Durante el segundo debate del proyecto de Ley de Transparencia Social, el legislador Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), alertó de que la sexta disposición transitoria pretende licuar las deudas que mantienen las empresas públicas en liquidación con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

La Asamblea Nacional inició el debate de la cuarta ley urgente del Ejecutivo este 26 de agosto de 2025, luego de que la sala rindió un homenaje póstumo a la legisladora Mariuxi Sánchez, de la bancada Revolución Ciudadana, quien falleció el domingo pasado.

La sesión empezó con una explicación sobre el contenido del proyecto que estuvo a cargo de la asambleísta Mishel Mancheno, quien reemplaza en la jefatura de la bancada ADN a Valentina Centeno.

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Mancheno dijo que el proyecto no es una iniciativa improvisada ni aislada, porque nace de un proceso técnico, un consenso amplio y que sorprende que desde ciertos sectores intenten desacreditar la ley, y que lo hacen “porque esta ley toca intereses que fueron protegidos por mucho tiempo desde la oscuridad”.

Aclaró que en la Asamblea no se debaten ideologías o colores. “Aquí nosotros tenemos que decidir si queremos un país sometido a las mafias o un Estado que defienda a su gente con firmeza, con justicia y sobre todo con transparencia”.

Alertó de que la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) identificó que durante los cinco primeros meses de este año de 2025 se reportaron más de $ 600 millones en operaciones no justificadas que ya están en conocimiento de la fiscalía; esto en referencia a la necesidad de controlar los recursos que manejan las organizaciones sin fines de lucro, pues se pretende prevenir el uso indebido de dichas organizaciones sociales como fachada, fortalecer la supervisión de flujos financieros y operaciones económicas.

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La segunda exposición la realizó el asambleísta Serrano, quien advirtió que la Asamblea Nacional al aprobar este proyecto de ley urgente cometerá una inconstitucionalidad, porque se pretende perdonar deudas de capital e intereses de las empresas públicas en liquidación.

Dijo que la ley urgente rompe la unidad de materia y además el procedimiento parlamentario, porque algunas de las reformas no fueron debatidas en primera instancia.

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Resaltó que una de las disposiciones transitorias más importantes del proyecto es la sexta, pues ese artículo atenta contra el patrimonio del IESS. “No puede, ningún gobierno, a pretexto de una ley, licuar las deudas que tiene el Gobierno, en este caso de las empresas en liquidación, con el IESS”, subrayó.

Afirmó que el IESS no pertenece al Gobierno de turno, pues el IESS pertenece a los afiliados; por lo tanto, de aprobarse ese artículo, estarían violentando el artículo 372 de la Constitución, que obviamente traerá como resultado que la Corte Constitucional lo declare inconstitucional y “tendrán que hacer otra marcha hacia la Corte Constitucional”.

La transitoria, explicó, lo que dispone es que el capital adeudado, intereses, cargos y recargos de las empresas públicas que están en liquidación se los va a exonerar de su pago al IESS, y eso es inconstitucional. Es decir, se perdona la deuda que tiene este momento el Estado, de las empresas que están en liquidación. Dijo que inclusive se desconoce el monto que se estaría perdonando.

El texto de la sexta disposición transitoria del proyecto de Transparencia Social dispone: “El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no podrá cobrar multas y/o recargos a las instituciones del Estado o empresas públicas que reciban dentro de sus pasivos los pagos de aportes, fondos de reserva y demás que corresponda a los trabajadores, empleados o servidores públicos, de las instituciones del Estado que, por liquidación pierdan o se elimine su personería jurídica. Esta disposición incluye obligaciones de capital adeudado, intereses y demás recargos legales a los que hubiere lugar”.

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