A través de un oficio dirigido a la Cruz Roja Internacional, dieciocho asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC), que conformaron el autodenominado Frente Parlamentario por los Derechos Humanos, solicitaron una reunión para presentar los hechos ocurridos durante las protestas del movimiento indígena, en contra del Gobierno de Daniel Noboa.
El documento suscrito este martes, 21 de octubre de 2025, recoge veinticinco acontecimientos registrados durante treinta días de protestas, que han tenido como epicentro a la provincia de Imbabura.
Entre los antecedentes está la movilización de dos convoy militar, el 28 de septiembre y el 1 de octubre, hacia esta provincia, producto de lo cual se generaron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública.
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Asimismo, los legisladores repasan la muerte de Efraín Fuerez, comunero de Imbabura, el corte de cabello a jóvenes del pueblo Kichwa, presuntas detenciones arbitrarias, el bloqueo de cuentas a dirigentes indígenas y de organizaciones sociales, las operaciones de la Policía Nacional en San Miguel del Común, en Pichincha, los estados de excepción emitidos por el presidente Daniel Noboa, las agresiones a periodistas por parte de las fuerzas del orden, entre otros sucesos.
“Con estos antecedentes, solicitamos sus buenos oficios, a fin de mantener una reunión y presentar la situación del Ecuador, en el marco del Paro Nacional, así como los casos de vulneración de derechos, en relación a la Ayuda Humanitaria y el Derecho Internacional Humanitario”, dice la misiva enviada a la Cruz Roja.
El pedido de reunión de los legisladores del correísmo se fundamenta también en siete artículos establecidos en la Constitución de la República, en un artículo de la declaración universal de los derechos humanos y en artículos del pacto internacional de derechos civiles y políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos del Pacto de Santo José de Costa Rica y la convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer.
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Aunque la Cruz Roja Internacional no fue el único organismo al que acudió la RC.
En un oficio, con fecha 20 de octubre, los mismos dieciocho asambleístas presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una acción de protección con medidas cautelares por violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en la comunidad de San Miguel del Común, parroquia de Calderón, en Pichincha.
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Los parlamentarios que enviaron estos documentos a los organismos internacionales son: Viviana Veloz, Luis Molina, Paola Cabezas, Patricia Núñez, Jahiren Noriega, Verónica Íñiguez, Liliana Durán, Cristina Jácome, Héctor Rodríguez, Roque Ordóñez, Xavier Lasso, Comps Córdova, Gabriela Molina, Eustaquio Toala, Fernando Cedeño, Franklin Samaniego, Gustavo Mateus y Héctor Valladares. (I)
