Carlos Poveda, miembro del equipo legal internacional de Julian Assange, reconoció que “el tiempo se está agotando” para impedir la extradición de su defendido a Estados Unidos, tras la orden de entrega remitida este miércoles por un juez del Reino Unido al Gobierno británico para su validación final.

“Estamos luchando en todos los países donde tenemos causas de Julian. Si no, estaríamos derrotados”, manifestó el abogado ecuatoriano en una entrevista con Efe, en la que advirtió que “hay una agilidad (en el proceso legal), no es que sea inusitada, pero se van agotando recursos”.

Y es que después de que el pasado 14 de marzo el Supremo británico desestimara el último recurso presentado por la defensa de Assange para evitar su extradición, su equipo esperaba que aún se dilatara unas semanas, sino meses más, la decisión que este miércoles cayó como un jarro de agua fría.

El fundador de WikiLeaks está ahora más cerca de ser entregado a EE.UU. y el envío de la última instrucción de la Justicia británica marca un punto de inflexión en su caso, sobre el que deberá pronunciarse la ministra del Interior del Reino Unido, la conservadora Priti Patel.

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El caso se inició con la detención inicial del australiano en Londres en 2010 tras una denuncia de violación por parte de la Justicia sueca y que en 2019 fue archivada, pero aún no ha tocado a su fin, puesto que le quedan opciones de impugnación a las partes en litigio, al margen de la decisión de la ministra británica.

Recursos legales

Miembro del equipo que encabeza el exmagistrado español Baltasar Garzón, el responsable de su defensa en Ecuador detalló que la defensa fundamentará una petición a Patel basada en tres líneas fundamentales.

Por un lado, la cuestión de "la afectación psicológica y el riesgo de suicidio" que entraña Assange; por otro la idea de que la interrupción del asilo en 2019 por parte de Ecuador "contrarió los derechos humanos de una persona protegida internacionalmente" y, por último, "que la extradición genera un precedente negativo contra la libertad de expresión".

"Tenemos hasta el 18 de mayo para presentar argumentos jurídicos, porque a pesar de tener un escenario político (por la decisión que debe adoptar Londres), el caso no deja de tener connotación jurídica y de respeto a los derechos", acotó el abogado.

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Adicionalmente e, independientemente de la decisión que tome la titular del Interior, los defensores de Assange aún pueden presentar una impugnación adicional a una eventual decisión de extradición, así como también podría recurrir la Justicia de EE.UU. en caso de no obtener el beneplácito del Ejecutivo británico, precisó.

Y recordó que, en último recurso, la defensa "podría recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pese a que ni Assange ni el Reino Unido son comunitarios.

"Esto sería más complicado, pero sería la última instancia y se podría esgrimir que Assange estuvo en situación de asilo, que es de carácter universal, un andamiaje de la justicia universal que ha sido reconocido por el sistema interamericano", aseveró.

Actuación de Ecuador, punto fuerte

Como punto fuerte de la defensa, el asesor legal considera la forma en la que Assange fue extraído por la fuerza de la Embajada de Ecuador en Londres el 11 de abril de 2019, después de que este país le retirara su condición de asilo.

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Argumenta, en este sentido, que en ese momento su defendido "desconocía formalmente los cargos que se le imputaban y la petición de extradición", que salieron a la luz tiempo después, lo que según él, reafirma la tesis de una trama organizada entre varios países para entregarlo a Estados Unidos.

Ese país reclama a Assange para procesarlo por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal, que, según su equipo legal, pueden acarrear hasta 175 años de cárcel.

"De los 18 cargos, 17 corresponden a ejercicios de derechos fundamentales y uno a una supuesta complicidad para descifrar claves informáticas", censuró el abogado.

De 50 años, Assange estuvo casi siete asilado en la Embajada de Ecuador en Londres y en 2017 fue nacionalizado ecuatoriano, aunque este país le retiró esa condición formalmente en 2021, decisión que aún debe resolver la Corte Nacional.

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Poveda insistió en que el australiano sigue siendo ecuatoriano, que cuando fue detenido en Londres era una persona protegida internacionalmente, que la Constitución de este país prohíbe la extradición de un connacional y que su detención fue arbitraria.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo el mes pasado que daría “todas las facilidades que correspondan” sobre el caso, antes de asegurar que Assange fue “un tema político, muy polémico, donde el Gobierno de (Rafael) Correa (2007-2017) forzó las leyes ecuatorianas para dar protección a un hacker, un pirata de los sistemas digitales”. (I)