A los tres años de cárcel definidos en sentencia contra Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo declarado autor directo del delito de abuso sexual, el Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) le suma que deberá pagar $ 21.560 como reparación integral a la víctima de este caso.

Así lo determinó la sentencia por escrito que fue notificada a las partes el jueves último por los jueces que integraron el Tribunal de Juicio: Marco Rodríguez (ponente), Daniella Camacho y Walter Macías. La decisión oral se conoció en el último día de la audiencia de juzgamiento dada el 20 de octubre pasado.

El abuso sexual condenado en primera instancia se habría cometido contra la pareja del exministro de Salud Mauro Falconí, entre la noche del 15 y madrugada del 16 de mayo pasado, en una reunión en la vivienda del exfuncionario.

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Fiscal Diana Salazar afirma que son $ 46.570 que se encontraron en el departamento de Mauro Falconí y son parte de una investigación por peculado

La resolución oral señala que Carrión deberá cancelar la suma de $ 21.560 a la víctima, una vez el fallo que se haya ejecutado, es decir, haya pasado por la sentencia de segunda instancia y la casación. Se aclara en el documento que el monto definido corresponde al tratamiento psiquiátrico derivado de la infracción penal, conforme establecieron el rubro los testimonios de un perito psicólogo y un médico psiquiatra.

“Dicho rubro estará sujeto a las facturas respectivas que deberá presentar la víctima en fase de ejecución”, explica la sentencia por escrito, que además incluye que el condenado debe brindar disculpas públicas a la víctima en una audiencia reservada que será convocada en la fase de ejecución del fallo.

Marcelo Icaza, abogado de la víctima, indicó estar de acuerdo con la reparación integral impuesta, más aún, dijo, porque está basada en lo que ellos como defensa pudieron probar en audiencia.

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Carrión recibió una pena de tres años de cárcel pese a que la fiscal general, Diana Salazar, solicitó al Tribunal que lo condene con la pena máxima, más agravantes, es decir, cerca de siete años de privación de libertad.

Rodríguez, Camacho y Macías tomaron la decisión asegurando, según la sentencia por escrito, que ni Fiscalía ni la víctima aportaron prueba que justifique circunstancia agravante alguna. “Este Tribunal estima que la pena justa y proporcional para Freddy Carrión es de tres años, que está dentro del rango legal que prevé el tipo penal de abuso sexual en el artículo 170, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal”.

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La defensa de Carrión inmediatamente se dio la sentencia oral adelantó que apelará la decisión que fue adoptada de forma unánime por los miembros del Tribunal. Ahora que ya se notificó la sentencia por escrito, el paso previo a la apelación sería pedir una aclaración a temas que no están bien fundamentados en el fallo.

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Junto con la pena de cárcel y el pago de la reparación integral, Carrión fue sancionado a pagar una multa de diez salarios básicos unificados ($ 4.000) y en el momento que el fallo esté en firme se deberá notificar al Consejo Nacional Electoral de la pérdida de los derechos políticos del condenado por el mismo tiempo que dure la pena privativa de libertad.

Finalmente, el Tribunal conminó a la Fiscalía General que inicie las investigaciones respectivas o si ya las ha iniciado, a continuar con estas respecto al posible cometimiento de un delito de acción pública en el que se podrían determinar autores o cómplices. Los jueces se referían a $ 46.570 encontrados en el departamento del exministro Falconí, los cuales no se habrían justificado.

El 1 de septiembre pasado, la fiscal Salazar compareció ante la Asamblea en el marco del juicio político contra Carrión, proceso que terminó con la censura y destitución del cargo de defensor del Pueblo titular, el 15 de septiembre último, por 75 votos afirmativos del pleno del Legislativo.

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En su intervención, Salazar aclaró que no se trataba de $ 47.000, sino de $ 46.570 los que fueron hallados en el departamento en el que se produjo el abuso sexual. Eso se habría dado, dijo, debido a que como parte de la investigación se hizo una exploración del sitio y fueron encontrados en el dormitorio máster y en un cuarto contiguo en el departamento.

El dinero habría ingresado como evidencia parte de una investigación previa por un delito contra la eficiencia de la administración pública, relacionado con un peculado que habría ocurrido en contratos de pruebas rápidas para COVID-19 del Arcsa. (I)