El pleno de la Asamblea Nacional inició la mañana de este 4 de agosto el debate del veto parcial del Ejecutivo al proyecto de la ley de uso legítimo de la fuerza aprobado en junio pasado con 104 votos.

El veto alcanza a 21 artículos del proyecto, que representa un 16 % del texto. Los temas objetados se refieren a la definición del rol de las Fuerzas Armadas en el control del orden público, a permitir el uso de la fuerza a otros cuerpos de seguridad, el uso de animales para controlar el orden público, y otros.

El Parlamento tiene plazo hasta el 6 de agosto para resolver sobre las observaciones del Gobierno.

El informe de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral planteó negar las objeciones del Ejecutivo a 20 de los artículos aprobados y ratificarse en ellos; y allanarse solo en una.

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En el debate, que se inició pasadas las 10:00, el ponente del informe, Ramiro Narváez (ID), dijo que el documento se elaboró de manera técnica, no política ni populista. A lo largo de su exposición, que duró 20 minutos, exhortó a sus colegas del Partido Social Cristiano (PSC) e independientes a reflexionar sobre su voto; esto porque han adelantado que votarán por el allanamiento a todo el veto.

Narváez indicó que el veto enviado por el presidente Guillermo Lasso tiene una serie de inconstitucionalidades que a la larga podrían derivarse en demandas ante la Corte Constitucional (CC).

Por ejemplo, dijo que el Ejecutivo plantea que se amplíe la ley como norma subsidiaria para otros cuerpos de seguridad, como las policías municipales y la vigilancia aduanera. Pero la CC ha manifestado que las únicas institciones que pueden ejercer el uso legítimo de la fuerza a nivel interno son la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, estas últimas en los estados de excepción.

Todos queremos que haya mas instituciones cuidando la seguridad, pero lo que hay que hacer es fortalecer a la Policía para que cumpla su trabajo, indicó.

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También señaló que en el veto se debilita el principio de rendición de cuentas para los agentes de seguridad que actúen contra la delincuencia, y se plante que la actuación de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento del orden público en las cárceles sea “de apoyo” y no “complementaria”. Ambos temas, según la Comisión, violan la Constitución, y disposiciones de organismos de derechos humanos internacionales.

Narváez explicó que en el proyecto se fortalece el rol de las Fuerzas Armadas de tal manera que puedan hacer control de armas en todo el territorio nacional, y que puedan usar la fuerza para cuidad las fronteras “por donde entran la droga y las armas”.

Además, cuestionó que se haya desechado la llamada “percepción subjetiva del riesgo” que permitía a los policías actuar según el nivel de la amenaza existente, sin que haga falta el uso progresivo de la fuerza en diferents niveles, como consta en el Código Orgánico Integral Penal actual.

El ponente presentó a la Presidencia de la Asamblea un proyecto de moción para que el pleno ratifique 20 artículos y se allane en uno. Para insistir en lo aprobado se requieren 92 votos.

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Luego de Narváez, intervinieron los legisladores Patricia Núñez, de UNES, y Mario Ruiz, del ala rebelde de Pachakutik, quienes también cuestionaron el veto.

En cambio, Geraldine Weber, del PSC, pidió a sus colegas allanarse al veto en su totalidad porque consideró que los cambios que plantea el Gobierno mejoran lo aprobado, especialmente en lo que se refiere a la ampliación de la ley como norma subsidiaria para otros cuerpos de seguridad, como las policías municipales y la vigilancia aduanera.

Weber recordó que los servidores de la Aduana lidian constantemente con el contrabando y el narcotráfico, por lo que deben tener esta potestad.

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, suspendió la sesión pasadas las 13:00. Dijo que se reinstalará el próximo 6 d agosto, a las 10:00, de forma telemática. (I)

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