Con la presencia del Bloque de Seguridad del Gobierno, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional inició este 21 de mayo el análisis del proyecto urgente para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, y ningún legislador cuestionó la propuesta del Ejecutivo.
La sesión arrancó con 45 minutos de retraso y primero la mesa legislativa, presidida por la asambleísta Valentina Centeno, avocó conocimiento del proyecto y luego abrió las comparecencias de los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo; del Interior, John Reimberg; del comandante general de la Policía, Patricio Dávila; y, del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela.
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La exposición, incluidas las preguntas de los cuatro funcionarios, duró 45 minutos, en los que se habló de una grave situación de seguridad que vive el país y de la necesidad de aprobar una ley que permita las donaciones privadas de apoyo a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas en su misión de enfrentar al crimen organizado.
Para la tarde se prevé la comparecencia de la ministra de Economía, Sariha Moya, y el director del Servicio de Rentas Internas, Damián Larco.
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Comparencencias
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ante la mesa afirmó que diariamente las Fuerzas Armadas se enfrentan a una arquitectura criminal que es alimentada por corrupción, impunidad y, sobre todo, por el dinero sucio generado de un sinnúmero de actividades ilícitas.
Por eso, dijo que el proyecto de ley orgánica enviado por el Ejecutivo constituye una herramienta estratégica que busca afectar y cortar el flujo económico que financia y sostiene la acción criminal de los grupos armados organizados y grupos de delincuencia organizada. Y además, busca dotar al Estado de mecanismos claros y eficientes para reconstruir la seguridad nacional.
Loffredo indicó es la oportunidad y posibilidad de canalizar donaciones y aportes de la empresa privada y la sociedad civil como parte del esfuerzo nacional contra el crimen organizado.
Aclaró que no se trata de “privatizar la seguridad”, sino promover alianzas éticas y transparentes sustentadas en los bienes públicos más preciados, la vida, la paz y la legalidad. “El aporte voluntario bajo la supervisión estatal podría financiar medios y estructura necesaria para hacer frente a la enorme capacidad económica que posee el crimen organizado”, afirmó Loffredo.
El ministro del Interior, Jhon Reimberg, afirmó que el Ecuador enfrenta un conflicto armado interno cuyo principal motor es la economía criminal, pues “grupos armados organizados han socavado la institucionalidad, han capturado circuitos económicos legales y amenazan directamente la estabilidad del sistema financiero y la seguridad ciudadana”.
Señaló que la violencia que vive el Ecuador no es casual ni desorganizada. Es estructural, financiada y profundamente anclada en lógicas de poder económico ilícito; que esto no es un problema coyuntural, sino “el resultado de años de perversidad institucional, de abandono territorial y de pactos tácticos con las mafias”.
Reveló que en 17 meses de gobierno, se destruyó y se incautó 382.58 toneladas de droga, lo cual representa una afectación directa al corazón financiero de las mafias.
Explicó que la propuesta del Ejecutivo, en el ámbito económico, habilita incentivos tributarios, compensaciones y beneficios para quienes invierten en la recuperación de zonas afectadas; además, la posibilidad de deducir del impuesto a la renta, las donaciones a favor de Policía Nacional y Fuerzas Armadas. “Aquí no hay espacios para neutralidad, o se está del lado de quienes defendemos a las personas de bien o se deja avanzar el crimen organizado”, puntualizó Reimberg.
“Vamos a recuperar los recursos ilícitos y evitar que la economía ilícita sea infiltrada por el dinero del narco y las mafias. Vamos va a recuperar zonas capturadas por la violencia y declarando las zonas de seguridad y paz. Así para generar inversión y empleo”, subrayó el Ministro del Interior.
El comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, destacó que la norma jurídica propuesta hace referencia al combate de las economías criminales y su impacto en el Ecuador, .
Dijo que cuantificada la afectación a la economía local se puede determinar que en el año 2024 se afectó con $1.000 millones a las estructuras criminales por toda la droga, armamento que se ha encautado y vehículos que han sido utilizados para el cumplimiento de estas muertes violentas.
Advirtió que los delincuentes se han vuelto cada vez más audaces, violentos, cierran carreteras para robar autobuses, a cobrar peajes, asesinan a clientes y propietarios de negocios locales e incluso amenazan con actos terroristas, como colocar explosivos en gasolineras cuando los negocios se niegan a pagar las vacunas.
Afirmó que las niñas, niños y adolescentes que fueron reclutados para pertenecer a estas organizaciones y que hoy en día hay una adhesión voluntaria para ser parte del crimen, apuntó Dávila.
Preguntó a los legisladores quién puede oponerse a proteger a personas de bien, a la prohibición de el reclutamiento de menores; quién puede oponerse a la incautación de de los bienes de posesión del crimen organizado.
Davila afirmó que la normativa que hoy favorece al crimen organizado, pues son 73.000 personas a las que la Policía Nacional han privado de su libertad en el 2024. En base a argucias jurídicas han convertido el sistema de justicia en una puerta giratoria, solo el 10% ha quedado en los centros de privación de libertad.
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, manifestó que el aumento de los grupos armados organizados de narcotráfico, de la delincuencia organizada, la minería ilegal y la violencia requiere una respuesta fortalecida y moderna por parte de las Fuerzas Armadas.
Por ello, se necesita mejorar las capacidades militares que permita una mejor protección de las fronteras y del territorio nacional.
Que es necesario incrementar la tecnología, el entrenamiento y los recursos militares ayuda a detectar, prevenir y neutralizar estas amenazas, garantizando la integridad territorial y evitando que actores externos o internos puedan aprovecharse de las vulnerabilidades del Estado.
En conclusión, Vela dijo que en un marco de conflicto armado interno, es necesario incrementar las capacidades militares del Ecuador es una necesidad estratégica para garantizar la soberanía, la seguridad en la estabilidad del país.
Solo con una fuerza armada moderna, bien preparada y equipada, el Estado podrá afrontar los desafíos actuales y futuros asegurando un entorno de paz y desarrollo para todos sus habitantes.
Necesidades
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, dio a conocer los ítems que se requiere de urgencia para poder mejorar las capacidades de las FFAA., en el enfrentamiento al conflicto armado.
Habló básicamente del parque automotor dedicado al transporte de tropas, al transporte de material, al transporte de combustibles, también ambulancias, volquetas y maquinaria para mejorar las condiciones de los cuarteles para que el cuerpo de ingenieros del ejército pueda construir destacamentos.
También dijo que se necesita cabezales, camionetas blindadas para la movilidad de las patrullas en las áreas de conflicto. Además dijo que es necesario cámaras filmadoras, visores nocturnos, drones, antidrones, armas no letales; es decir, equipo necesario para monitorear las fronteras.
La asambleísta Valentina Centeno (ADN), bautizó a la ley urgente como ley de solidaridad nacional y que en la comisión que preside se priorizará la materia económica del proyecto, sobre todo, enfocado en la oportunidad de trabajar de la mano con la empresa privada que podrá hacer donaciones a través de sus impuestos a la renta a pagar, podrán hacerlo a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
No quiso explicar el contenido del proyecto respecto a la inclusión de reformas al sistema penal del país.
El legislador Sergio Peña (RC), manifestó que no hay proyecto de ley perfecto que se trabajará para mejorarlo, que este no es un momento para la división, porque la gente desde sus casas espera que la Asamblea trabaje a favor de ellos, y como especialista en derecho penal dijo que hará sus contribuciones para que el proyecto sume para la seguridad.
Peña indicó que frente a la propuesta del Gobierno se debería ampliar temas económicos para mejores recaudaciones y que se debe fortalecer a la UAFE, para mejorar el control del financiamiento del crimen organizado. Que revisará en la comisión todo lo relacionado a la constitucionalidad y derechos, pues existen alertas al respecto, apuntó. (I)