La publicación de los Pandora Papers, un informe elaborado por centenares de periodistas de medios de más de un centenar de países, en el que se filtraron unos doce millones de documentos sobre personas reconocidas que tienen empresas en paraísos fiscales, está generando gran cantidad de repercusiones y acciones tanto en la región como a nivel mundial.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló en su investigación que catorce líderes latinoamericanos aparecen entre la élite mundial que usó una telaraña de fideicomisos y sociedades fantasma en sitios como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur en EE. UU. para no pagar impuestos.

Entre ellos figuran tres actuales presidentes de la región: el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader; y once exmandatarios figuran también: el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo; los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el paraguayo Horacio Cartes, y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.

Los “papeles de Pandora” también cuestionan las actividades en Brasil del ministro de Economía, Paulo Guedes, y del presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto; así como las actividades en Argentina del consultor Jaime Durán Barba, cercano al expresidente Mauricio Macri, y del ya fallecido Daniel Muñoz, exsecretario del expresidente Néstor Kirchner.

Publicidad

En el caso de Piñera, los medios chilenos CIPER y LaBot revelaron que el mandatario hizo negocios en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas; entre esos negocios figura la compraventa del proyecto minero Dominga, una operación que involucró al empresario Carlos Alberto Délano, uno de sus amigos de la infancia.

Tras las revelaciones, diputados chilenos de oposición anunciaron que presentarán una acusación constitucional en contra de Piñera, vinculado, recoge AFP.

¿Qué son los Pandora Papers?

“Todas las bancadas de oposición hemos acordado iniciar una Acusación Constitucional contra el presidente Sebastián Piñera”, indicó en el Congreso a la prensa Jaime Naranjo, diputado del Partido Socialista, flanqueado por otros parlamentarios.

La acusación constitucional busca establecer la responsabilidad de altos funcionarios públicos, y de prosperar, puede conllevar la destitución de Piñera, cuando faltan seis semanas de la primera vuelta de la elección presidencial.

“Es una acusación basada en una mentira, únicamente fundada en razones políticas, electorales de corto plazo que hacen pedazos la idea de una democracia”, respondió Jaime Bellolio, ministro vocero de la Presidencia.

La Cámara Baja tiene previsto votar antes del 21 de noviembre la admisibilidad de la acusación, para lo cual la oposición contaría con los votos de la mitad más uno de los 155 miembros necesarios para aprobarla. Luego pasaría al Senado —donde las fuerzas políticas están más equilibradas—, que actuará como jurado y donde se requiere el voto de los dos tercios de los 43 senadores, según información del Congreso.

Publicidad

Piñera rechazó toda acusación y posible conflicto de interés tras confirmar que todos sus activos fueron puestos bajo un fideicomiso ciego desde su primera presidencia (2010-2014) y que fue sobreseído de cualquier delito luego de que la justicia investigó los hechos en 2017.

En el caso de las revelaciones de Brasil, la Fiscalía pedirá explicaciones al ministro Guedes y Campos. El fiscal general brasileño, Augusto Aras, abrió el lunes un “escrutinio preliminar” sobre las empresas offshore vinculadas a ambas autoridades, que ya han manifestado que son legales y están debidamente declaradas ante el fisco, refiere EFE.

De acuerdo con la investigación, Guedes es dueño de la firma Dreadnoughts Internacional, con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Esa empresa recibió depósitos por 9,5 millones de dólares hasta septiembre, cuando aún seguía activa, de acuerdo con la ICIJ.

Por otro lado, Campos Neto abrió en Panamá la sociedad Cor Assets, que estuvo en funcionamiento desde 2004 hasta agosto de 2020, cuando fue cerrada, más de un año después de asumir la presidencia del Banco Central.

El procedimiento instaurado por la Fiscalía General de Brasil es una especie de “preinvestigación” que puede desembocar en la apertura formal de una investigación o en un carpetazo al asunto, si no encuentra indicios suficientes.

La riqueza oculta de líderes mundiales expuesta en una filtración sin precedentes

Las sospechas sobre Guedes y Campos Neto han llevado a diversos parlamentarios de la oposición al Gobierno del presidente Jair Bolsonaro a solicitar directamente a la Corte Suprema la apertura de sendas investigaciones.

Los Pandora Papers se basan en 11,9 millones de archivos de 14 despachos que crearon sociedades en paraísos fiscales y suponen la mayor filtración de la historia, superando a los “papeles de Panamá” publicados en 2016 y que abrieron un debate a nivel mundial sobre la corrupción.

Paraísos fiscales de EE. UU. fueron expuestos

Lejos de los paisajes de montaña suizos o de las playas paradisíacas de las Bahamas, varios estados rurales de Estados Unidos son paraísos fiscales que flexibilizan su legislación para atraer capitales, como Dakota del Sur, que salta a la luz en los Pandora Papers.

“Durante la última década, Dakota del Sur, Nevada y más de una decena de estados estadounidenses se convirtieron en líderes en temas de secreto financiero”, destaca la extensa investigación periodística.

Chuck Collins, del Institute for Policy Studies y uno de los expertos encargados de la investigación, mencionó que, si se necesita crear una empresa pantalla que reúna actividades internacionales para no pagar impuestos, Delaware (estado por el cual el presidente Joe Biden fue senador durante 36 años) es el primer paraíso fiscal para esta opción.

El experto añade que, si se quiere crear un trust (una figura legal para incorporar patrimonio), estados como Dakota del Sur modificaron sus leyes para permitirlo.

El estado rural de la zona central del norte estadounidense, conocido por albergar el monte Rushmore, con las caras de presidentes grabadas en la roca, es un precursor en la materia desde los años 70 y 80 del siglo pasado, cuando quiso captar fondos en momentos en que su economía iba muy mal.

Decenas de otros estados le siguieron el paso a Dakota del Sur, en mayor o menor medida. En 2020, 17 de las 20 jurisdicciones menos restrictivas del mundo para los trusts se ubicaban en estados estadounidenses, según un estudio universitario israelí citado en los Pandora Papers.

Estados Unidos ocupa así el lugar 25 del ranking 2020 de paraísos fiscales de la oenegé Tax Justice Network.

En este contexto, el Gobierno de Joe Biden anunció que “está determinado a traer más transparencia (...) a los sistemas financieros estadounidense e internacional”, según dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Otras acciones en Europa y Asia

La investigación ha provocado que Gobiernos del sur de Asia se comprometan a investigar los hallazgos. En Pakistán, el primer ministro, Imran Khan, agradeció la investigación y anunció la formación de un comité de alto nivel.

“El comité investigará si ha habido casos de blanqueo de dinero, evasión fiscal o corrupción relacionados con estas empresas offshore”, dijo un portavoz del Ministerio de Información, Muhammed Afzal, y aclaró que si se descubre cualquier caso (de fraude) será referido a la Agencia Federal de Investigación (FIA) u otras autoridades competentes.

Unos 700 nombres de ciudadanos paquistaníes aparecen en los papeles. El ministro de Finanzas, Shaukat Tarin, y el ministro de Recursos Hídricos, Moonis Elahi, son nombrados en la investigación, en la que también aparecen familiares de otros ministros y relevantes líderes políticos asociados al Gobierno, refiere AFP.

La India también ha anunciado una investigación, después de que unos 300 ciudadanos del país asiático fueran nombrados en los Pandora Papers.

Las autoridades indias se comprometieron además a “involucrarse de forma proactiva” con otros países para obtener información sobre las compañías en paraísos fiscales.

Otros países de la zona, como Sri Lanka, se han visto igualmente salpicados por la investigación y han anunciado medidas.

Por su parte, en el Viejo Continente, la Confederación Europea de Sindicatos pidió a los ministros de Economía de la Unión Europea (UE) que anulen la decisión, tomada en 2017, de no definir como paraísos fiscales ni imponer sanciones a los países que no revelen quiénes son los propietarios de las empresas registradas en sus países.

El gremio apuntó que el importe de las pérdidas fiscales anuales a través de los paraísos fiscales “es enorme, hasta 360.000 millones de euros anuales”, porque sigue siendo “demasiado fácil” trasladar los beneficios de las empresas y los activos privados a los paraísos fiscales.

En medio del escándalo, los países de la Unión Europea sacaron el martes de su “lista negra” de paraísos fiscales a Seychelles, Anguila y Dominica, un recorte que ha hecho arreciar aún más las críticas contra el bloque, publicó EFE.

La actualización del listado estaba programada, puesto que se revisa cada seis meses, y coincidió con las revelaciones que reabrieron el debate sobre las normas europeas contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, que se reforzaron tras los Papeles de Panamá en 2016, y que han llevado a eurodiputados de todo el arco político y oenegés a pedir más dureza contra las actividades que cada año privan a las arcas públicas de millones de euros en impuestos.

Pese a ello, los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete aprobaron el cambio que deja la “lista negra” en nueve países: Panamá, Samoa Americana, las islas Fiyi, Guam, Palau, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes estadounidenses y Vanuatu.

Estos y otros territorios considerados paraísos fiscales se caracterizan por una regulación opaca que dificulta saber quién está realmente detrás de las empresas y que facilita escapar al fisco. Y, si bien la creación de sociedades offshore no es ilegal, con frecuencia se utilizan para eludir el pago de impuestos. (I)