La Organización de los Estados Americanos (OEA) se encuentra reunida desde este miércoles en su 51.ª Asamblea General, con Guatemala como país anfitrión, en un contexto convulso después de que Daniel Ortega ganara las elecciones en Nicaragua sin opositores de peso y con la pandemia muy presente por segundo año consecutivo.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, tachó los comicios nicaragüenses de “ilegítimos” y llamó a tomar medidas ante “la clara violación de la Carta Democrática Interamericana”.

Ante la crisis nicaragüense, la OEA podría adoptar la suspensión del país centroamericano de la organización.

Reconocida como uno de los instrumentos interamericanos más completos, promulgado para la promoción y fortalecimiento de los principios, prácticas y cultura democráticas entre los países de las Américas, la Carta fue adoptada en una Asamblea General extraordinaria de la OEA celebrada en Lima el 11 de septiembre de 2001.

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En junio pasado Almagro ya se declaró partidario de activar los mecanismos para aplicar el artículo 21 de la Carta.

Este artículo establece que “cuando la Asamblea General, convocada a un periodo extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato”.

Indica también que “el Estado miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos” y que una vez “adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado miembro afectado”.

Esta capacidad de sancionar a los países miembros que sufran rupturas institucionales es inédita en el mundo. Solo en las Américas está contemplada en su acervo jurídico.

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No obstante, Nicaragua, que se encuentra presente en la cita que se extenderá hasta el viernes y que lleva por lema “Por una América renovada”, aseguró, momentos antes de que inicie, que sus elecciones fueron libres y sin chantajes.

El representante permanente de Nicaragua ante la OEA, Arturo McField Yescas, defendió, en su intervención, los comicios del pasado domingo, que fueron calificados como “farsa” por una parte de la comunidad internacional.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dejó en manos de los países que integran ese organismo la posible aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua, después de las cuestionadas elecciones del domingo. Foto: EFE

El funcionario nicaragüense pidió la palabra en medio de un diálogo entre miembros y observadores de la OEA, debido a que varias representaciones, como la de España, Suiza e Italia, criticaron los comicios del domingo al señalarlos de “antidemocráticos”, además de pedir la liberación de políticos encarcelados en Nicaragua.

McField subrayó que el domingo en su país se votó con “el 65 por ciento de participación y el 75 por ciento dio su respaldo a la Gran Alianza Nicaragua Triunfa”, para otorgarle un nuevo periodo en el poder a Ortega, que gobierna el país centroamericano desde 2007.

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El representante nicaragüense enfatizó que la Asamblea General de la OEA debe “ver hacia el futuro y no hacia el pasado de colonialismo” y reiteró que en Nicaragua “votan los nicaragüenses de manera libre, sin sanciones ni chantajes”.

McField también lamentó que el continente siga mostrando tintes “retrógrados”, pues señaló que los países con más recursos “acapararon las vacunas y negaron el recurso a países pequeños” como Nicaragua.

Con los resultados del domingo, Ortega, quien gobierna desde 2007 tras haberlo hecho de 1979 a 1990, se garantizaron cinco años más como presidente, nuevamente con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.

La Carta ha sido aplicada en diez ocasiones

La Carta está dividida en seis capítulos: I) La democracia y el Sistema Interamericano, II) La democracia y los derechos humanos, III) Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza, IV) Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática, V) La democracia y las misiones de observación electoral, VI) Promoción de la cultura democrática.

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Amparada en el capítulo IV, la OEA puede mediar en diferentes crisis que se presenten en sus miembros, según estos se lo soliciten.

Así, el documento regional ha sido aplicado en diez ocasiones desde el 2002. El momento más crítico de las veces que ha sido aplicado es cuando los países suspendieron a Honduras en el 2009, con base en el artículo 21.

La decisión ocurrió luego que se produjera un golpe de Estado, que sacó del gobierno al presidente Manuel Zelaya. La OEA indicó que la Carta iba a servir como una medida de presión. El país se reintegró en 2011 en el gobierno de Porfirio Lobo.

La OEA intervino para reestablecer el orden en otros países.

En 2002 lo hizo en Venezuela, en defensa del gobierno de Hugo Chávez que había sufrido un golpe militar, refiere CNN. El 13 de abril, los países miembros aplicaron la Carta y enviaron una misión especial con el fin de restaurar el orden democrático en Venezuela y al día siguiente, Chávez volvió a su cargo, refiere CNN.

En Bolivia la Carta fue invocada en tres ocasiones, 2003, 2005 y 2008 por la crisis derivada de la denominada “guerra del gas” que desató una etapa de crisis que comenzó en el 2003, con diferentes protestas callejeras en rechazo a medidas económicas implementadas por el entonces mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada. Ante la expansión del conflicto, el Gobierno pidió la intervención de la OEA, que respaldó al presidente.

Sin embargo, la crisis no cesó y las protestas se volvieron más violentas. Sánchez de Lozada dimitió y su vicepresidente, Carlos Mesa, asumió el poder entre protestas que lo hicieron renunciar también y la OEA aplicó la carta por segunda vez para realizar nuevas elecciones en las que Evo Morales ganó.

La llegada de Morales trajo intentos de reformas constitucionales para reducir los reclamos, pero encontró una fuerte oposición. La OEA designó a un enviado especial para analizar lo que estaba sucediendo y luego de varios intentos de promover el diálogo entre las partes, en el 2008, la OEA aplicó una tercera Carta Democrática instando a los actores políticos a trabajar en conjunto y superaron la crisis.

En Perú se solicitó intervención de la OEA en 2004 por cuestionamientos que enfrentaban el gobierno de Alejandro Toledo en medio de la severa crisis heredada del gobierno de Alberto Fujimori. La OEA aplicó el documento en febrero en apoyo de Toledo.

En Nicaragua se ha aplicado dos veces, en 2004 y en 2005, por temas de corrupción a los que se vinculaba al entonces presidente Enrique Bolaños. En octubre del 2004, Nicaragua atravesó una de sus peores crisis políticas desatada por la denuncia de la Contraloría General que acusó al entonces presidente Enrique Bolaños por cargos de corrupción. La Contraloría pidió la destitución del mandatario ante el Congreso, de mayoría opositora.

Bolaños pidió la participación de la OEA y el 17 de octubre, el organismo envió una misión a Managua para promover el diálogo entre el oficialismo y la oposición, que terminó con el anuncio del entonces líder opositor Daniel Ortega de no apoyar la destitución del presidente.

Al año siguiente, el Legislativo volvió a enfrentarse con el Ejecutivo tras una serie de enmiendas constitucionales. Bolaños invocó una nueva participación de la OEA, se superó el conflicto y se celebraron elecciones presidenciales en las que Ortega salió elegido.

En Ecuador ha sido aplicada también en dos ocasiones. La primera en 2005 solicitada por el presidente Alfredo Palacio, luego de asumir tras la destitución de Lucio Gutiérrez, para restablecer el orden constitucional y la Corte Suprema.

En 2010, la OEA volvió a mediar durante el mandato de Rafael Correa luego de la revuelta policial del 30 de septiembre. El organismo manifestó su “repudio a cualquier intento de alterar la institucionalidad democrática”, en relación con la revuelta policial que enfrentó el entonces presidente Rafael Correa el 30 de septiembre. (I)