La Asamblea Nacional en estos días previos a festividades de Navidad y Fin de Año sesionará desde casa en medio del ajetreo de los legisladores que hacen recorridos en sus territorios entregando fundas de caramelos y juguetes para volver a acercarse a sus electores, que deben definir su reelección en los comicios generales del 9 de febrero de 2025.
Esta es la última semana que tienen los legisladores candidatos para presentar la solicitud de licencia que deberá ser aprobada para poder acogerse a un permiso sin sueldo desde el 5 de enero al 10 de febrero de 2025, cuando concluirá el periodo electoral. En su ausencia actuarán los suplentes, aunque algunos ya están actuando en el pleno.
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Hasta el viernes, unos 50 legisladores habían presentado solicitudes, incluidos los asambleístas de la bancada Construye, que presentaron una medida cautelar por obligarlos a pedir licencia y dar de plazo hasta el 28 de diciembre, porque a su criterio se trata de un periodo excepcional para completar los cuatro años del periodo legislativo; por lo tanto, no se trataría de una reelección el proceso de febrero próximo.
Cinco sesiones y seis juicios políticos
Para este lunes, 23 de diciembre, la Asamblea Nacional está convocada a cinco sesiones plenarias en modalidad virtual que implican procesos de fiscalización a diversos sectores del Gobierno de Daniel Noboa: salud, seguridad, minería, contratación pública, construcción de la “cárcel del encuentro”, en los que se recomienda iniciar al menos seis procesos de juicio político.
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Las sesiones comenzarán a las 9:00 y la última en realizarse será a las 14:00. En estas cinco sesiones, los asambleístas esperan aprobar exhortos, resoluciones y recibir información sobre diferentes temas, como la desaparición forzada de cuatro niños en el sector de las Malvinas en Guayaquil, pedir mayor intervención de la fuerza pública en la provincia de El Oro y por la ola de inseguridad.
En las sesiones plenarias, los asambleístas también esperan conocer y resolver un pedido realizado por el asambeísta Blasco Luna (RC) para que el Gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, transparente el proceso de adquisición de generadores con la empresa Progen, y solicitar a la Fiscalía General del Estado que aperture una investigación fiscal por el presunto perjuicio a los recursos públicos.
En la misma sesión esperan la comparecencia del ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, para que exponga sobre le convenio tripartito entre el ministerio que preside, la Agencia Nacional de Tránsito y la Empresa Pública Municipal de Transporte de Santo Domingo, relacionado con la operación y cobro de radares sancionatorios en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Antes de acogerse al periodo de asueto y licencia por campaña electoral, los asambleístas esperan conocer y resolver sobre la presunta desaparición forzada de menores de edad en un operativo militar a cargo de las Fuerzas Armadas, por lo cual se llama a comparecer al pleno de la Asamblea Nacional al defensor del Pueblo, César Córdova; al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela Erazo; y al comandante general de la FAE, Celiano Cevallos.
En la agenda se incluye también un exhorto al presidente de la República, Daniel Noboa, para que actúe ante la situación de los pequeños mineros y mineros artesanales no regularizados, para lo cual dispondrán la comparecencia de la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano.
Los asambleístas, antes de irse al feriado de Navidad y Fin de Año, esperan conocer y resolver sobre el informe presentado por la comisión ocasional para la investigación de irregularidades en contra de la administración pública presidida por el legislador de Construye Jaime Moreno Félix, en la que realizó ocho procesos de fiscalización a distintas instituciones públicas y recomienda iniciar seis juicios políticos contra exministros y actuales ministros de Estado.
Entre las áreas fiscalizadas constan seis hospitales que pertenecen al IESS en Guayaquil, Quito, Cuenca y Guaranda donde se determinó una ineficiente gestión administrativa y financiera, por lo que se recomienda iniciar el proceso de enjuiciamiento político al presidente del Consejo Directivo del IESS, Eduardo Peña.
También se ejecutó una fiscalización a seis casas de salud del país donde la comisión ocasional determinó deficiencia y negligencia en la gestión administrativa y financiera del sistema nacional de salud, por lo que recomienda iniciar un juicio político al ministro de Salud, Antonio Naranjo Paz y Miño, y al exministro Franklin Encalada Calero.
Igualmente, la comisión ocasional abrió una investigación al proceso de contratación para la construcción de la “cárcel del encuentro” en la provincia de Santa Elena, y pide que el pleno de la Asamblea Nacional disponga iniciar una acción constitucional de acceso a la información pública por la no entrega de la información por parte del SNAI sobre el proceso de contratación de la cárcel.
En el informe que será conocido este lunes por el pleno también se fiscalizó el proceso de contratación de barcazas para la generación termoeléctrica y, según los asambleístas comisionados, se detectaron presuntas irregularidades y recomiendan el inicio de juicios políticos en contra de los exministros encargados de Energía y Minas, Roberto Luque y Antonio Goncalves.
También investigó los reclamos que existen en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar, por los procesos de explotación minera donde no se habría tomado en cuenta en la consulta ambiental a los comuneros y dirigentes del sector, por lo que desde la comisión ocasional legislativa se recomienda iniciar un juicio político a la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, por violación del debido proceso del derecho a la consulta ambiental y la inaplicación de la consulta previa libre e informada de los habitantes de la comunidad Las Naves.
Otro aspecto que fiscalizó son las presuntas irregularidades en el manejo administrativo y técnico en el proceso de exámenes CACES para la habilitación para el ejercicio profesional de los médicos y otros que se incorporan al servicio rural.
También investigaron las presuntas irregularidades en los aportes de campaña del entonces candidato y actual presidente de la República, Daniel Noboa, gestionados por la vicepresidenta Verónica Abad, los cuales no se habrían reportado en el Consejo Nacional Electoral.
Finalmente, hay una investigación iniciada por presuntas irregularidades en el proceso de contratación de alimentación escolar en cuanto a la empresa proveedora El Ordeño, pero que según el informe no se obtuvo toda la información requerida, y se recomienda continuar con las investigaciones y revisar la ejecución contractual.
Otros temas pendientes
En esta semana también esperan conocer el informe para primer debate de la reforma parcial a la Constitución motivada por el presidente de la República sobre el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio nacional, cuyo informe en la comisión ocasional recién se aprobará después de las festividades de Navidad; por lo tanto, se alteran los plazos respectivos para que el tema pueda ser parte de un referéndum en la segunda vuelta electoral.
Sobre este tema, la comisión ocasional presidida por Gissela Garzón (RC) cerró la etapa de comparecencias y hasta el viernes esperan aprobar el informe para primer debate, pero no podrá ser debatido en el pleno antes del feriado de Año Nuevo ni del receso legislativo.
Está pendiente la decisión de la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, para que el pleno conozca y resuelva sobre el juicio político en contra del consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Juan Esteban Guarderas, acusado de incumplimiento de funciones, cuyo informe iba a ser aprobado el último fin de semana.
También quedará pendiente el análisis y debate a nivel de la comisión ocasional para conocer la reforma parcial de la Constitución para la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos y la campaña electoral de los candidatos. (I)