En abril el gobierno del presidente Iván Duque quiso aprobar una reforma tributaria, pero esta provocó las peores protestas en varios años durante dos meses y pese a que al principio eran por el proyecto, luego se le sumaron otras causas en medio de una crisis ahondada por la pandemia de coronavirus.
Sin embargo, según el Gobierno, la situación obliga a tener que hacer cambios y ha vuelto a presentar un proyecto de reforma tributaria luego de las protestas, que le provocaron críticas internas y externas por la represión de las fuerzas públicas, y bajaron su intensidad.
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La sombra de las movilizaciones que arrancaron el pasado 28 de abril dominó la reunión trimestral en el Consejo de Seguridad de la ONU esta semana, mientras se pasaba revista a la implementación del acuerdo de paz sellado en 2016 con las FARC. Varios Estados miembros se mostraron muy preocupados por la situación en Colombia.
Algunos, como Rusia, vincularon directamente las protestas con la falta de avances en el proceso de paz y la degradación de la situación de seguridad en zonas del país, mientras que otros condenaron las muertes durante las manifestaciones, haciendo referencia al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que denunció un uso excesivo de la fuerza por parte del Estado.
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La vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Ramírez, dijo que las movilizaciones no responden a problemas en la implementación del acuerdo de paz, sino a las dificultades creadas por la pandemia del COVID-19. Además, sugirió que están vinculadas al menos en parte con las próximas elecciones en el país, destacando una “extraña coincidencia” de las movilizaciones con “el proceso electoral que se avecina”.
Sin embargo, en las siete semanas de protestas -el paro se suspendió el pasado 15 de junio- fallecieron 74 personas, al menos 20 de ellas por disparos de la Policía, mientras que el Gobierno vincula a esas jornadas 25 fallecidos, pero ya quedó señalado.
El proyecto de reforma tributaria anterior desató multitudinarias protestas que coincidieron además con el momento más crítico de la pandemia de coronavirus, ya que Colombia es uno de los países más afectados de la región (4,5 millones de casos y 113.000 muertes -el noveno del mundo con más decesos-).
Con esa propuesta el Gobierno esperaba recaudar 25 billones de pesos (unos 6.540 millones de dólares) con iniciativas impopulares como la ampliación de la base tributaria o el progresivo aumento del impuesto a la renta a quienes ingresan 2,4 millones de pesos mensuales (628 dólares).
La iniciativa no alcanzó a ser debatida en el Congreso y hubo encuentros con partidos políticos, organizaciones civiles, la academia y el sector privado.
Pero ahora, por la situación económica, el ejecutivo no tuvo más remedio que volver a intentarlo, aunque prometiendo inversión social.
De acuerdo con el diario colombiano El Espectador, el próximo 20 de julio llegará al Congreso la reforma que pretende cambiar la composición del recaudo y gasto fiscal.
El documento detalla que mantendrá hasta diciembre de 2022 el ingreso solidario de 160.000 pesos a hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad (3,3 millones de hogares). También incluye matrícula cero en la universidad a 695.000 estudiantes con vulnerabilidad económica.
Otro punto importante es que subsidiará el 25 % del salario (equivalente a la seguridad social) para la contratación de 188.000 jóvenes y 10 % del salario de otras 271.000 personas hasta 2022.
La intención con esto es bajar el desempleo de los jóvenes al 15,8 % (23,9 % menos).
Pero sigue manteniendo como objetivo una mayor recaudación en las personas naturales de clase media al ampliar la base gravable y eliminar a grupos exentos de pagar IVA. Aunque habrá anualmente tres días sin IVA para fomentar las compras electrónicas.
El proyecto espera elevar la recaudación a 15,2 billones de pesos colombianos (unos 3.977 millones de dólares) y 60 % de estos vendrán de las empresas. Además se quiere lograr 1,9 billones con un plan de austeridad reduciendo burocracia y gastos de adquisición de equipos, vehículos, publicidad y hasta viáticos.
El sector financiero tendrá una sobretasa de 3 % al impuesto de renta corporativa.
El objetivo, según una publicación de El Tiempo, es bajar la pobreza en 4,1 millones de personas y en 2,7 millones la pobreza extrema. Tomando en cuenta que la población de Colombia es de 50 millones de personas.
También se pretende recuperar 500.000 trabajos para volver a niveles de empleo prepandemia.
“Lo que tenemos frente a nosotros es un proyecto de inversión social soportado por unas decisiones de ingresos que son suficientes en este momento para dar el paso que como sociedad merecemos dar”, dijo Duque la noche del martes durante la presentación de la propuesta, recogida por EFE.
El ministro de Hacienda, José Restrepo, dijo a la FM que el documento de la ley tendrá 35 artículos y que pese a que el país necesita reformas para cubrir los problemas estructurales de tributación, no se puede profundizar en los cambios como los del proyecto anterior en este momento. (I)