La Asamblea Nacional se instaló este 15 de febrero, a partir de las 10:00, para conocer, discutir y aprobar un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Antes de la sesión del pleno, los bloques del Partido Social Cristiano (PSC), Revolución Ciudadana y el oficialista ADN mantuvieron una reunión con el presidente del Legislativo, Henry Kronfle, para definir la modalidad de votación de este paquete de cambios. Se conoció que se haría por partes.
Los cambios que propone el texto han causado polémica y cuestionamientos de la fiscal Diana Salazar y de varios juristas.
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Desde el PSC se planteó que no se pongan en riesgo las reformas al COIP relacionadas con el endurecimiento de penas, que era el objetivo inicial del proyecto. Mientras, el correísmo dice que insistirá en la reforma.
La propuesta contiene 86 reformas y se plantean temas como endurecer penas para delitos graves, un cambio para aplicar el recurso de revisión y también la posibilidad de que el Parlamento conozca información reservada de las indagaciones previas que realiza la Fiscalía General del Estado.
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Se trata de una reforma al artículo 584 del COIP, donde excluye a la Asamblea Nacional la reserva de aquellos casos que investiga la Fiscalía General del Estado, y dispone que cuando la legislatura solicite información “de los casos o hechos que se encuentren en investigación previa, la Fiscalía General del Estado, sin la excusa de reserva, remitirá toda la información requerida, sin perjuicio de que la autoridad solicitante sea sancionada en caso de que se divulgue la información proporcionada por dicha entidad, que ponga en peligro la investigación”.
El levantamiento de la reserva es un punto preocupante para Salazar y tampoco está de acuerdo con que la Fiscalía archive las investigaciones previas de delitos que aún no han prescrito.
Eso es “populismo penal”, al igual que la propuesta de incrementar las penas para ciertos delitos, porque el problema actual del país no pasa por aumentar o endurecer las penas, “con las que tenemos sería suficiente si tuviéramos un sistema de justicia fuerte”, señaló la autoridad e indicó que la Comisión de Justicia, que tramita el proyecto de ley, no acogió las recomendaciones de la Fiscalía para modificar el COIP.
Salazar dijo: “Estamos a punto de vivir una nueva metida de mano en la justicia”, desde el ámbito procesal, que tiene por finalidad la impunidad para personas con sentencias condenatorias ejecutoriadas.
La fiscal rechaza también que se pretenda incluir como causal para la revisión de sentencias informes de comités de derechos humanos.
“Se estaría legislando a la carta”, porque beneficiaría a ciertos sentenciados que quieren acogerse al recurso de revisión. “Estas relatorías se convertirían en una especie de ultrajuez, más allá de lo que ya las cortes nacionales han dictado sentencia”, opinó.
Los juristas dicen que se busca pretender que los informes de las comisiones de derechos humanos, que no son órganos jurisdiccionales, ni están sometidos a un debido proceso, tengan el mismo efecto y el mismo valor que las sentencias que las cortes internacionales de derechos humanos, que son producto de un litigio en el que interviene el Estado y en el que se ha producido la violación de derechos.
Este cambio al COIP no tiene sentido, porque es trastocar completamente la jerarquía normativa, el incluir como causal de revisión, junto a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las decisiones de comités de derechos humanos, que no están compuestos por jueces y que son órganos netamente administrativos, alegan.
Varios expertos del derecho han coincidido en que lo que se estaría buscando con esta reforma es generar una causal de revisión a la medida del expresidente Rafael Correa, que entienden ha obtenido algún informe de alguna comisión de derechos humanos, y con esto se le quiere dar a ese informe la categoría de sentencia de la Corte Interamericana (CIDH).
No obstante, desde el correísmo la legisladora Viviana Veloz subrayó que “no debe asustar la reforma ya que nadie puede desconocer la valía de los organismos internacionales reconocidos por la ONU ni de quienes pueden determinar si se violaron derechos humanos del procesado”.
En tanto, el proyecto fue elaborado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que compiló 47 proyectos que planteaban reformas en el área de penas y procedimientos con el fin de brindar herramientas a la justicia para enfrentar las acciones del narcotráfico y delincuencia organizada. (I)