Chile es escenario este lunes de manifestaciones para conmemorar dos años de las multitudinarias protestas en las que se exigieron cambios para acabar con la profunda desigualdad del país y que impulsaron la redacción de una constitución nueva.

Este segundo aniversario del “estallido social”, que cambió el escenario político de un país con una de las economías más estables en la región, coincide con el inicio de la redacción de la nueva constitución, un proceso que en noviembre de 2019 logró canalizar por la vía institucional la rabia hacia un modelo sin bienestar por el que una mayoría de los 19 millones de chilenos pidió un “nuevo pacto social”.

Desde primera hora de la mañana, diversas manifestaciones se han reproducido en el país, sobre todo en Santiago, donde se originó la revuelta en 2019, que dejó más de una treintena de muertos y acusaciones internacionales de violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno conservador de Sebastián Piñera por la dura represión de las protestas.

Estudiantes de secundaria, quienes iniciaron el movimiento por la subida del precio del billete del metro, lo que derivó en la gran revuelta del 18 de octubre de 2019, se colgaron este lunes de una pasarela próxima al edificio Costanera Center, el mayor rascacielos de Sudamérica.

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“El único camino es el ejemplo de octubre”, mencionaba la pancarta con la que se encaramaron a la pasarela.

En otra parte de la ciudad, un centenar de personas cortó el tránsito de vehículos en la Alameda, la principal arteria de Santiago, para demandar viviendas dignas.

5.000 policías desplegados

Hay más de 50 convocatorias a manifestarse por la tarde y en la céntrica plaza Italia de Santiago, epicentro de las protestas en 2019. Las autoridades retiraron semáforos y contenedores de basura para evitar que sean destruidos.

También los locales comerciales de la zona de la plaza prevén cerrar varias horas antes para evitar daños.

Al menos 5.000 agentes de policía han sido movilizados en todo Chile para hacer frente a las posibles protestas que se generen, según la prensa local.

Desde la revuelta social de hace dos años, los reclamos de las clases trabajadoras y los grupos de izquierda por una salud pública universal, educación gratuita y de calidad y pensiones dignas siempre han chocado con las intenciones del Gobierno de derecha, los empresarios y otros sectores conservadores.

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Estos últimos buscan evitar un cambio del sistema neoliberal introducido por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y mantenido durante los últimos 30 años de democracia, que rige por una constitución también heredada del régimen militar, foco de las críticas en las manifestaciones.

Nueva constitución

La actual Constitución será sustituida, si los chilenos lo ratifican en un plebiscito el próximo año, por una carta magna que actualmente está debatiendo la Convención Constitucional, de 155 miembros. Un órgano que, según su presidenta, la académica mapuche Elisa Loncon, es un “símbolo” del éxito de la revuelta social.

“Es un día simbólico, un día donde Chile y la ciudadanía ganó por unidad. [Tenemos que] realizar los cambios profundos para conseguir de manera democrática una nueva constitución”, afirmó Loncon este lunes ante la prensa.

La Convención comienza este lunes, después de más de 100 días dedicados a fijar sus reglamentos internos, a tratar los temas de fondo que serán incorporados en el articulado de la nueva carta magna.

“En esa dirección es que pedimos todos los apoyos, aportes y toda la discusión democrática. Todo diálogo es necesario y toda la discusión es necesaria”, señaló Loncon.

En cambio, para el candidato presidencial de la derecha oficialista, Sebastián Sichel, el segundo aniversario de las protestas no es un día para celebrar. “El 18 de octubre es un día que nos debería doler a todos, no de conmemoración ni de celebración. Es el fracaso de la clase política, y los violentos se tomaron la agenda porque la clase política no pudo resolver los problemas urgentes”, indicó en una rueda de prensa.

El aniversario del estallido social llega en medio de la campaña para los comicios del 21 de noviembre, en los que se elige al sucesor de Piñera y se renueva el Congreso.

La desaprobación del mandatario saliente alcanza al 68 %, según la última encuesta CEP, y la oposición en conjunto presentó la semana pasada al Congreso una “acusación constitucional” contra Piñera que puede conducir a su destitución.

El nuevo presidente debe asumir el 11 de marzo próximo. (I)