“Volver la pacificación a la sociedad, una reconciliación nacional y unidad” fueron los argumentos en los que 99 legisladores se sustentaron para conceder amnistías a 268 personas, entre los que están líderes políticos y sociales que participaron en las protestas de octubre de 2019, y casos de justicia indígena, defensa de la naturaleza y de los territorios.

La moción para conceder las amnistías la presentó el asambleísta de Pachakutik Mario Ruiz Jácome y la votación se registró en la madrugada de este 10 de marzo; se aceptó el informe presentado por la Comisión de Garantías Constitucionales y se dejaron de lado las críticas que surgieron desde los mismos legisladores respecto a la legalidad del documento por haberse presentado las firmas fuera de plazo.

Asamblea Nacional concede amnistía a 268 personas por casos de protestas de octubre de 2019, justicia indígena, defensores de la naturaleza y territorio

“El propósito de la amnistía es para volver la pacificación a nuestra sociedad y para una reconciliación nacional. Vamos en unidad, con un solo shungo, con una sola mente y en un solo puño a caminar como un Ecuador unido, pero con este instrumento que son las amnistías”, pronunció el legislador Ruiz un tanto emocionado.

Seis horas duró la lectura del informe. Luego se abrió el debate y el legislador ponente Ruiz insistió por tres ocasiones en que se conceden las amnistías para pacificar, para que vuelva la calma, para que el país continúe caminando como un solo puño, un solo corazón y una sola mente. “Es el olvido del cometimiento de un delito, pero un delito político o en un contexto político”, subrayó.

Que el informe de las amnistías se ha dividido en cuatro temáticas: los defensores de la naturaleza, la vida y el agua; los defensores de los territorios; quienes han realizado una protesta social y han ejercido el sagrado derecho de los pueblos a la justa rebeldía; y, quienes han ejercido su derecho a administrar justicia indígena.

Además aclaró que de la totalidad de las solicitudes de amnistías, solo el 20 % corresponde al grupo de quienes se manifestaron y protestaron en octubre de 2019, y más de la mitad de ellos no estuvieron en Quito, sino en las diferentes provincias del país. Dijo que son 268 personas que no pueden estar tranquilas porque tienen procesos judiciales.

Pedro Velasco (BAN) intervino para alertar que 48 personas incluidas en la petición de amnistía no tendrían razón de estar constando en el informe, porque sus procesos ya fueron archivados a través de providencias judiciales. Es decir, cómo se va a conceder amnistía a 48 personas cuyos casos ya fueron resueltos en materia jurisdiccional, preguntó.

También pidió una explicación y fundamento sobre la disposición del artículo 99 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, respecto al trámite de amnistías en delitos políticos, delitos conexos y derivados, no en secuestros ni en delitos de acción privada, pero si se revisa en el informe hay casos de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, hay una serie de personas involucradas, hay temas de rebelión, instigación y secuestro. Sin embargo, al final de la sesión, el representante del BAN terminó sumando su voto por la moción.

El legislador Mario Ruiz aclaró que se conceden las amnistías a todos quienes han sido procesados y los que ya han sido procesados, y que solo hay dos casos en que no se conceden, porque ya se archivó el caso en el ámbito judicial.

Fernando Villavicencio (CN-PSE) dijo que con la decisión la Asamblea Nacional pierde la memoria. “Ojalá podamos levantar y entregar al país un micropacto de la Moncloa, que se entienda que este perdón significa limpiar la política de todo el lastre“, agregó.

Añadió que este es el tiempo del perdón, pero también el tiempo del reconocimiento de los errores, pues recordó que retiró la denuncia relacionada con la legalidad del informe por la presentación tardía de las firmas que aprobaron el informe en la Comisión de Garantías, pues dijo que no se puede sacrificar el contenido y el derecho de decenas de ciudadanos, luchadores, defensores de la naturaleza y derechos humanos, un error no puede sacrificar ese derecho.

Ante la prensa señaló que las tres decisiones tomadas en la sesión 767: revisar la ley tributaria, impedir que se conforme una comisión para que se evalúe a la presidenta Guadalupe Llori y conceder las amnistías, los tres hechos forman parte de un comportamiento especial en el que varios legisladores debieron actuar. Guadalupe Llori estaba a un voto de ser removida del cargo y a generar un ambiente de inestabilidad.

“Nos arrinconaron algunos legisladores, fui arrinconado, porque no podía discriminar mi voto, yo jamás iba a votar por los conspiradores, porque quienes cometieron delito de secuestro, pero fuimos arrinconados por la propia comisión que no le permitió a la propia Asamblea discriminar los casos”, afirmó Villavicencio.

Victoria Desintonio (UNES) manifestó que en octubre de 2019 existió un rechazo generalizado a la subida del precio de los combustibles, no se atendió el reclamo social y la respuesta del Gobierno fue la represión.

Dijo que el gobierno de Lenín Moreno acusó de responsables de acciones desestabilizadoras a los miembros de la Revolución Ciudadana y que esas declaraciones buscaron construir en un imaginario social para influir en la opinión de las personas, y resulta que algunas de esas personas influenciadas también tenían poder en la administración de justicia.

Es tanto así que la Fiscalía de manera inmediata inició acciones que tuvieron atención mediática en los allanamientos y aprehensiones a los líderes del partido al que representa, que el 14 de octubre de 2019, Virgilio Hernández, Paola Pabón y Christian González fueron acusados del delito de rebelión y a los tres les concedieron prisión preventiva.

Explicó que el delito de rebelión, según el COIP, es aquel que se levante en armas para derrocar al Gobierno o dificultar el ejercicio de sus atribuciones. Dónde están las armas empuñadas por los tres: Hernández, Pabón y González, preguntó la representante del Guayas.

El legislador de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN) Guido Chiriboga dijo que metieron más de 200 casos en una sola canasta, casos tan diversos como algunos que pregonan ser acusados y sentenciados políticos, cuando otros lo que hicieron en octubre de 2019 fue quemar a Quito, fue hacer desmanes, quemar instituciones públicas en Cuenca, fue tener al país en vilo.

Insistió en que no se puede poner en una sola canasta a gente que ocasionó crímenes en contra de propiedades y personas, por ello, hay que rever el planteamiento de estas amnistías, añadió.

En el debate sobre este tema solo participaron los cinco legisladores de los 125 presentes.

Votación

Los 99 votos a favor de las amnistías determinan que las bancadas UNES y Pachakutik votaron de manera orgánica, pues cada grupo aportó con 48 y 25 votos. A la moción planteada por el legislador Mario Ruiz (PK) se sumó parte del bloque de la Izquierda Democrática y del oficialismo, representado en la Bancada Acuerdo Nacional.

Por la Bancada Acuerdo Nacional (BAN) consignaron trece legisladores: Virgilio Saquicela, Pedro Velasco, Washington Varela, Marco Troya, Eduardo Mendoza, Augusto Guamán, Mariano Curicama, Elías Jachero, María del Carmen Aquino, Diana Pesántez, Francisco León, Vanessa Freire y Lidia Macías, alterna de Gruber Zambrano.

Del bloque de la Izquierda Democrática, siete legisladores votaron a favor de las amnistías: Alejandro Jaramillo, Johanna Moreira, Amparo Guanoluisa, Marcos Molina, Ramiro Narváez, Lucía Placencia y Xavier Santos.

Los independientes que votaron por la amnistías fueron seis: Fernando Villavicencio (CN-PSE), John Vinueza (UE), Diego Esparza (AH), Amada Ortiz (antes de ID), Daniel Noboa (EU) y Bruno Segovia (antes de PK).

En la votación en contra se registró que nueve legisladores oficialistas de BAN no apoyaron la moción del legislador Mario Ruiz. También del PSC votaron siete asambleístas en contra, también hubo doce ausentes, de los cuales cinco son de la bancada de Gobierno y siete del PSC. (I).