Sin cuestionamientos y con sesiones rápidas, la comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional cerró el primer día de tratamiento del proyecto de ley urgente para desarticular la economía popular. Recibió a seis funcionarios relacionados con el bloque se seguridad y con el área económica.
La presidenta de la mesa, Valentina Centeno, fijó la hoja de ruta que seguirá la mesa en el análisis de la propuesta urgente: se priorizará la materia económica del proyecto y poco se centrará discusión respecto a las reformas al sistema penal. Y eso sucedió en el primer día.
En las comparecencias de la mañana, que ocupó 46 minutos, los ministros tanto de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo como el del Interior, Jhon Reimberg, hablaron de la situación de seguridad que vive el país y de la necesidad de aprobar la propuesta del Ejecutivo, que habilita incentivos tributarios, compensaciones para quienes invierten en la recuperación de zonas afectadas por la delincuencia organizada; además, la posibilidad de deducir del impuesto a la renta, con las donaciones a favor de Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
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En la tarde de este 21 de mayo, la sesión duró 36 minutos, estaba convocada la ministra de Economía, Sariha Moya, pero no acudió y se conectó vía telemática el viceministro, Gary Coronel, quien advirtió que la economía criminal es hoy en día el principal riesgo que tiene el Ecuador para la sostenibilidad macroeconómica.
Que su impacto no solamente se da a nivel de los ingresos fiscales, sino que también afecta gravemente a los mercados lícitos, elevando el costo del capital, reduciendo la inversión privada y generando pérdida de productividad. Afirmó que la propuesta cumple con los tres criterios constitucionales para ser calificada como económica urgente.
En primer lugar, dijo, que existe una circunstancia apremiante que es el conflicto armado interno que ha generado un severo deterioro del aparato productivo, fiscal y financiero a nivel nacional. Luego, existe una conexidad plausible asociada a este proyecto de ley que actúa directamente sobre el núcleo de financiamiento de las organizaciones criminales.
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Y como tercer criterio, el viceministro Coronel, afirmó que el proyecto tiene efectos económicos inmediatos, medidas como el tema de incautación, los incentivos y alivio focalizados van a tener impacto directo en la economía real y en la contención del crimen.
Afectación fiscal
El viceministro del Economía indicó que las economías criminales que incluyen el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, el lavado de activos, la extorsión representan pérdidas fiscales millonarias para el Estado por temas de evasión y de subdeclaración tributaria.
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Además, afirmó que existe fijación de recursos financieros que terminan fuera del sistema bancario formal, por lo tanto, hay una distorsión en los mercados ya que se da una competencia desleal que afecta a las micro y medianas empresas, a los comerciantes y a los agricultores.
Para poder proteger la economía lícita, añadió el viceministro, es necesario que “asfixiemos financieramente a las estructuras criminales y creemos que este proyecto de ley da estas herramientas para hacerlo de manera efectiva". Además, dijo las medidas que se encuentran incluidas en el proyecto de ley cumplen con los principios de eficiencia del gasto, de progresividad tributaria y de sostenibilidad fiscal.
Afirmó que las rebajas que se plantean para el impuesto a la renta provenientes de donaciones para las fuerzas del orden no comprometerán la sostenibilidad fiscal, considerando que el Estado no tendría que poner los recursos para poder cubrir estos temas que se harían a través de donaciones, tendría un efecto multiplicador a nivel de seguridad y generaría confianza económica desde los ciudadanos.
También mencionó que la propuesta incluye incentivos productivos focalizados que permitirían que el presidente Daniel Noboa, pueda establecer incentivos económicos para actores vulnerables, priorizando los criterios de productividad, de inclusión y eficiencia redistributiva.
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En esta ley, el Ministerio de Economía y Finanzas, asume una función para la administración de valores y dineros incautados, lo cual evita que estos recursos reingresen a la economía criminal, pues se permite que se canalicen hacia temas de inversión social, de apoyo a víctimas y de fortalecimiento institucional de las entidades.
Donaciones se amplían a FFAA
Damián Larco, director General del Servicio de Rentas Internas (SRI), ante la mesa de Desarrollo Económico afirmó que la guerra interna contra el crimen organizado no ha terminado, que la Asamblea Nacional aprobó en diciembre de 2023 aprobó la ley de eficiencia económica y generación de empleo donde se incluyó incentivos tributarios por donaciones o suministros a la Policía Nacional.
Que en la nueva propuesta del Ejecutivo, lo que busca es continuar con esta política de generar sinergias entre el sector privado y el sector público porque “todos estamos peleando una misma batalla. Con esta ley lo que hacemos es incluir las Fuerzas Armadas”.
Dijo que también se busca simplificar este beneficio para que más ciudadanos, para que más empresas se sumen a esta lucha contra la criminalidad, y que esta práctica ha dado resultados en otros países como El Salvador, donde su normativa tributaria ofrece beneficios, incentivos para aquellas compañías que patrocinen proyectos encaminados o que aporten a la seguridad nacional.
Las medidas propuestas, el proyecto urgente, apuntan a consolidar un marco normativo que fortalezca la lucha del Estado y las fuerzas del orden contra el narcoterrorismo y los grupos criminales.
Larco insistió que esta ley amplía el beneficio tributaria que ya existe en la normativa, pues hoy los auspicios, los patrocinios a la Policía Nacional se pueden deducir en un 150% adicional; y lo que se está haciendo hoy es incluir a las FFAA.
Lo que se busca en el proyecto, añadió, es que tanto la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas regulen la aceptación de las donaciones acorde a los parámetros del beneficio. “Esto quiere decir que no es un cheque en blanco para las compañías. Las compañías tienen que demostrar que las donaciones que están haciendo deben ser certificadas por el Ministerio del Interior, por las Fuerzas Armadas”, anotó.
Como SRI, afirmó el funcionario, se hará un control previo y control posterior de la aplicación de estos beneficios, que los precios a los cuales se hagan las donaciones sean precios de mercado. Todos estos controles serán detallados en el reglamento.
Aclaró que las donaciones tienen un límite, pues no puede superar el 30% del impuesto a la renta causado.
Respecto al impacto fiscal de esta medida, dijo Larco, que no es posible medirlo, porque no se sabe cuántas compañías, cuántos ciudadanos se van a sumar a estos aportes a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas; pero lo que se busca es que la mayor cantidad de compañías se sumen porque si ellos donan tenemos más seguridad y se cumplen los objetivos del gobierno nacional.
Cifras económicas
El director del SRI, Damián Larco, ante los legisladores mostró las cifras económicas positivas alcanzadas en el último año y recordó que el déficit fiscal con el que cerró la economía en el año 2023 bordeaba los $5.000 millones y que había tan solo $180 millones en la caja fiscal que no alcanzaba ni siquiera para cubrir los sueldos del sector público y el riesgo país superaba los 2000 puntos.
Hoy, existen resultados positivos pues el 2024 se logró cerrar con un déficit fiscal de $2.500 millones, es decir, se redujo en más de la mitad. Las reservas internacionales se han duplicado, lo cual garantiza la sostenibilidad de la dolarización, y que el riesgo país se encuentra por debajo de los 1000 puntos.
También destacó que los depósitos del sistema financiero han crecido de forma constante en los últimos meses con una variación positiva que está por encima del 15% a marzo de este año 2025. Los índices de inflación siguen a la baja. El gasto y consumo de los hogares ha crecido en 0.23%. Esto, a pesar de que el precio eh el el petróleo ha caído y los ingresos han disminuido.
El comercio ha crecido al 9%, la manufactura al 8%, la agricultura al 18%, la minería al 18%. Estos datos apalancan la recaudación tributaria que de enero a abril ha crecido en un 9%, afirmó Larco. (I)
