Antes de entrar a votar por las 269 amnistías a favor de líderes sociales y políticos que participaron en hechos relacionados con los hechos de octubre de 2019, justicia indígena y defensa de la naturaleza, la Asamblea Nacional aspira a revolver un conflicto jurídico ocasionado por la presentación del informe, cuyas firmas de apoyo se oficializaron fuera de plazo.
En el último punto de la agenda legislativa de la sesión 767 convocada para este miércoles 9 de marzo a las 14:00, se incluye el informe de amnistías remitido por la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad.
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Las bancadas legislativas esperan una resolución jurídica de la Asamblea en la que determine si el pleno puede conocer el informe presentado por la mesa legislativa, sin las firmas de respaldo correspondientes. Las firmas de los miembros de la mesa se presentaron tres días después de la notificación a la Presidencia del Parlamento.
Ese hecho generó más de una observación en la legislatura, inclusive el legislador Fernando Villavicencio, elevó una queja ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), para que se sancione a los nueve integrantes de la mesa de Garantías Constitucionales por presentar un informe sin firmas. Sin embargo, el denunciante retiró su denuncia, pero las críticas continúan sobre la forma en que procedió la comisión presidida por el legislador de Pichincha, Fernando Cabascango (Pachakutik).
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El coordinador de la Bancada Acuerdo Nacional-CREO, Juan Fernando Flores, comentó que el riesgo no está en “querer lavarse las manos la Asamblea Nacional, sobre lo que hizo la comisión presidida por Fernando Cabascango, sino que el riesgo está en que el día de mañana cualquier juez no le da procedimiento a esas amnistías y quien pierde el ciudadano solicitante”.
Flores explicó que la presentación de las firmas de respaldo al informe, posterior al plazo, pondría en tela de juicio la complejidad de cómo fue presentado el proceso, y que eso implicaría dos opciones: que regrese a la comisión para que resuelvan eso o que vuelva a presentarse nuevamente los procedimientos.
Insistió que sería una irresponsabilidad de la Asamblea Nacional aprobar amnistías por quedar bien, y que al final del día los jueces no dictaminen la libertad del ciudadano, por errores de procedimiento cometidos a nivel del Parlamento.
El legislador oficialista anticipó que hay ciudadanos ecuatorianos que merecen las amnistías, pero también hay ciudadanos donde no se va a permitir impunidad frente a los hechos en los que son responsables, como en los hechos de octubre de 2019.
La ley es clara, añadió, que la Comisión de Garantías tenía 30 días para entregar un informe, pero este informe no puede entregarse sin firmas de los asambleístas que aprobaron el documento.
La legisladora de la Izquierda Democrática Wilma Andrade advirtió que frente a las amnistías no votarán en paquete, que debe haber un análisis de cada caso, garantizando los derechos humanos.
Para el caso de los solicitantes por los hechos de octubre de 2019, se tiene que contar con la información de la Fiscalía General del Estado, para evitar que esas amnistías generen problemas de orden legal y se establezca un mal precedente para el país. (I)