cuesta para que la procesada —quien reside en Italia— pudiera cumplir su presentación en una delegación diplomática ecuatoriana. En consecuencia, el 1 de octubre la secretaría de la sala remitió el oficio a Interpol para que emita una notificación roja internacional y proceda a su localización y captura.
El expediente señala que para sustentar este pedido se enviaron copias certificadas del acta de audiencia de vinculación, de formulación de cargos y de la boleta de localización y captura, en un total de 29 fojas.
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