En medio de un griterío y reclamos, la bancada oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN), y sus aliados de Pachakutik, excorreístas e independientes lograron incluir a debate una resolución para respaldar la decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel.
La sesión plenaria registró 77 votos a favor de la inclusión en la sesión n.° 37 de un proyecto de resolución propuesto por el asambleísta nacional Esteban Torres (ADN) para que el Parlamento apoye al primer mandatario respecto a la emisión de los decretos 125 y 126, que eliminaron el subsidio al diésel, y llamar desde la Asamblea Nacional a los sectores de la sociedad civil para que garanticen la movilidad de los ecuatorianos en un entorno de paz y orden ciudadanos.
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La sesión se tornó violenta luego de que la Secretaría General del Parlamento no calificó la inclusión del cambio del orden del día planteado por el legislador Juan Pablo Molina, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), porque su pedido no fue dirigido a dicha secretaría general.
De acuerdo con la normativa legal, explicó el secretario Giovanni Bravo, todo proceso debe iniciarse sobre la base del principio de competencia. En este caso, el órgano competente para recibir la petición es la Secretaría General, pues la ley le reserva expresamente la función de realizar la verificación de procedibilidad del pedido para admitirlo e iniciar el trámite correspondiente. En consecuencia, al no haberse cumplido el requisito formal previsto en el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, relativo a la presentación de la solicitud ante la Secretaría General, la petición presentada por el asambleísta Juan Pablo Molina no cumple los requisitos establecidos en la ley para ser conocida por el pleno.
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Eso exacerbó a los legisladores de la bancada RC, que comenzaron a reclamar la decisión en el salón plenario. En medio de ese escenario, el presidente del Legislativo, Niels Olsen, concedió la palabra al legislador Esteban Torres para que fundamente su petición para incluir a debate un resolución.
El griterío registrado en el pleno no permitió escuchar la propuesta de Torres, y el presidente Olsen pidió la intervención de la escolta legislativa para garantizar orden en la sesión, pero los gritos continuaron.
La moción de Juan Pablo Molina (RC) exhortaba al presidente de la República a dejar sin efecto los decretos ejecutivos 125 y 126, mediante los cuales se dispuso la reforma del precio del diésel automotor, el establecimiento de mecanismos de compensación y la modificación al Reglamento Codificado de Regulación de Precios de Derivados de Hidrocarburos, hasta que se realice un análisis integral, técnico y social sobre las consecuencias de estas medidas en la economía popular, el transporte público y de carga, así como en los sectores productivos del país.
También planteaba disponer la comparecencia inmediata del ministro de Energía y Minas, del ministro de Transporte y Obras Públicas y del ministro de Economía y Finanzas a fin de que informen a la Asamblea Nacional y al pueblo ecuatoriano sobre los impactos económicos, sociales y fiscales derivados de esta decisión gubernamental.
Moción aprobada
La moción planteada por el legislador Esteban Torres (ADN) de incluir a debate un texto de resolución de apoyo al Ejecutivo en la emisión de los decretos 125 y 126, referentes al subsidio del diésel y las compensaciones, obtuvo 77 votos de respaldo.
Los votos provinieron de la bancada oficialista (ADN), así de los tres legisladores de Pachakutik que representan a la Amazonía: José Nango, José Nantipia y Edmundo Cerda.
El apoyo también provino de los asambleístas que antes actuaron en la bancada Revolución Ciudadana y que hoy votan con ADN: David Arias, Sergio Peña, Mónica Salazar y Jhajaira Urresta. En tanto que Carlos Vargas votó en contra.
También recibió el apoyo del exsocialcristiano Samuel Célleri y del representante de Construye en Imbabura, Pablo Jurado.
El texto que será discutido en el pleno contiene cinco artículos:
Artículo 1.- Expresar el apoyo de la Asamblea Nacional a las medidas oportunas y necesarias adoptadas por el señor presidente de la República con los decretos ejecutivos n.° 125 y 126, para que continúe el proceso histórico, iniciado por el Gobierno nacional, de saneamiento de las finanzas públicas, reactivación de la economía y mejoramiento de las condiciones de vida de los ecuatorianos, especialmente de los más pobres.
Artículo 2.- Hacer un llamado cívico a los sectores de la sociedad civil para que garanticen la movilidad de los ecuatorianos, en un entorno de paz y orden ciudadanos.
Artículo 3.-Recomendar que se continue con las mesas de diálogo sectoriales, organizadas por el Gobierno, con la participación representativa de los sectores sociales, económicos y productivos directamente involucrados en los decretos ejecutivos n.° 125 y 126.
Artículo 4.- Rechazar la desinformación sobre el alcance económico y social de los decretos ejecutivos n.° 125 y 126 divulgada por sectores y grupos obstinados en obstruir el cambio liderado por el señor presidente de la República del Ecuador y su Gobierno.
Artículo 5.- Exigir a los órganos judiciales la tramitación y resolución urgente e inmediata de los procesos judiciales relacionados con el caso Triple A y otros vinculados al tráfico ilícito de combustibles.
Reclamo de bancada RC
La coordinadora de la bancada Revolución Ciudadana (RC), Viviana Veloz, denunció que en la Asamblea cada semana quien la preside violenta el procedimiento parlamentario y violenta la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Dijo que hoy, para no permitir un debate serio y amplio sobre la eliminación del subsidio al diésel, “se inventan una nueva leguleyada jurídica, de las tantas a las que ya están acostumbrados”.
Veloz dijo que por eso la actual Asamblea enfrenta más de treinta demandas de inconstitucionalidad, “por la falta de conocimiento, por la falta de experiencia, pero sobre todo porque están legislando sobre la soberbia”.
Afirmó que al presidente de la Asamblea se le olvidó que él debe cumplir un rol institucional, un rol que representa los 151 asambleístas y no solamente al bloque oficialista.
Veloz afirmó que el presidente de la Asamblea permite constantemente que al bloque de RC lo insulten, ataquen y se lo agreda. Además dijo que se silencia el micrófono. “Hoy incluso nos amenazó con la fuerza pública, cuando la fuerza pública debería estar protegiendo a los ciudadanos de este país. El presidente hoy nos amenazó y nos quiso intimidar con la fuerza pública”, reclamó.
La representante de la RC en la Asamblea cuestionó por qué no se permite el debate, por qué no preguntan en consulta popular a los ciudadanos de este país si están de acuerdo con el incremento del subsidio al diésel o con la falta de medicinas de los hospitales. (I)