Para el próximo jueves 14 de julio se tiene previsto que el pleno de la Asamblea Nacional conozca el informe de la comisión pluripartidista ad hoc que recomendó la destitución de Yeseña Guamaní (ID), en su calidad de segunda vicepresidenta del Parlamento.
La comisión inició una investigación tras la denuncia planteada por la legisladora de la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES), Jhajaira Urresta, por interferir en las atribuciones del Consejo de Administración Legislativa (CAL), al mocionar que se consulte a la Corte Constitucional (CC) antes de calificarse el proyecto de ley derogatoria de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal (reforma tributaria que incrementó impuestos), de iniciativa de la legisladora de UNES Viviana Veloz, con el fin de determinar el alcance del artículo 140 de la Constitución.
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Con cuatro votos la comisión presidida por la correísta, Patricia Mendoza, concluyó que la legisladora denunciada Yeseña Guamaní, no pudo desvirtuar la inconstitucionalidad e ilegalidad de haber mocionado una suspensión del punto del orden del día de la calificación del proyecto de ley de la iniciativa de la asambleísta, Viviana Veloz, vulnerando lo establecido en los artículos 14 y 56 de la ley de la Función Legislativa, por lo tanto debe ser destituida del cargo de segunda vicepresidenta.
La acusada insistió que el correísmo no logró fundamentar una denuncia por incumplimiento de funciones, pero “dicen que tienen los votos de sus amigos los asambleístas rebeldes de Pachakutik y disidentes de la Izquierda Democrática, y veremos si el Partido Social Cristiano termina haciéndole juego nuevamente al correísmo”.
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Que la radiografía de esta nueva mayoría, liderada por el correísmo, la tendremos el día de la sesión, proclamó Guamaní, quien reveló que habló con el coordinador de la bancada del PSC, Esteban Torres, y “me ha manifestado que el reconoce que no existe ningún incumplimiento en mi denuncia, ninguna motivación ni ningún fundamento legal, pero me ha dicho que tiene acuerdos, tiene pactos con el correísmo”. Que este es un tema político.
Lo que busca el correísmo, añadió la legisladora de la ID, es tomar el control de la Asamblea Nacional, y que esperan su destitución para poder repartirse entre quienes forman la nueva mayoría.
Insistió que el proceso en su contra tiene diez ilegalidades, pero que también comprende que aquí mandan los votos; sin embargo, advirtió que intentará dejar un precedente para decirles a los asambleístas que las posiciones políticas no pueden estar por encima de la Constitución y la ley.
Anunció que analizan con iniciar acciones legales nacionales e internacionales, no por aferrarse a un cargo, sino para decirles a los legisladores que aprendan a respetar la ley.
El asambleísta Esteban Torres, comentó que el PSC votó a favor del informe en la comisión pluripartidista y lo propio hará en el pleno, pues consideró que hay suficientes razones políticas y jurídicas para hacerlo.
Como razones políticas para que Guamaní merezca la destitución, Torres explicó, está haberle hecho el juego al Gobierno de Guillermo Lasso, al proponer una consulta a la Corte Constitucional para evitar que se deroguen los impuestos, lo cual es inadmisible.
Si se llega a la destitución de Guamaní, se tendrá que hacer una elección conjunta de la primera y segunda vicepresidencias de la Asamblea, y descartó la posibilidad que el PSC, pretenda llegar a una de las vicepresidencias. Si algo el PSC podría considerar es corregir la injusticia cometida en mayo de 2021, cuando la bancada fue excluida de una vocalía en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), precisó.
El legislador oficialista, Juan Fernando Flores (BAN), propuso que antes de la destitución de Yeseña Guamaní, se tendría que llegar el espacio de la primera vicepresidencia de la Asamblea.
La asambleísta de la ID, Wilma Andrade, en cambio, advirtió que la decisión de la comisión ad hoc, deja un pésimo precedente de incumplimiento de la ley, y de no entender lo que es el sistema político en el país; pues dijo que la ilegalidad que se está cometiendo puede tener consecuencias sobre el accionar de todos los asambleístas.
Presentar en la Asamblea una moción para solicitar a la Corte Constitucional una interpretación de una norma, no es ilegal sin una facultad que le da al asambleísta.
“Lo único que se busca aquí, son argumentos ilegales e improcedentes para sacar del cargo a quien, en este momento, le resulta incómodo a esta nueva mayoría”, dijo Andrade, quien indicó que lo único que falta esperar es el resultado de la votación. (I)