La relación de Alejandro Vinelli Ayala y su familia con la empresa Biscayne Capital era extensa. Un proceso civil en Estados Unidos da cuenta de que varios miembros invirtieron en Biscayne Capital con la ayuda del abogado ecuatoriano Frank Chatburn, quien ya fue condenado en ese país por lavado de dinero relacionado a millonarios sobornos en Petroecuador y Seguros Sucre. En otro juicio penal, los propietarios de esa firma están acusados de estafa y lavado de dinero.

Alejandro Vinelli está prófugo de la justicia ecuatoriana, pues enfrenta un juicio por posible peculado junto con el exalcalde capitalino Jorge Yunda y otros doce acusados. Vinelli vendió pruebas de COVID-19 al Municipio de Quito que, según la Fiscalía, tenían baja sensibilidad y sobreprecio.

Vinelli recibió asesoría de Biscayne Capital para formar la empresa Windeebay Advisors Limited en las Islas Vírgenes Británicas, en 2016, según los Pandora Papers, la filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Los trámites para constituir esta compañía se hicieron mientras Vinelli tramitaba la concesión de tres áreas mineras en la Amazonía ecuatoriana.

Esa no fue su única relación con Biscayne Capital. De acuerdo con los documentos de un caso civil en Florida, unas 140 personas buscaron reparación por las inversiones que habían realizado con Biscayne Capital, que supuestamente estaban respaldados por otros fondos de inversión más conocidos. Aseguraron que fueron engañados por Frank Chatburn Ripalda.

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En este proceso aparecen como inversionistas de Biscayne Capital el hermano y el padre de Alejandro Vinelli. El primero, Sebastián, consta como representante de la empresa Kingvi Group S. A., registrada en la isla Nevis.

El segundo, Juan Vinelli Aguirre, figura como inversionista a título personal y como representante de Magson Portfolio Corp., con sede en Panamá, y de Megarmi S. A. con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Ambas empresas son las que aparecieron en los Papeles de Panamá.

Juan Vinelli Aguirre ya era dueño de Magson Portfolio cuando era subgerente de Servicios Generales en la CFN, cargo que ejerció entre junio de 2007 y agosto de 2009. Sin embargo, omitió esa offshore en dos declaraciones patrimoniales juradas que entregó a la Contraloría General del Estado.

Cuando se publicaron los Papeles de Panamá, el abogado de Vinelli Aguirre, Jean Paul Egred, aseguró a este Diario que esa omisión fue “un error involuntario” porque la única actividad que había tenido la empresa era haber recibido una transferencia desde Ecuador por $ 20.000.

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Este Diario solicitó una entrevista a Alejandro Vinelli Ayala, a su padre y a su hermano a través de correo electrónico, pero no obtuvo respuesta.

En la demanda puesta en Estados Unidos también constan como inversionistas de Biscayne Capital dos hermanas y dos sobrinas de Juan Vinelli Aguirre. Una de estas es Paola Coba Vinelli, quien fue funcionaria de Petroecuador.

Ella trabajó en la Gerencia de Comercio Internacional, bajo las órdenes de Nilsen Arias Sandoval, y llegó a ser coordinadora sénior de Comercialización. Ambos comparten responsabilidad, junto con otros exfuncionarios, en millonarias glosas emitidas por la Contraloría debido a los contratos de preventa petrolera otorgados a Petrochina, Unipec y Petrotailandia.

EL UNIVERSO revisó cuatro informes internos de Contraloría y varios procesos judiciales, y encontró trece glosas contra Coba Vinelli por un total de $ 4,7 millones.

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La más grande asciende $ 4,1 millones. La resolución de la Contraloría determinó que Petroecuador perdió ese monto entre 2010 y 2013 en varias entregas de petróleo prevendido a Petrochina. Según el informe, el perjuicio se dio porque la fórmula establecida en tres contratos para calcular el precio de los barriles contradecía un instructivo interno de Petroecuador.

Coba Vinelli revisó y suscribió las facturas de esos cargamentos. Por eso se emitió la glosa en su contra y de otros funcionarios. Este Diario le solicitó una entrevista, pero no obtuvo respuesta.

Ahora, ella aparece en sus redes sociales residiendo en Canadá. Su padre, Julio César Coba, es socio de la ecuatoriana Megarmi S. A. junto con Juan Vinelli Aguirre y la esposa de este, Guadalupe Ayala Guerrero. Esta compañía obtuvo en 2016 la concesión de las áreas mineras Paishayacu 1, 2 y 3 (en Napo y Orellana), donde podría haber yacimientos de oro.

El RUC de esta empresa ha registrado varias actividades a más de la minería, entre ellas, la venta de equipos a las Fuerzas Armadas y la Policía. Megarmi se presentó como representante de la empresa estatal China National Aero-Technology Import & Export Corporation (Catic) en 2007 para ofrecer helicópteros a la Fuerza Aérea Ecuatoriana en el proceso donde se adquirieron los Dhruv, según un documento revelado por el portal Periodismo de Investigación.

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Otra actividad de Megarmi ha sido la venta de equipos médicos y productos farmacéuticos. Alejandro Vinelli tiene otra empresa dedicada a este mismo negocio. Se llama Salumed S. A.

Esta compañía ha obtenido muchos contratos públicos con varias instituciones. EL UNIVERSO encontró 225 contrataciones desde 2009, por un total de $ 24,1 millones. La más cara es la que firmó con el Municipio de Quito para la venta de las pruebas para COVID-19. Es el negocio que mantiene a Alejandro Vinelli huido de la justicia ecuatoriana. (I)