Un proyecto de ley planteado por el gobierno de Perú amenazaría más de nueve millones de hectáreas de bosque amazónico, un total del 13,5% de toda la Amazonía peruana, afectando también a unos 25 pueblos indígenas en aislamiento.

El proyecto propone sacar del proceso para reconocer la existencia de los PIACI (pueblos en aislamiento y en contacto inicial) y crear reservas indígenas al ministerio de Cultura, de Ambiente y a otras ocho entidades estatales y organizaciones indígenas y dejarlo en manos de los gobernadores y las universidades locales.

Tabea Casique, secretaria de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana en representación de otras etnias, presentó una denuncia ante la ONU, para reclamar los derechos de los pueblos indígenas y sus tierras.

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Según Casique, la iniciativa legal deja en manos de los gobernadores regionales “decidir la existencia de los PIACI”. Se trata de un “conflicto de interés” porque “promueven actividades económicas extractivas” dentro de estos territorios, hasta ahora protegidos por ley y los acuerdos internacionales, denunció esta representante del pueblo Asheninka en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, que se reúne hasta el 28 de abril en Nueva York.

De acuerdo a Casique, el texto presentado por el congresista Jorge Alberto Morante, de Fuerza Popular, es “discriminatorio y atentatorio para los pueblos indígenas” y una “grave amenaza de genocidio” para esta población “que no tiene fronteras”.

“Si a esa área de protección indígena va una empresa petrolera o maderera estaríamos extinguiendo a estos hermanos”, alertó. Según AFP, alrededor de 7,500 integrantes de los pueblos indígenas se ven afectados por la medida.

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“La Amazonía está en un punto de no retorno”, aseveró Cacique. “Estamos pidiendo que esa ley se detenga y más bien que se dé mayor atención a los hermanos PIACI”.

“El proyecto es inconstitucional al pretender la regresión en derechos humanos y atentar contra los principios de descentralización” y la legislación vigente, dice un informe elaborado por AIDESEP, que agrupa a nueve organizaciones regionales, 109 federaciones y 2.439 comunidades nativas.

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Asimismo, “vulnera de manera directa su derecho a la vida y la salud de estas poblaciones extremadamente vulnerables, violando sus derechos fundamentales constitucionalmente protegidos”. (I)