Siete de cada diez personas que tienen un trabajo en Ecuador no tienen acceso a la seguridad social, es decir, no aportan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Son trabajadores independientes o incluso laboran en empresas que no afilian a sus empleados, es decir, permanecen en la informalidad laboral.

La economía no logra recuperarse al punto de generar más empleos de calidad que al menos garanticen el sueldo básico (425 dólares) con afiliación a la seguridad social, afirma Alberto Acosta Burneo, analista y editor de la revista Análisis Semanal.

Una menor cantidad de asalariados con seguridad social marca las finanzas del IESS, organismo público que tiene entre sus principales obligaciones atender a sus afiliados y jubilados con prestaciones de salud, préstamos quirografarios e hipotecarios y el pago de las pensiones a los retirados.

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Aportes de los afiliados voluntarios al IESS sumaron 45′810.336,80 dólares entre enero y marzo de 2022, hay aportantes desde el exterior aunque se quejan por menores beneficios

El número de afiliados con relación de dependencia, es decir, que cuentan con patronos (empleadores) bajó de 2′661.198 en diciembre del 2019 a 2′487.685 en el mismo mes del 2021. Mientras, a marzo de este año eran 2′497.803 trabajadores, un 6 % menos que antes de la pandemia del COVID-19.

Es decir, un total de 163.395 empleos con seguridad social bajo relación de dependencia se perdieron entre diciembre del 2019 y marzo de este año.

La problemática de fondo es que la economía nacional, dice Henry Yánez, asesor del Frente de Jubilados del IESS, no tiene autonomía para producir los bienes de producción ya que debe importar la mayor parte de los bienes de capital (sobre todo maquinaria), insumos y materias primas para usar en la industria, el comercio y los servicios.

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“Un ejemplo es que en Houston, Estados Unidos, se industrializan los taladros para perforar los pozos petroleros, pero acá en el país los importamos, entonces la economía no se desarrolla y hay un alto porcentaje de informalidad”, indica.

La consecuencia es una menor cantidad de empleos con afiliación a la seguridad social o que tengan ingresos suficientes, incluso un gran grupo no alcanza a ganar ni el mínimo legal. Es un círculo vicioso que deriva en que las personas no tengan la capacidad económica para aportar, aunque sea por cuenta propia con el fin de obtener una pensión jubilar al retirarse.

“Es un problema complejo. Cómo vamos a obligar a que los vendedores del sector de la Bahía de Guayaquil aporten al seguro si son trabajadores por cuenta propia que no alcanzan a ganar ni los $ 200 al mes, al igual que en la zona de Ipiales, en Quito”, sostiene Yánez.

El porcentaje de aportación como afiliado voluntario o independiente es del 17,6 % del salario básico unificado que en el 2022 se fijó en $ 425, es decir, el aporte mínimo es de $ 74,8 al mes, monto que tendrían que destinar para estar asegurados.

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Las aportaciones de los afiliados asalariados se financian, en cambio, del 20,6 % de sus sueldos o salarios registrados ante el IESS (11,15 % los cubre el empleador y el 9,45 % el trabajador).

Del monto de aportaciones se va alimentando los cuatros seguros: el de Salud (Seguro General de Salud Individual y Familiar), el de Pensiones (de Invalidez Vejez y Muerte IVM), el de Riesgos del Trabajo y el del Seguro Social Campesino.

El 68 % de los afiliados activos al IESS son los asalariados del sector privado y público. Sus aportes suman $ 2.069,8 millones entre enero y marzo de este año, el 91,6 % del total de lo que ha recaudado la entidad en el mismo periodo del 2022.

El 75,5 % de los afiliados bajo relación de dependencia pertenece al sector privado y el 24,5 % al público en marzo último. Los empleos del sector comercial tienen un gran peso en el total.

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Las recaudaciones del IESS del 2021 tuvieron un incremento ínfimo del 3 % respecto al 2020, pero del 2019 al primer año de la pandemia (2020) disminuyeron un 6,5 %.

La meta de ingresos para el 2022 es de $ 8.835 millones, es decir, $ 223 millones más que lo recaudado en el 2021, informó el IESS a este Diario. Sin embargo, aún no se tiene previsto llegar a los $ 8.943 millones recaudados durante el 2019, antes de la pandemia.

‘Sería una locura para el Biess fondear al Gobierno, cuando debe ser al revés’: Francisco Cepeda

“Hubo un deterioro muy grande del empleo formal en el país, entonces hay una recuperación pero de manera gradual. Para acelerar ese ritmo de recuperación necesitamos que la economía crezca más rápido, caso contrario no habrá una mejora para volver a los niveles antes de la pandemia y menos aún a lo registrado en la bonanza (por el incremento de los precios del petróleo) hasta el 2014 cuando cinco de cada diez personas con empleo tenían uno formal en el país; hoy tienen tres de cada diez″, manifiesta Acosta.

Del 2014 al 2019 se destruyeron más de 500.000 empleos adecuados, caracterizados por incluir a los trabajadores que ganan igual o más que el salario básico, agrega. “En la pandemia se ahondó esta crisis”.

Acosta vaticina que la problemática no se solucionará este año, ya que la generación de empleo requiere más producción, lo que se logra de manera significativa con más inversiones, añade. “Por eso era tan importante una ley para reactivar el empleo a través de la reactivación de la inversión, es la única vía para recuperar esos valores”.

Las reformas no han generado un aumento significativo de los empleos con seguridad social

El anuncio del régimen de Guillermo Lasso de invertir $ 14.000 millones en las vías e infraestructura del país genera esperanza, ya que la construcción es uno de los sectores que más dinamizan la economía por la obligatoriedad de afiliar a los trabajadores, dice Yánez.

“El actual régimen tiene más ingresos desde octubre del 2021 por el incremento de los precios del petróleo a un valor promedio de $ 100 por barril y desde diciembre hasta la actualidad el Gobierno tiene también una mayor recaudación por impuestos debido a la entrada en vigencia de la reforma tributaria a través del denominado ministerio de la ley (cuando la Asamblea no hace uso de sus atribuciones respecto a los proyectos que envía el Ejecutivo)”, asegura Yánez.

Además, la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y de Sostenibilidad Fiscal y otras aprobadas durante el periodo del expresidente de la República Lenín Moreno (2017-2021) tenían el objetivo de generar empleo, lo que no se evidencia en la práctica, afirma Yánez.

La tasa de desempleo no logra recuperarse y se ubicó en marzo pasado entre las más altas de los últimos años con un 4,8 % de la población económicamente activa que busca empleo y no lo encuentra, apenas marginalmente menor a la registrada en marzo del año pasado (4,9 %).

Detrás de este porcentaje están 397.645 personas que no encontraron trabajo en marzo pasado de los 8,3 millones que eran parte de la Población Económicamente Activa (PEA), definida como quienes buscan empleo o lo tienen, es decir, los desempleados y la población con empleo.

El ingreso laboral promedio de un hombre con empleo fue de 453,6 dólares en marzo pasado, mientras que el de una mujer fue de 412,3 dólares, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos. El sueldo promedio nacional fue de 438,2 dólares, monto que no cubre la canasta familiar básica de ese mes fijada en 725,27 dólares.

Consejo Directivo del IESS analizará escenarios con cuatro variables sobre la jubilación y sus pensiones

“Los trabajadores por cuenta propia o autónomos no se van a afiliar al Seguro Social porque deberían tener un ingreso líquido mensual sobre los 425 dólares, pero los que venden caramelos o agua en las calles no llegan ni a $ 200 al mes por más que se hagan reformas, pues no van a ingresar a la seguridad social”, asegura Yánez.

Al dirigente de los jubilados le preocupa el uso del dinero del Fondo de Pensiones (ahorro acumulado e invertido de la aportación histórica destinada para las contingencias de vejez, invalidez y muerte) con el fin de cubrir los 4.600 millones de dólares que se deben destinar este año para el pago de las pensiones jubilares. “Hay una paulatina y constante descapitalización de los Fondos de Pensiones y de Salud”.

Estos dos fondos son para que estos seguros subsistan en el tiempo (ahorro) y tienen déficit. El 11,06 % del salario mensual de aportación del afiliado asalariado se destina para el Fondo de Pensiones y el 5,5 % va al Fondo de Salud.

Lo que se recauda de los afiliados (2.300 millones de dólares al año) ya no alcanza para financiar lo que se va en cubrir las pensiones anuales de los jubilados (4.600 millones de dólares) por lo que se usa el dinero del Fondo de Pensiones, es decir, lo ahorrado.

Lo mismo ocurre con el Fondo de Salud. Para cubrir estas prestaciones de los afiliados y jubilados al IESS, en cambio, se requieren 1.900 millones de dólares al año. “De ahí el clamor y la lamentación de ellos porque no reciben la atención adecuada. Una que requiere atención para un tratamiento en la sangre necesita pastillas que no se las da el IESS y que cuestan 300 dólares mensuales, por lo que las compra con sus propios ingresos”, dice Yánez.

Ambas obligaciones suman $ 6.500 millones, lo que representa el 73 % de las recaudaciones totales del 2021 que sumaron $ 8.612,8 millones, valor que incluye las aportaciones de los asalariados más lo pagado por préstamos quirografarios e hipotecarios y lo obtenido del resto de regímenes de afiliación (voluntarios, del Seguro Social Campesino, los del trabajo no remunerado del hogar y otros).

El tema es que se debe seguir alimentando el Fondo de Pensiones y el de Salud para cubrir las pensiones de los próximos jubilados y las atenciones de salud en el tiempo, en su orden.

La deuda del Gobierno con el IESS por el aporte estatal que debe dar por ley para cubrir el 40 % de las pensiones jubilares cada año, más la atención de salud de las personas con enfermedades catastróficas y de los jubilados asciende a más de ocho mil millones de dólares.

Presidente del IESS, Francisco Cepeda, asegura que aportes no se modificarán y que el Gobierno honrará deuda

¿Quiénes están obligados a ser parte del Seguro General Obligatorio?

El art. 2 de la Ley de Seguridad Social indica que son sujetos obligados a solicitar la protección del Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella; en particular:

a. El trabajador en relación de dependencia.

b. El trabajador autónomo.

c. El profesional en libre ejercicio.

d. El administrador o patrono de un negocio.

e. El dueño de una empresa unipersonal.

f. El menor trabajador independiente.

g. Las personas que realicen trabajo del hogar no remunerado.

h. Las demás personas obligadas a la afiliación al régimen del Seguro General Obligatorio en virtud de leyes o decretos especiales. (I)