La Asamblea Nacional, este 27 de noviembre, tramitó en primer debate el proyecto de “Ley para el alivio financiero y el fortalecimiento económico de las generaciones en el Ecuador para enfrentar las consecuencias de la crisis energética”.

La sesión se inició con la comisión general solicitada por María Eulalia Silva, de la Cámara de la Minería del Ecuador, en la que mostró cifras y dijo que son $ 560 millones de aporte en impuestos hasta junio de 2024. En la ley de alivio financiero observó una disposición reformatoria incluida en el proyecto donde se elimina el reintegro del IVA al sector minero, lo cual afecta a la inversión.

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La dirigente de la cámara dijo que cambiar este componente enviaría un nefasto mensaje a la industria que trae inversión al país. Y que Ecuador sería el único país que eliminaría la devolución del IVA y, con ello, vulneraría los derechos de las empresas comprometiendo la seguridad jurídica, por lo que las empresas acudirían a acciones judiciales, advirtió.

Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, que conoció y debatió la propuesta del Ejecutivo, dijo que este proyecto de ley aliviará los bolsillos de las familias ecuatorianas y ratificó la eliminación de la devolución del IVA a las empresas mineras, y con ello, añadió, tendrán el mismo trato que las petroleras. Esos recursos, que ascienden a un aproximado de $ 67 millones, serán destinado a programas sociales y educativos.

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Del proyecto la legisladora oficialista resaltó que como medida se establece la posibilidad de que el Servicio de Rentas Internas (SRI) condone obligaciones tributarias de hasta $ 460 generadas por los apagones, lo cual causará un impacto en 121.000 personas. Además, el SRI ampliará el plazo del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

En cuanto a la banca, añadió, se condonarán los intereses y capitales de los créditos educativos de las personas con discapacidad. También se extienden los plazos de la remisión de intereses y recargos de los créditos educativos de los jóvenes que fueron beneficiarios y que no pueden pagar.

A BanEcuador y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se les prohíbe iniciar procesos coactivos hasta el 28 de febrero de 2025; y en torno al empleo, se establece que las personas que pierden el trabajo podrán acceder al seguro de desempleo de manera inmediata, en tan solo diez días, y de esta forma se garantiza un derecho.

Otra de las medidas que se plantean son incentivos a las empresas que mantengan la nómina laboral y no ejecuten despedidos.

Blasco Luna, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), planteó que un 10 % de las reservas internacionales sean repatriadas para reinvertir en el agro y reactivar actividades productivas. Además, proponen la condonación de multas, intereses y más recargos a los Gobiernos autónomos descentralizados en sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Que se debe incluir a la banca privada en la reducción de las tasas de interés, y advirtió que se debe tener cuidado con los contratos firmados en el sector minero, porque hoy en la ley urgente se plantea la eliminación de la devolución del IVA; eso podría traer reclamos a través de laudos arbitrales.

Jorge Acaiturri-Villa, del bloque del Partido Social Cristiano (PSC), precisó que esta ley va por el camino correcto, que es encontrar salidas y proporcionar alivio financiero frente a la crisis causada por los apagones. Las medidas son buenas, dijo, pero no deben ser un parche y se debe solucionar todo a fondo, como priorizar la inversión para mejorar la calidad de vida. (I)