La Asamblea Nacional entró en apuros. Tres sectores políticos: PSC, CREO y UNES presionan porque se acelere el juicio político en contra del contralor del Estado, Pablo Celi, quien guarda prisión por estar procesado penalmente por delincuencia organizada.

Para que eso suceda, la Comisión de Fiscalización tendrá que sortear la resolución que aprobó el pleno de la Asamblea el pasado 25 de junio, cuando dispuso con 80 votos que el juicio político al exministro de Energía René Ortiz continúe la correspondiente sustanciación. Para ello, nombró a los asambleístas Salvador Quishpe (PK) y Luis Almeida (PSC) como interpelantes.

Esos 80 votos vinieron de dos de los tres sectores políticos que hoy claman porque el juicio contra Celi sea tramitado de forma urgente. El PSC y CREO, que también alberga a los independientes en la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), optaron porque la Comisión de Fiscalización tramite el juicio a Ortiz, cuyo proceso se inició el 12 de mayo y que por la transición quedó hasta la notificación del proceso al acusado. Aunque también hubo 8 legisladores entre el PSC, ID, Pachakutik, BAN, que se abstuvieron.

Asamblea nombra a interpelantes para que el juicio contra el exministro René Ortiz continúe su trámite

En la sesión del 25 de junio, el sector de UNES a través del legislador Ronny Aleaga planteó que se declare improcedente el juicio contra el exministro de Energía, por no haber interpelantes, y se proceda de inmediato con el juicio a Pablo Celi. Esa moción no fue calificada por la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori.

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“Es vergonzoso que las mismas fuerzas políticas que consignaron su voto afirmativo para darle más tiempo al PPL Pablo Celi, ahora tengan interés en acelerar el trámite”, posteó el asambleísta Aleaga.

Tanto la bancada Acuerdo Nacional, Unión por la Esperanza y el Partido Social Cristiano han pedido de manera urgente que se tramite el juicio político en contra de Celi, porque aseguran que desde la cárcel aspira a ejercer funciones nombrando funcionarios y despachar sin ningún tipo de control o límite.

El artículo 81 de la LOFL determina que si durante el proceso de sustanciación de un juicio político el Consejo de Administración Legislativa remitiera una solicitud de juicio político, su plazo para avocar conocimiento correrá a partir de la finalización del proceso en curso en el interior de la comisión.

El PSC pidió a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, que en la siguiente sesión incluya una resolución para disponer a la Comisión de Fiscalización que antes de continuar con la sustanciación del juicio a Ortiz, proceda de forma inmediata con la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de Pablo Celi, contralor general del Estado, presentado por el asambleísta Juan Lloret (UNES).

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Que una vez que se procese el juicio en contra de Celi, y termine con la censura y destitución, se solicite al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que proceda de manera inmediata a llamar a concurso para designar al nuevo contralor.

En cambio, la Bancada Acuerdo Nacional en un comunicado dio a conocer que solicitó a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, que convoque con el carácter de urgente al pleno de la Asamblea, con el fin de tratar y debatir de manera inmediata los graves hechos que se han venido desarrollando en el interior de la Contraloría.

Que Pablo Celi, desde la cárcel, pretende designar a Carlos Riofrío González como contralor subrogante, atentando en contra de la misma institución y manteniendo en zozobra a todo el país.

Sesión de Fiscalización

Para este 29 de junio, a las 08:00, el presidente de la comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, convocó a sesión y aspira a resolver las peticiones del PSC y UNES para que se acelere el proceso de juicio político en contra del contralor del Estado, Pablo Celi.

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Lo que esperaba la nueva Comisión de Fiscalización, añadió Villavicencio, es que el pleno se pronuncie respecto a los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), frente al juicio a Ortiz, tomando en cuenta que el proceso de juicio en contra de Ortiz empezó en la anterior comisión el 12 de mayo y se notificó al funcionario al día siguiente.

Villavicencio explicó que los dos pedidos ingresados el 28 de junio a la Comisión de Fiscalización están orientados a iniciar el juicio a Pablo Celi.

A su criterio, la resolución tomada por el pleno en la sesión 712 vulneró el procedimiento legislativo al no haber puesto a consideración el informe de la Comisión de Fiscalización sobre el estado del juicio político en contra de Ortiz; y la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, dio paso a la moción del legislador Ricardo Vanegas (PK).

Reveló que en la Comisión de Fiscalización hubo un acuerdo previo entre todas las fuerzas políticas representadas en esa mesa legislativa orientado a que el pleno de la Asamblea resuelva privilegiar el juicio al contralor Pablo Celi, y que el juicio a Ortiz continúe con nuevos interpelantes. Además dijo que si el exfuncionario fue notificado el 13 de mayo, los tiempos ya vencieron.

Villavicencio anunció que pedirá que se observe el comportamiento del secretario general de la Asamblea, Álvaro Salazar, por mentir a la presidenta y a la Asamblea Nacional sobre la fecha en que se entregó oficialmente la información a la Comisión de Fiscalización sobre los juicios políticos en trámite. (I)