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Estas son las propuestas políticas del plan de gobierno de la candidata Luisa González

El plan de la aspirante a la Presidencia incluye impulsar reformas electorales y eliminar privilegios de cargos electos.

Luisa González es candidata presidencial por el movimiento Revolución Ciudadana, lista 5. Foto: Carlos Granja Medranda

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La formación continúa de jueces y fiscales, impulsar reformas electorales, acordar un pacto ético y promover una legislación para regular los lobbies son algunas de las propuestas de acciones políticas que plantea el movimiento Revolución Ciudadana con su candidata a la Presidencia, Luisa González, que va por la lista 5.

Estas son las propuestas económicas del plan de Gobierno de la candidata Luisa González

González, con el 100 % de las actas escrutadas, logró 33,61 % de votos válidos, lo que significa 3,3 millones de sufragios. La candidata lidera en 14 provincias: 7 de la Costa, 4 de la Sierra y 3 de la Amazonía.

A continuación a detalle sus propuestas en el plan de gobierno:

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  • Recuperar la independencia, la imparcialidad y la plena sujeción a Ley y a la Constitución de la Función Judicial y la Fiscalía para que cumplan con su función de sancionar delitos y no personas. Establecer medidas para impedir la utilización de la justicia como un mecanismo de persecución política, así como la aplicación del derecho penal del enemigo y el uso político del sistema de justicia.
  • Promover la adopción de leyes orientadas a evitar la intromisión de los poderes fácticos, incluidos los poderes económicos y mediáticos, en la administración de justicia, asegurando las posibilidades para hacer realidad el principio de imparcialidad de las y los jueces.
  • Promover legislación que garantice la independencia interna de la Función Judicial, equilibrando las atribuciones sancionatorias del Consejo de la Judicatura frente a la facultad jurisdiccional del juez.
  • Apoyar a la Función Judicial en el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Consejo de la Judicatura que aseguren la transparencia y la meritocracia en los procesos de selección, evaluación y promoción de los jueces y demás servidores judiciales.
  • Promover políticas para el respeto de los límites de la Función Judicial, a fin de evitar que sea el instrumento de combate entre adversarios políticos, persecución política.
  • Reivindicar la independencia y la imparcialidad de los jueces, fiscales y defensores públicos dotándoles de mecanismos efectivos.
  • Promover la formación continua de jueces, juezas y fiscales para conseguir un sistema de justicia de excelencia, con permanente enfoque de derechos humanos.

Lucha contra la corrupción y el crimen organizado

  • Acordar un pacto ético de toda la sociedad.
  • Promover una cultura anticorrupción a través de políticas de prevención.
  • Fortalecer los marcos legales y regulatorios. Establecer normas sólidas que penalicen la corrupción y el crimen organizado, y promover su cumplimiento efectivo. Esto implica mejorar la legislación existente, cerrar lagunas legales y fortalecer los sistemas de rendición de cuentas.
  • Desarrollar políticas para la erradicación de la corrupción sistémica en el ámbito público, tales como la selección, evaluación y promoción transparente y meritocrática de los servidores públicos.
  • Promover la transparencia y la rendición de cuentas. Implementar medidas que fomenten la transparencia en la gestión pública y privada, así como la rendición de cuentas de los funcionarios y líderes empresariales. Esto incluye fortalecer los mecanismos de supervisión, auditoría y sanción, y garantizar la protección de los denunciantes de corrupción.
  • Mejorar la capacidad de los sistemas judiciales y de aplicación de la ley para investigar, procesar y sancionar los casos de corrupción y crimen organizado.
  • Implementar políticas y medidas que permitan la incautación, confiscación de activos y bienes obtenidos de manera ilícita por actos de corrupción y delincuencia organizada, y destinarlos a programas de desarrollo social y lucha contra estos delitos.
  • Garantizar la seguridad y protección de los testigos y denunciantes de corrupción y crimen organizado, brindando incentivos y mecanismos legales para facilitar su cooperación con las autoridades.
  • Promover legislación para sancionar las prácticas de “puertas giratorias”, por la cual algunos políticos y funcionarios públicos pasan de sus cargos a los directorios de grandes empresas o se benefician de retribuciones en una y otra manera.
  • Promover legislación para transparentar el financiamiento de los partidos políticos.
  • Promover legislación para regular los lobbies transparentando su incidencia política.
  • Fortalecer la transparencia del sistema de contratación pública.
  • Eliminar los privilegios de los cargos electos, tanto de los que gozan durante el ejercicio de sus funciones (dietas, prebendas, etc.) como de los que les son atribuidos una vez que han concluido sus mandatos (pensiones especiales, etc.), de manera que sus derechos sean como los del resto de los trabajadores.
  • Establecer y fortalecer mecanismos de cooperación y coordinación entre los países para combatir la corrupción y el crimen organizado a nivel transnacional.
  • Realizar campañas de sensibilización y educación ciudadana para concienciar sobre los efectos negativos de la corrupción y el crimen organizado en la sociedad, y promover una cultura de honestidad, ética y denuncia de estos delitos.

Administración de justicia

  • Recuperar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
  • Impulsar reformas legislativas orientadas a la eliminación de obstrucciones para el acceso a la justicia.
  • Restaurar el rol de la Defensoría Pública como garante del pleno e igual acceso a la justicia de todas las personas.
  • Sancionar la injerencia mediática, de instituciones o funcionarios públicos, sobre los operadores judiciales.
  • Reconocer los derechos de todas las personas y colectivos que han sido perseguidos políticos.
  • Incluir en los programas de rehabilitación elementos de capacitación en habilidades y oficios de vida y anclaje productivo que cubra costos de las personas privadas de la libertad y les faciliten el ahorro de capital semilla para iniciar con su propio emprendimiento cuando hayan cumplido su sentencia, para incentivar su reinserción de manera positiva a la sociedad.
  • Establecer programa de incorporación de ex-PPL en empresas, fábricas y actividades productivas, ofreciendo incentivos y estímulos tributarios.

Marco constitucional

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  • Formar una Comisión de la Verdad con parámetros internacionales para evaluar y hacer justicia frente a la violación de la Constitución y los derechos humanos.
  • Impulsar un proceso re-constituyente para reinstitucionalizar el país luego del fraude del referéndum inconstitucional de Lenín Moreno y las arbitrariedades del trujillato.
  • Reivindicar la prohibición constitucional de privatizar bienes públicos y de los sectores estratégicos del Estado.
  • Defender la soberanía nacional y rechazar la aplicación de la extraterritorialidad de la ley: no a los Tratados de Asistencia Recíproca; no a la instalación de bases militares extranjeras en nuestro territorio.
  • Promover esferas de cooperación entre los cinco poderes del Estado basados en la interpretación conforme a la Constitución.

Capacidades estatales

  • Recuperar la ruta del Estado descentralizado y desconcentrado, que potencie los territorios.
  • Recuperar la planificación estratégica para establecer prioridades y orientar la inversión pública.
  • Renovar el sistema de gestión presupuestaria para la inversión pública eficiente y eficaz.
  • Retomar y potenciar la profesionalización de la función pública mediante mecanismos de ingreso y permanencia que garanticen la igualdad de oportunidades, capacitación, desarrollo de carrera, salarios dignos y estabilidad.
  • Transparentar el uso de los fondos públicos y rendir cuentas para aumentar la confianza en el gobierno permitiendo e incentivando el control ciudadano.

Participación y deliberación

  • Impulsar la reforma de la ley electoral para evitar la dispersión electoral.
  • Impulsar la democratización y modernización de las campañas electorales, promoviendo debates de calidad con atención a la paridad de género.
  • Impulsar la democratización de los partidos: incorporar la paridad a los órganos directivos de los partidos y hacer obligatorias las primarias para acceder a presidir esos órganos.
  • Fomentar la responsabilidad informativa y la ciudadanía crítica frente a las fake news, desde el enfoque de derechos humanos y la deontología periodística. (I)

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