Ecuador es un país que históricamente no atrae inversión extranjera directa (IED) acorde al tamaño de su economía. En América del Sur está a la cola, superando solo a Bolivia y Paraguay, según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe del 2020.

En 2019 se recibió $ 946 millones de inversión extranjera directa, $ 442 millones menos que en 2018. Durante el 2020 se llegó a $ 1.016,9 millones. El monto fue apenas el 1% del producto interno bruto (PIB) del año pasado, dos puntos menos del promedio de la última década en la región, donde representó el 3,4% del PIB.

La mayor cantidad de la IED que llega al Ecuador se da para acceder a la riqueza de recursos naturales del país en la industria extractiva. El 40% de lo invertido en 2020 fue al sector minero.

Los municipios tienen la facultad, desde octubre del 2010, de establecer estímulos tributarios para atraer inversión nacional y extranjera a sus territorios con la vigencia del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

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La inversión pública y privada total que contiene a la IED fue de $ 23.252,5 millones en el país en el 2020, el monto más bajo desde el 2012, según cifras del Banco Central del Ecuador.

El art. 498 del COOTAD da la facultad a los concejos cantonales o metropolitanos de “disminuir hasta en un cincuenta por ciento los valores que corresponda cancelar a los diferentes sujetos pasivos de los tributos” mediante ordenanza.

Uno de los últimos en establecer estos estímulos tributarios es el cantón Catamayo, en Loja, con una ordenanza que busca atraer el emprendimiento de nuevas actividades productivas y comerciales. Está vigente desde mediados de este mes.

Las rebajas pueden darse en seis impuestos municipales por un periodo de hasta 10 años y en un porcentaje del 50%, según el monto total de la inversión y el número de empleos que se generen.

Para que no haya discrecionalidad o una política dirigida, según Bárbara Terán, profesora del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, se indica en la norma que “los estímulos establecidos tendrán el carácter de general, es decir, serán aplicados en favor de todas las personas naturales o jurídicas que realicen nuevas inversiones”.

Justamente aquí radica una de las limitaciones, ya que el marco legal recalca que la reducción corresponderá a nuevas inversiones en el desarrollo del turismo, la construcción, la industria, el comercio u otras actividades productivas, culturales, educativas, deportivas, de beneficencia, así como las que protejan y defiendan el medio ambiente.

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“Pueden disminuir hasta en un 50% sus impuestos para fomentar nuevas inversiones. Ellos son los que deciden qué requisitos deben tener las nuevas inversiones. Hay 9 impuestos municipales que pueden ser reducidos por esta medida”, agrega Terán.

El uso de esta herramienta ha sido mayor en medio de la pandemia del COVID-19, que generó un confinamiento con un cierre total de la mayoría de los negocios entre marzo y junio del 2020.

Los estímulos tributarios son herramientas vigentes desde antes de la pandemia, pero aun así no se han conseguido los resultados esperados con excepciones.

La limitación principal es la inseguridad jurídica. Ecuador no atrae inversión extranjera al nivel de otras naciones de la región como Colombia, Perú, Costa Rica y Uruguay, según los dirigentes empresariales.

Cambios de reglas constantemente; normas discrecionales para control de las autoridades que les permiten aplicar sanciones sin criterios predefinidos y un sistema de justicia colapsado y corrupto” coadyuvan, dice Terán, para ahuyentar las inversiones.

Yaguachi es uno de los cantones del país que apuesta por la atracción de negocios desde antes de la pandemia. Allí está el Parque Industrial, de Acopio y Distribución (PIADY), un proyecto privado que ofrece lotes urbanizados para inversiones en una variedad de sectores.

Luis Neme, presidente del directorio de PIADY, afirma que el proceso de encontrar el lugar idóneo e instalar los servicios básicos de agua potable y energía puede ser muy engorroso cuando se trata de grandes inversiones. Ahí radica la facilidad que pueden otorgar los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

“Entendemos que no puede haber un descontrol y que las regulaciones son necesarias para el desarrollo industrial de cualquier país, pero eso también conlleva a que se pueda dificultar y extender demasiado los procesos para un inversionista”, afirma.

En este caso, un proyecto como “PIADY facilita y simplifica todos los permisos que se deben sacar”, como por ejemplo, lotes con acceso a redes eléctricas de media tensión soterradas y a plantas de tratamiento de aguas residuales y de agua potable, al igual que vías de acceso adecuadas.

Un desarrollo industrial desordenado sin regulaciones y ordenamiento territorial puede ocasionar contaminación, congestión vehicular y la instalación de fábricas en medio o en los bordes de las zonas residenciales.

“Industrias bien asentadas traen bienestar. Espacios como PIADY son pensados para minimizar estas problemáticas que pueden surgir del desarrollo industrial e incrementar los beneficios, como generación de trabajo y riqueza, transferencia de tecnología, productividad, todo lo bueno que trae el desarrollo empresarial en un entorno ordenado”, indica Neme.

La inversión en PIADY es de $ 50 millones y la idea surgió en 2008 cuando Neme fue parte de la instalación de una industria en Yaguachi.

“Guayaquil acertadamente empezó a regular el tráfico pesado en las zonas industriales que fueron positivas en su momento, pero con el crecimiento urbano se dificultaba ya la operación. Al ser una zona urbana, muy poblada, tenía aspectos negativos. Todas esas regulaciones obligaron a las empresas a reorganizarse y moverse. En mi caso a pensar en tener una zona industrial cerca del Gran Guayaquil, que no esté lejana pero si fuera de su zona urbana”, asegura Neme.

La construcción del PIADY empezó en el 2015 y la primera en asentarse fue la cementera Holcim en el 2018. Hay más de 80 empresas que tienen previsto hacer inversiones. Siete ya están operativas del sector de distribución, logística y manufactura en Yaguachi.

Además, hay una farmacéutica y otras empresas del sector metalúrgico, de alimentos, de balanceado y de la industria del plástico que empezaron o iniciarán las construcciones este año. Con la inversión de una de ellas ya se supera el total invertido para hacer PIADY. “Si la instalación costó $ 50 millones, lo que ha invertido e invertirá el sector privado es mucho más, supera los $ 500 millones”, señala Neme.

Solo durante lo que va de este año se han generado 100 plazas de trabajo directo e indirecto en Piady.

La pandemia motivó la aplicación de estímulos tributarios

Chone fue uno de los primeros en disponer, debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, la suspensión en abril del 2020 del cobro de los cánones de arrendamiento a los arrendatarios de bienes inmuebles municipales ubicados en el terminal terrestre y en pasajes comerciales del cantón con excepción de los locales que provean víveres o medicinas.

Después se incluyó a los comerciantes de víveres y en diciembre último se estableció que se descontará hasta un 50% del impuesto predial a quien pinte o arregle las fachadas durante este año.

El estimulo fue más allá en octubre pasado al determinar la reducción de hasta el 50% del pago de la patente municipal a todos los negocios debido a la pandemia. Es un aporte “a la reactivación económica y productiva”, indica la ordenanza que reglamenta la rebaja. Aquí no se distinguió de las inversiones nuevas.

En Shushufindi bajaron los impuestos prediales y el 1,5 x 1000 sobre los activos totales a las propiedades relacionadas con inversiones turísticas.

Ambato, Cuenca, Guayaquil, Playas Villamil, Riobamba y Samborondón son otros de los cantones que aprobaron medidas parecidas, indica Byron Cárdenas, vicepresidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME): “En condiciones normales se requiere un análisis económico del impacto de la medida en el presupuesto municipal ya que en todo caso es un dinero que deja de ingresar”.

Cárdenas dice que hay otras maneras de incentivar la producción como el ordenamiento territorial y la regulación del uso del suelo para abaratar las propiedades en ciertas áreas con el fin de hacer más accesible las inversiones a los ciudadanos.

Los incentivos tributarios se hacen mediante leyes

Para modificar o exonerar cualquier tributo se necesita una norma de rango legal, según el art. 132 de la Constitución vigente, afirma Terán. “Las ordenanzas lo pueden hacer porque así está dispuesto expresamente en el COOTAD (Ley orgánica)”.

Otra limitación es que solo pueden establecer la reducción en nueve impuestos de competencia municipal señalados en el COOTAD.

Estos estímulos tienen un mayor empuje cuando también se complementan con exoneraciones de los impuestos nacionales.

“Existen regímenes de inversión que favorecen a determinados cantones más que a otros” en la legislación nacional, indica Terán.

Estas exoneraciones pueden ser totales dentro de un periodo de años según determinadas condiciones e involucran a los impuestos cuya competencia recaudatoria es del Gobierno Central a través del Servicio de Rentas Internas (SRI).

El grueso de los impuestos los cobra el SRI. Solo entre enero y marzo de este año hay una recaudación efectiva a nivel nacional de $ 3.204,7 millones, menor a los $ 3.304,8 millones recaudados en el mismo periodo del 2020.

El objetivo es promover las inversiones y crear nuevos polos de desarrollo en sitios que no son parte de los núcleos urbanos principales del país como Guayaquil, Quito y Cuenca.

Impuestos que pueden reducir los municipios

1.- El impuesto sobre la propiedad urbana.

2.- El impuesto sobre la propiedad rural.

3.- El impuesto de alcabalas.

4.- El impuesto sobre los vehículos.

5.- El impuesto de matrículas y patentes.

6.- El impuesto a los espectáculos públicos.

7.- El impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía de los mismos.

8.- El impuesto al juego.

9.- El impuesto del 1,5 por mil sobre los activos totales. (I)