Como una “venganza” por su trabajo contra las organizaciones criminales, calificó la fiscal general del Estado, Diana Salazar, al juicio político en su contra que avanza en la Asamblea Nacional y es impulsado por la bancada del movimiento Revolución Ciudadana (RC).

Salazar aseguró que “no le teme al juicio político” y en su defensa argumentó que no existen motivos para ser interpelada. Que se trata de una retaliación de sus detractores y actores políticos que han sido sentenciados y procesados por la justicia, reiteró la funcionaria.

“Estoy consciente de que es parte de las acciones de la Asamblea Nacional realizar temas de fiscalización, pero cuando existe mérito. No existe un mérito (para su caso), sino únicamente existe un afán de venganza porque el trabajo que hemos realizado durante estos cinco años e incluso más allá”, expresó.

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La fiscal se refirió al tema durante una entrevista en el programa Vera a su manera, transmitido la noche del miércoles 14 de febrero.

Ahí adelantó que si el proceso político en la Asamblea llega a la etapa de sustanciación, este podría coincidir con la audiencia preparatoria a juicio del caso Metástasis, cuya instrucción fiscal de 90 días concluye en abril.

La situación podría ser usada para atacar a la fiscal, aduciendo que la funcionaria busca eludir su juzgamiento en el Parlamento. Pero también podría ser usada “como un distractor” por parte de la Revolución Ciudadana, ante la posibilidad de no tener los votos suficientes para destituirla del cargo y censurarla.

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“En abril se cierra el caso Metástasis. Esta es una apuesta, como digo, un distractor, porque si la organización política conoce que no va a tener los votos... ¿qué va a significar? Que la fiscal, con todo su equipo, tenga que hacer la audiencia y a la par defenderse de esta arbitrariedad”, comentó Salazar.

La fiscal afirmó que los procesos que emprende el Ministerio Público están respaldados con los elementos recabados en las investigaciones.

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El pedido de juicio político contra Salazar está en manos de la Comisión de Fiscalización, que es presidida por la asambleísta Pamela Aguirre (RC).

Aunque la solicitud de interpelación a la fiscal general estaba al final de siete procesos, la mesa legislativa ha apresurado el paso para acercarse a Salazar. Para ello, se suspendió el juicio político al Consejo Nacional Electoral (CNE), porque hay un proceso electoral en curso; se archivaron los procesos a los exministros Patricio Carrillo, Diego Ordóñez y Paola Flores; y se tramitó de forma expedita el juicio contra el exministro Esteban Bernal.

En cuanto al juicio político al vocal del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo y al exvocal Juan José Morillo, la Comisión de Fiscalización se alista a cerrar la etapa de actuación de la prueba y recomendar la interpelación.

“Nueva metida de mano a la justicia”

En otros temas, en la entrevista la fiscal general cuestionó las reformas que se buscan hacer al Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuyo proyecto de ley será debatido en el pleno de la Asamblea Nacional el jueves 15 de febrero, a las 10:00.

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Salazar enfatizó que “estamos a punto de vivir una nueva metida de mano en la justicia”, desde el ámbito procesal, que tiene por finalidad la impunidad para personas con sentencias condenatorias ejecutoriadas.

Criticó que algunas reformas proponen quitar a la Fiscalía la titularidad de la acción penal.

Dijo que hay cuatro puntos que “son alarmantes”. El primero es que se pretenda incluir como causal para el revisión de sentencias informes de comités de derechos humanos.

“Se estaría legislando a la carta”, porque beneficiaría a ciertos sentenciados que quieren acogerse al recurso de revisión. “Estas relatorías se convertirían en una especie de ultrajuez, más allá de lo que ya las cortes nacionales han dictado sentencia”, opinó.

El segundo punto preocupante de los cambios al COIP es que se levantará la reserva de las investigaciones previas cuando la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura, Defensoría del Pueblo y Contraloría soliciten información de los casos.

Salazar tampoco está de acuerdo con que la Fiscalía archive las investigaciones previas de delitos que aún no han prescrito.

Comentó que eso es “populismo penal”, al igual que la propuesta de incrementar las penas para ciertos delitos, porque el problema actual que del país no pasa por aumentar o endurecer las penas, “con las que tenemos sería suficiente si tuviéramos un sistema de justica fuerte”, señaló la autoridad e indicó que la Comisión de Justicia, que tramita el proyecto de ley no acogió las recomendaciones de la Fiscalía para modificar el COIP. (I)