Problemas fiscales y sociales: los desafíos económicos que Daniel Noboa tendrá que enfrentar durante su mandato presidencial

La situación económica del país, con un déficit fiscal mayor a los cinco mil millones de dólares y un aumento en los niveles de pobreza, es una de las papas más calientes que tendrá en sus manos el presidente Daniel Noboa Azín durante su mandato que empezó este 23 de noviembre de 2023, pero no es el único. Dentro de sus promesas de campaña destacó el empleo y la seguridad.

La pobreza por ingresos afecta al 27 % de la población nacional, según la última medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Son 4′926.599 personas que ganan menos de 89 dólares mensuales, lo que representa que deben vivir con 2,96 dólares por día.

El reto se centra en la capacidad de armar el equipo que le ayude a enfrentar de la forma más efectiva posible esta problemática económica y social.

“No sé si tiene el equipo necesario para manejar esto”, dice el catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) con sede en Quito Simón Pachano.

¿Cuáles son las papas calientes de la Asamblea Nacional que se posesiona este 17 de noviembre?

El meollo aquí es de dónde sacar el dinero para cubrir este déficit, que significa gastos que debe hacer el Gobierno central, como los compromisos con los gobiernos locales o con la población, expresado en los sueldos de los trabajadores del sector público (profesores, doctores, policías, entre otros).

“Una forma de ir resolviendo es pensar en algún tipo de alianzas con los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) para impulsar con ellos políticas de reactivación de la economía y generación de empleo. Es inevitable que el Gobierno tenga que entregar el dinero a los GAD, es un mandato constitucional por lo que sería conveniente pedirles que hagan un giro para que se comprometan en políticas que no hacen”, sugiere Pachano.

El hecho de que aún no termine de configurar su gabinete a pocos días de la posesión, dice el analista político y profesor de la Universidad Politécnica Salesiana Pablo Romero, evidencia la poca capacidad que puede tener en términos de la gestión del Estado.

“Al final, la gestión del Estado es una acción que implica un montón de esfuerzo, conocimiento, hay muy poca gente que quiere vincularse por todo lo que aquello significa, entonces esto puede ser efectivamente una dificultad muy fuerte”, asegura Romero.

Una primera prueba será el pago del decimotercer sueldo a los trabajadores del sector público, que debe cancelarse hasta el 24 de diciembre de cada año.

Un segundo tema crítico, de los detallados y expuestos por analistas, es sin duda la inseguridad, que es una prioridad para este régimen que empieza.

El fin sería dotar al país de las garantías para trabajar sin vacunadores. “Establecer un mínimo marco de seguridad que es indispensable para desenvolverse. Este es un gran desafío porque es enfrentar a carteles internacionales que tienen aquí sus bandas”, dice el doctor en Jurisprudencia y excandidato presidencial Ricardo Noboa Bejarano.

El desafío de Daniel Noboa es conseguir la reactivación económica y la independencia de la justicia, lo que le permitirá saltar las papas calientes, agrega.

El problema, dice Pachano, es que no hay una comprensión del fenómeno de la inseguridad: “No se reduce simplemente a la compra de equipos y de instrumentos para las fuerzas del orden, es un tema multidimensional, un problema transnacional. Algo en lo que no se ha puesto atención en lo de seguir la ruta del dinero del narcotráfico. Ecuador al estar dolarizado da muchas facilidades en ese sentido para que entre dinero sucio”.

Un tema adicional es la decisión de la consulta popular de parar la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní no deja margen de acción. El problema podría desatarse si se incumple y no se deja la actividad.

“Este resultado es mandatorio, el Gobierno actual quiso ignorarlo pero eso constituiría una violación constitucional, por lo tanto no creo que el próximo Gobierno lo haga, no le queda otra que acatar”, dice Pachano, quien cree que fue un error dejar a merced de las urnas este tema.

La promesa de aumentar las pensiones jubilares podría ser cuesta arriba en medio de una situación económica deplorable. El no cumplimiento conllevaría a la reactivación de la protesta social, ya que es un tema sensible. Sin embargo, “al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) hay que mirarlo de manera más independiente porque tiene sus propios recursos”, afirma Pachano.

Más allá del compromiso de Noboa, no sería adecuado el incremento de las pensiones en el contexto actual, indica el analista político: “Posiblemente se puede hacer un reajuste de las pensiones más bajas, pero no tocar las más altas porque eso sí ocasionaría problemas en las finanzas de este organismo (que maneja los fondos de la seguridad social)”.

Inclusive, el incumplimiento de esta promesa puede generar que el movimiento indígena vuelva a desplegarse. “Reaparezca como una dinámica de oposición y de movilización en contra del Gobierno”, afirma Pablo Romero.

Sin embargo, este compromiso está en la cancha de la demagogia, dice Ricardo Noboa. “Con la realidad actual es una oferta muy difícil de cumplir. Primero hay que estabilizar al IESS”.

Todo lo que genere protesta social se vuelve una papa caliente que ningún mandatario quiere sostener por largo tiempo. Su consecuencia es inestabilidad y el desgaste del régimen.

En este ámbito entra en discusión la reforma laboral, una de las deudas no cumplidas por el régimen actual de Guillermo Lasso.

“Al concretarse la alianza con el correísmo en la Asamblea (con una mayoría de la que son parte el movimiento oficialista Alianza Democrática Nacional y el Partido Social Cristiano) es poco probable que se dé paso a esta reforma laboral (con la que se busca debatir nuevos modelos de contratación que rijan sobre todo a las nuevas generaciones)”, afirma Pachano.

La estrategia para concretar este cambio debe incluir un gran diálogo nacional. “La frase es muy gastada pero así es, no es simplemente enviar una ley a la Asamblea y que esta además la cambie totalmente, haciendo que no sirva para el objetivo que se busca. Aunque sería difícil aprobar esta reforma con la conformación actual del Legislativo”, asegura Pachano.

En este punto y otros rige la campaña presidencial para el 2025 con cálculos políticos que estarán por encima de todas las decisiones del Legislativo. “Muy difícilmente pasarán proyectos de ley de importancia por allí. El presidente ya es un candidato y me parece una imprudencia que lo haya mencionado (Noboa habló de reelección en su viaje a Estados Unidos el 6 de noviembre pasado”.

El nivel de confrontación en el Legislativo dependerá de cómo Noboa logre manejar la mayoría creada. “Entrar como domador a esa jaula y ver cómo puede domar a todas esas voluntades que se han unido sin que se escapen de la cancha que supuestamente se ha marcado, pero ya veo que empieza a demarcarse porque ya quieren resucitar el juicio político contra (el aún presidente de la República) Guillermo Lasso”, dice Ricardo Noboa.

De aquí a cinco meses, si Daniel Noboa comienza a tener éxito, el pacto con el correísmo le puede pasar factura. “Empezarían los boicots ya que no les conviene su triunfo porque la Revolución Ciudadana apunta sus cartas para las elecciones presidenciales del 2025, empezará el torpedeo como la fiscalización de sus ministros″.

Sería contraproducente si esta mayoría en la Asamblea implica impunidad en los casos de corrupción que involucran al correísmo, agrega Noboa Bejarano: “Le tomamos la palabra al presidente Noboa y al Partido Social Cristiano, siempre y cuando esto no implica impunidad, juicio político a la fiscal (Salazar), no implique todas aquellas cosas que han dicho que no implican”.

En lo económico sí se podría convocar a un diálogo nacional para la liberación del precio de los combustibles viendo los errores del régimen que culmina, agrega Pachano: “El gobierno de Lasso cometió el gravísimo error de buscar un acuerdo exclusivamente con la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), un sector que representa una minoría en el país, el 7 % de la población ecuatoriana según el censo anterior, y no abrió el diálogo con otros sectores, como sindicatos, cámaras, organizaciones sociales”.

El objetivo se centra en bajar el costo del subsidio a los combustibles, que en el último año significó alrededor de 4.500 millones de dólares. Este flujo que no vaya al subsidio se puede canalizar, por ejemplo, a los GAD para que trabajen con el Gobierno en pos de su posible reelección, plantea Pachano.

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Para Noboa Bejarano, el presidente electo tiene la posibilidad de aplicar una regulación del empleo que funcione de forma paralela al Código de Trabajo que data de 1938. “La gente tiene que entender que debe existir una legislación laboral para las generaciones más jóvenes. Este concepto de los derechos adquiridos bajo el amparo de ciertos tipos de leyes está bien, pero debería ser facultativo. Puedo querer renunciar a derechos del Código viejo con la finalidad de tener un mejor trabajo”.

El peligro de caer en el denominado default de la deuda pública, que es una situación en la que el deudor no ha pagado la totalidad de las deudas que tiene con sus acreedores, es la sexta papa caliente que mencionan los analistas.

La declaración del presidente electo sobre la posibilidad de incumplir con el pago de la deuda pública tuvo el efecto de incrementar el riesgo país que se disparó a los 2.030 puntos,

“Se vienen vencimientos el próximo año, entonces es un tema urgente”, afirma Pachano. Al régimen de Noboa le toca cancelar un total de 5.380 millones de dólares hasta 2025.

La séptima papa caliente que requiere solución inmediata son los racionamientos de energía, que de continuar podrían carcomer la popularidad de este nuevo régimen.

En este sector hay materias pendientes de difícil solución. Una opción a corto plazo sería la compra de barcazas para generar energía con la quema de combustibles fósiles, plantea Pachano, pero la producción de es costosa.

El problema de la energía, dice Noboa Bejarano, responde a la falta de inversión: “Tenemos un modelo totalmente estatal en la provisión, entonces cuando hay estiaje nos enfrentamos a la situación de racionamientos. El Estado es un muy mal inversionista en materia de energía y se ha negado a la inversión privada. Esta la tienen los colombianos, peruanos y casi todos los países que no tienen problemas de suspensión del servicio. Urge una reforma a la Ley de Electrificación, modernizarla ya que fue concebida por estatistas en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno”. (I)