La asambleísta separada del bloque de Pachakutik (PK) y presidenta de la Comisión Especializada de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional, Mireya Pazmiño, llegó a la Fiscalía General, la mañana de este miércoles 3 de mayo, para rendir por casi dos horas una versión libre y voluntaria dentro de una investigación previa abierta contra ella y cuatro personas más por el delito de tráfico de influencias.
Pazmiño acudió a la diligencia puntual y acompañada por su abogado Washington Andrade. La asambleísta califica a esta investigación como un distractor al tema de fondo: el juicio político por hechos que presuntamente se enmarcan en el delito de peculado contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, en el Legislativo.
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El 27 de abril pasado se abrió la fase preprocesal de investigación previa, la cual tiene el carácter de reservado. Dos días antes, el legislador independiente Fernando Villavicencio pidió a la Fiscalía que inicie una investigación contra Pazmiño, contra su exasesor legislativo Mario Naranjo Borja, el hermano de este, Wilson Naranjo Borja, Galo Garzón Játiva y Jaime Condoy Blacio.
Al momento, la fiscal Alexandra Zurita investiga un tráfico de influencias que se habría cometido en la elaboración y aprobación de un informe sobre la situación de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP), realizado en la Comisión de Régimen Económico.
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“Se le ha aclarado a la Fiscalía cómo ha sido elaborado el informe borrador, quiénes lo han elaborado. Se ha dejado establecido que la base de esta denuncia es salvar al presidente de la República (Guillermo Lasso) por parte del abogado del primer mandatario, que es el asambleísta Fernando Villavicencio. Él tiene la preocupación de que el presidente sea destituido y censurado”, indicó Pazmiño a su salida de la versión.
La mañana del martes último y por casi tres horas, la exsecretaria relatora de la Comisión de Régimen Económico Andrea Poveda Camacho rindió versión dentro de esta investigación previa. Allí habría ratificado lo que dijo en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, dentro del proceso de juicio político contra Lasso, respecto a que los asesores de la Comisión de Régimen Económico no elaboraron el “informe no vinculante sobre la situación actual de Flopec EP, sino que fue remitido por parte de Mario Naranjo mediante el correo institucional Zimbra”.
“Fiscalía está investigando, yo ya he entregado mi declaración, lo he manifestado también en la Comisión de Fiscalización en abril pasado, así que ya tienen los insumos de lo que a mí me consta como secretaria y de lo que yo daba fe como secretaria de la Comisión de Régimen Económico”, indicó Andrea Poveda Camacho, quien laboró en la Asamblea desde junio de 2021 hasta febrero de 2023.
Pazmiño sostiene que es falso lo dicho por la exsecretaria relatora y para demostrar esa afirmación, dice, entregó la documentación recibida de Poveda Camacho y el informe borrador elaborado por los técnicos de la Comisión. La legisladora señaló que la elaboración del informe cuestionado demoró al menos dos meses, desde las comparecencias y todo el trámite que se ha dado a este proceso de fiscalización.
El legislador denunciante insiste en que existen los elementos suficientes para sostener que el informe en cuestión fue redactado por personas vinculadas a la empresa Amazonas Tanker.
“Lo que está haciendo la legisladora Pazmiño es lavándoles la cara a sus amigos de la multinacional Amazonas Tanker, que está vinculada a la mafia petrolera de Petrochina. El señor Wilson Naranjo que es hermano de su asesor (Mario Naranjo) está procesado penalmente, es el socio y testaferro de Antonio Peré, manejaron $ 45 millones en sobornos y están procesados por cortes de Estados Unidos, y acaba la fiscal Diana Salazar, con esa información de la cooperación internacional, de procesar a Nilsen Arias, Galo Garzón y a Wilson Naranjo Borja, hermano de Mario Naranjo, funcionario que entregó el informe del caso Flopec a la Comisión”, explicó Villavicencio.
Por su parte, la defensa de Pazmiño informó que luego de la versión se puso en conocimiento de la fiscal que lleva esta “maliciosa y temeraria denuncia” el informe generado en la Comisión de Fiscalización, en el cual, sostuvo, el propio presidente de esa mesa, Fernando Villavicencio, y la asambleísta Ana Belén Cordero manifestaron que existe un perjuicio en Flopec por $ 126 millones.
“Esto es lo que han invisibilizado a pesar de que ya fue notificado este informe a la Fiscalía, a la Contraloría General del Estado y al mismo presidente Guillermo Lasso. Este es un elemento nuevo que debe ser considerado por los asambleístas al momento, incluso, de resolver y votar en el juicio político y en la denuncia presentada al presidente Lasso por el delito de peculado”, anotó Andrade. (I)