El segundo debate del proyecto de ley que garantiza la interrupción del embarazo por violación provocó un “regateo” de las semanas de gestación en que se permitiría a las niñas, adolescentes y mujeres practicarse un aborto.

Durante un prolongado debate, los legisladores plantearon que la interrupción del embarazo por violación podría darse en plazos de hasta 6, 12, 20 y 22 semanas de gestación, pero también hubo planteamientos de que no se debería establecer plazos. Todo dependerá de qué opción logre los 70 votos para su aprobación.

La polémica sobre este proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo de niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación se centra en el tiempo y frente a ello existen posiciones antagónicas que alejan el consenso. Eso demandará de la Legislatura, al menos una semana más, para encontrar un texto que pueda garantizar una mayoría absoluta en el pleno.

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El debate del proyecto estuvo matizado por una jornada de protesta de los grupos provida y proaborto que llegaron hasta la calle principal del Palacio Legislativo, donde ataviados de carteles, pañuelos verdes y celestes, banderas y tambores se pronunciaron por el texto sometido a debate en el pleno. También activaron campañas en redes sociales.

Algunos legisladores vistieron prendas verdes y otros de color blanco con frases alusivas al tema de debate que se inició a las 10:15 y sin posturas definidas en las cinco fuerzas políticas que actúan en el Parlamento, pues cuatro de ellas resolvieron liberar de la disciplina partidista a sus asambleístas para el debate y votación del proyecto.

La sesión avanzó hasta las 18:30, cuando la legisladora Moreira, pidió a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, ocho días para recoger las observaciones y presentar el texto definitivo antes de la votación. Llori declaró cerrado el debate y dijo que esperará el informe final que presente la comisión de Justicia para someterlo a votación.

Plazos para el aborto

La legisladora ponente del proyecto, Johanna Moreira (ID), relató que el informe de mayoría, que ella defiende, realiza una diferenciación de plazos que van de las 22 semanas de gestación para niñas menores de 18 años y hasta de 20 semanas de gestación para mujeres mayores de edad, sin que esto sea discriminatorio, sino más bien de acuerdo con la necesidad de atención prioritaria.

Pidió a la sala que “por favor” la ley no debe contener un plazo menor a las 22 semanas de gestación, pues a su criterio las niñas desconocen que están embarazadas, más aún las niñas de escasos recursos que viven una realidad distinta.

Presentó una moción para dividir en dos partes la votación y dejar por separado el texto del artículo 19 del proyecto, que tiene relación con la temporalidad.

En cambio, el legislador de Pachakutik (PK), Ricardo Vanegas, consideró que el debate no debe centrarse en el número de semanas de gestación en que se puede hacer el procedimiento, sino también en las sanciones drásticas como la cadena perpetua para el violador.

Que establecer plazos para matar a un ser viviente no es sujeto de negociación, advirtió, aunque el legislador presentó un informe de minoría donde propone un plazo máximo para la interrupción del embarazo de doce semanas de gestación para niñas y adolescentes, y de seis semanas para mujeres mayores de 18 años de edad.

La representante de Los Ríos Vanessa Freire (antes de UNES) alertó a la sala que establecer más de 20 semanas de gestación para la interrupción del embarazo es un crimen, pues según criterios médicos y científicos a las 23 semanas un nacido vivo tiene posibilidades de vivir, anotó.

Pero sugirió que en todos los casos, sin discriminación, se debería hacer la interrupción del embarazo hasta las doce semanas aplicando métodos farmacológicos y quirúrgicos, considerando los riesgos para la niña y adolescente.

Desde el sector socialcristiano, los legisladores Geraldine Weber y Esteban Torres se proclamaron en defensores de la vida y anunciaron que no están de acuerdo con los dos informes de mayoría ni de minoría.

Torres indicó que no hay votos para el proyecto de ley de mayoría, y manifestó que no lo consideren en el regateo de semanas, que no lo ubiquen en el debate si son 28, 22, 16 o 12 semanas, pues “yo no cuento con la decisión de decir cuándo va a terminarse la vida de un ser humano, tómenla ustedes, conmigo no cuenten con esa negociación”, anotó.

La legisladora de Unión por la Esperanza (UNES) Paola Cabezas cuestionó que aquellos que hablan de la defensa de la vida no hacen más que seguir negando la muerte en vida que experimentan aquellas niñas que han sido violadas por sus abuelos, primos, hermanos y padres, y que acuden centros clandestinos a practicarse aborto.

Manifestó que la discusión del plazo debe ser más profunda, tomando en cuenta los criterios de interexcepcionalidad, que al fijar plazos se debe hacer una diferenciación entre niñas hasta los 14 años, niñas entre 14 y los 18 años de edad y mayores de los 18 años.

Su coidearia Victoria Desintonio habló también que la interrupción del embarazo no debería tener temporalidad, pues el aborto ya está despenalizado en el Ecuador.

De la misma bancada, la asambleísta Sofía Espín describió la ligereza con la que la Comisión de Justicia de un día para el otro bajó de nueve meses a cinco semanas y media de gestación para permitir el aborto por violación en niñas y adolescentes. Hoy, dijo, se plantea otra temporalidad de hasta 22 semanas para niñas y adolescentes, y de 20 semanas para mujeres mayores de 18 de edad. Todo esto obedece realmente a criterios técnicos y científicos de profesionales de la salud, preguntó.

Espín cuestionó que en el informe de mayoría no considera la protección al no nacido, entonces, cuál es el adecuado balance del que habla la sentencia de la Corte y con qué criterios técnicos se debería normar la interrupción del embarazo, preguntó.

Que al proponer que el aborto se produzca hasta las 22 semanas de gestación, afirmó la representante del Guayas, es interrumpir la vida de un ser humano, cuando este ya es viable porque es un parto inmaduro según lo dicen los obstetras del Ecuador.

También su coidearia, Pierina Correa, habló que el aborto no es un derecho, que el aborto es muerte y no lo interrumpe sino que termina el embarazo.

La representante de CREO Nathalie Arias planteó a la sala que se establezca hasta doce semanas de gestación como plazo tope para la interrupción del embarazo de niñas y adolescentes menores de 14 años, y seis semanas para las mayores de 14 años; porque después de las seis semanas se produce el primer latido, y luego de las doce semanas el feto siente dolor, aseguró.

La oficialista precisó que luego de haber examinado los dos informes presentados sobre esta materia, el informe de minoría se apega mucho más a la tendencia y aquello que realmente dispone la Corte Constitucional, por lo tanto, ese es el punto de partida que debería adoptar el pleno para una discusión responsable sobre el tema. (I)