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Asambleístas buscan levantar la reserva de las investigaciones previas que realiza la Fiscalía del Estado

El pleno de la Asamblea Nacional está convocado este jueves 15 de febrero para conocer y aprobar las 86 reformas que contiene el informe de segundo debate

El pleno de la Asamblea Nacional se reunirá este jueves 15 de febrero para conocer y aprobar las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Foto: Vicente Ordóñez

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La Asamblea Nacional sometará a votación una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), con la cual pretende acceder a la información reservada de las investigaciones previas que realiza la Fiscalía General del Estado.

Se trata de una reforma al artículo 584 del COIP, donde excluye a la Asamblea Nacional la reserva de aquellos casos que investiga la Fiscalía General del Estado, y dispone que cuando la legislatura solicite información “de los casos o hechos que se encuentre en investigación previa, la Fiscalía General del Estado, sin la excusa de reserva, remitirá toda la información requerida, sin perjuicio de que la autoridad solicitante sea sancionada en caso de que se divulgue la información proporcionada por dicha entidad, que ponga en peligro la investigación”.

¿Cuántas preguntas de la consulta del Gobierno tienen relación con las reformas al COIP que tramita la Asamblea Nacional?

Texto

El texto de la reforma al COIP aprobada por unanimidad en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado es el siguiente:

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Artículo 71.- Sustitúyese el artículo 584 por el siguiente texto:

Artículo 584.- Reserva de la investigación.- Las actuaciones de la Fiscalía General del Estado, de la o el juzgador, del personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses, la Policía Nacional y de otras instituciones que intervienen en la investigación previa, se mantendrán en reserva, sin perjuicio del derecho de la víctima y de las personas a las cuales se investiga y de sus abogados a tener acceso inmediato, efectivo y suficiente a las investigaciones, cuando lo soliciten y obtener copias para preparar y ejercer el derecho a la defensa.

Se excluye de esta reserva aquellos casos en los que los organismos de control político, jurídico o administrativo, como el Consejo de la Judicatura, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Asamblea Nacional, soliciten información de casos o hechos que se encuentran en investigación previa, circunstancia en la cual la Fiscalía General del Estado, sin la excusa de reserva, remitirá toda la información requerida, sin perjuicio de que la autoridad solicitante sea sancionada conforme al siguiente párrafo, en caso de que se divulgue la información proporcionada por dicha entidad, que ponga en peligro la investigación.

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Cuando el personal de las instituciones mencionadas, los abogados, los peritos, traductores, intérpretes, que han intervenido en estas actuaciones, divulguen o pongan de cualquier modo en peligro el éxito de la investigación o las difundan, atentando contra el honor y al buen nombre de las personas en general, serán sancionados conforme a lo previsto en este código”.

El constitucionalista José Chalco Salgado calificó como desastre jurídico la intención que tiene la Asamblea Nacional de acceder a la información reservada de una investigación previa que realiza la Fiscalía General del Estado, pues la Función Legislativa al ser un órgano estrictamente político, sería desastroso para el desarrollo de la investigación de orden público, que todos los elementos de convicción que la Fiscalía alcance en sus distintos momentos investigativos tenga que ser entregada esa información a la Asamblea.

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Y no solamente porque es reservada, continuó el constitucionalista, sino que tiene un sentido natural en materia jurídica esa reserva, porque al difundir la información se puede obstruir el proceso de exploración penal.

Además, recién se están recopilando elementos de convicción que la Fiscalía puede desechar o no desechar, utilizar o no utilizar en una investigación penal. Es decir, explicó Chalco Salgado, ni siquiera constituye ya información clara, fehaciente. No es prueba.

La investigación previa es recién la recopilación de posibles elementos de convicción, que la Fiscalía en un momento dado dice esto me sirve y esto no, y lo lleva a ser un elemento de convicción.

Por lo tanto, reiteró el constitucionalista, sería un desastre jurídico, un sinsentido jurídico que pondría en claro debilitamiento a la lucha contra la corrupción y contra los delitos en el país.

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En definitiva, esta reforma que será conocida y debatida en la Asamblea Nacional lo que busca es obstruir y contaminar políticamente una investigación previa de la Fiscalía, no cabe y es inconcebible que la legislatura pretenda hacer eso, apuntó.

La Asamblea Nacional, añadió, lo único que nos ha demostrado en este último tiempo es que hace muy mal su trabajo de fiscalización, su trabajo de control político, que en ese escenario intentan primar únicamente el poder de las mayorías y no el poder del ordenamiento jurídico, de la juridicidad, del respeto a la Constitución y a la ley. (I)

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