Un oficio de la Superintendencia de Bancos del 22 de julio de 2020 desnuda la grave situación financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que maneja los fondos del Seguro General Obligatorio.

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El documento indica que para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (jubilaciones) se estimaban ingresos por $ 3.102 millones en el 2020, pero la cobertura de las pensiones jubilares y de otros beneficios de los retirados implicaba un desembolso de $ 4.832 millones.

El Seguro de Salud Individual y Familiar proyectaba ingresos de $ 1.520 millones, pero el gasto llegaba a $ 2.093 millones.

Henry Yánez, asesor del frente de Jubilados del IESS, afirma que el origen del problema en el manejo de los fondos de los afiliados (trabajadores del sector público y privado que aportan) es la concepción que se tiene de la seguridad social.

El financiamiento, dice, debería ser en función del pago de una prima definida en cálculo actuarial que cubra solo a los que finalmente aporten. “Pero al IESS lo han manejado como una entidad estatal y pública, cuando no lo es, es un seguro que protege a los trabajadores, eso no es entendido en el país”, asegura.

El sistema de financiamiento del IESS requiere de que el Estado le pague por prestaciones de salud que atiende sin estar financiadas por el cobro de la prima.

La estimación de esta deuda estatal cambia de forma constante y el cálculo del valor ha estado influenciado por la intromisión política, dice Yánez.

Uno de los últimos datos que se tienen, agrega, es que la deuda ascendía a $ 7.062 millones acumulada desde el 2012 hasta julio del 2020. El valor incluye la atención de salud de los jubilados, de las jefas del hogar y de las personas con enfermedades catastróficas y con discapacidad, al igual que el aporte estatal del 40% para cubrir las pensiones jubilares.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) estimaba recaudar $ 411′539.159 en enero pasado de sus 3′551.061 afiliados activos, una reducción del 9,7% respecto a diciembre del 2019.

Pero el número de jubilados va en aumento, al igual que el resto de obligaciones. El déficit anual llega a los $1.700 millones, según el analista económico Pablo Lucio-Paredes.

Hay un proceso de desfinanciamiento de los fondos del IESS y de las reservas de los afiliados y jubilados, indican dirigentes y especialistas. “Esto es gravísimo y no hay solución por parte del Ejecutivo y del Legislativo”, afirma Édison Lima, presidente de la Asamblea de Jubilados y Pensionistas Adultos Mayores del Ecuador.

De los 3,5 millones de afiliados de enero, 2′990.383 tienen relación de dependencia, 270.306 aportan de forma independiente y 184.311 bajo el régimen voluntario, al que algunos acuden para completar los aportes y jubilarse.

El resto cotiza con valores mínimos y son los 376.367 del Seguro Social Campesino y 339.237 trabajadores del hogar no remunerados. “El dinero del IESS no es del Gobierno, ni del partido de turno, sino de los afiliados aportantes. Se requiere un manejo ético y responsable de las recaudaciones”, dice Lima.

“Los casi tres millones de afiliados (en relación de dependencia) sostienen una política pública que no les corresponde. El IESS atiende a personas no afiliadas bajo el argumento de que el Estado contribuirá, pero no paga y solo la deuda en salud actualmente debe estar en los $ 5.500 millones acumulada desde el 2012”, afirma Yánez.

Una muestra del manejo del IESS son medidas que han sido impugnadas. Los afiliados esperan ya casi tres años por una sentencia de la Corte Constitucional (CC) sobre la forma cómo se calcula la pensión jubilar establecida mediante resolución en agosto del 2017 cuando Richard Espinosa era presidente del Consejo Directivo del IESS.

El mecanismo se sigue aplicando y el cálculo implica una menor pensión jubilar para los afiliados que se jubilan desde que está en vigencia.

La demanda de inconstitucionalidad contra la fórmula fue presentada en abril del 2018 por el jurista y exdiputado Marco Proaño Maya.

Las autoridades del IESS dijeron en su momento que con el cálculo establecido se contiene en parte la práctica de los afiliados de aportar más durante los últimos años antes de su jubilación para obtener una pensión mayor.

La CC ha sentenciado a favor de los afiliados en el pasado. En la sentencia del 18 de diciembre de 2019 se declaró la inconstitucionalidad del descuento del 2,76% de las pensiones jubilares para financiar la decimotercera y decimocuarta pensión y el auxilio funerario que se entrega a los retirados.

Con ello se suspendió la medida establecida en el 2015 durante el régimen de Rafael Correa.

Otra decisión que mantiene desfinanciado al Fondo de Pensiones fue la reducción del aporte de los afiliados al seguro de jubilación, al igual que la eliminación del aporte fijo estatal del 40% para cubrir las mensualidades de los retirados vigente entre 2015 y 2018, ambas medidas establecidas también durante el régimen de Correa.

La tabla de distribución implicó que la aportación al Fondo de Pensiones baje del 9,44% al 5,76% del total de aportes de los afiliados al IESS.

Ricardo Ramírez, dirigente de los jubilados, afirma que se estableció la inconstitucionalidad de la eliminación del 40% del aporte fijo estatal para cubrir las pensiones, pero no se determinó la reparación del periodo cuando estuvo vigente por lo que el hueco presupuestario se mantiene.

El Estado tiene la obligación nuevamente de aportar con el 40% al Fondo de Pensiones recién a partir de enero del 2019.

Pero solo la deuda acumulada desde octubre del 2019 hasta diciembre del 2020 por el aporte estatal del 40% para cubrir las pensiones jubilares asciende a $ 1.529 millones. El Gobierno pagó $ 600 millones en efectivo y $ 929 millones en bonos a cinco, diez y quince años plazo.

“Pero desde enero hasta acá no está pagando de nuevo el 40%, es un dato fidedigno, le corresponde pagar 160 millones mensuales”, dice Yánez.

Restando los pagos realizados más lo que se sigue acumulando pues la deuda actual del Gobierno con el IESS, afirma Yánez, llegaría a los $ 6.300 millones.

Los jubilados mueven la economía del país los 20 de cada mes cuando reciben sus pensiones

El método de incremento de las pensiones anterior al del 2015, cuando se estableció que suban según la inflación, era proporcional al monto de la mensualidad. “A los que ganaban menos se les subía más y a la inversa, entonces la solidaridad se eliminó con el método actual”, dice Ricardo Ramírez, dirigente de los jubilados.

Las autoridades del IESS han dicho en su momento que hacen un cálculo matemático en el que se toma en cuenta el costo de la vida y de la canasta básica para determinar el aumento incluso cuando hay deflación, lo que implicaría una reducción.

“Es un incremento irrisorio de hasta $ 2 de un año a otro”, indica Ramírez. “Hay que tomar en cuenta que la gran masa de jubilados aportaban con el sueldo básico o apenas un poco más. Estos representan más del 80% de los afiliados”, agrega.

Los jubilados mueven la economía los 20 de cada mes cuando reciben la pensión y compran medicinas y alimentos en las farmacias, mercados y supermercados. (I)