“Lo que hace el Gobierno no tiene justificación. Cierran los medios y no pagan las liquidaciones. El pretexto que esgrimen es que son medios incautados con un origen privado. Se contradicen ya que han cerrado otros de estos medios, podrían utilizar la misma figura legal, pero no les da la gana”. Son las palabras de Rodolfo Enríquez, de 54 años de edad, uno de los extrabajadores de las radios privadas incautadas.

Él tiene 72% de discapacidad física debido a que le dio poliomielitis cuando tenía un año y dos meses.

Sus últimos ocho años de trabajo como asalariado fueron en radio Carrousel, una de las emisoras incautadas y de la que fue despedido en el último grupo el 28 de febrero de 2020 justo antes de la pandemia.

Desde entonces no ha recibido el 80% de la liquidación por su labor como redactor de noticias y entrevistador en las cabinas.

“Hemos enviado cartas, mensajes en las redes sociales buscando sensibilizar al Gobierno y lo único que recibimos es indiferencia, indolencia, silencio y excusas”, indica.

En mayo pasado inició un emprendimiento de venta de pizzas y pan brioche que comercializa a través de sus redes sociales. Con lo que ha ganado sustenta parte de los gastos de su hogar, ya que tiene tres hijos de 14, 20 y 22 años de edad. El más pequeño está en un colegio particular y las otras dos van a la universidad. “Igual hay gastos”, cuenta.

Su esposa también lo apoya ya que tiene trabajo estable, pero si contaran con la indemnización, pues podrían pagar las deudas, arreglar el carro y la casa que tienen, además de concretar el emprendimiento familiar.

“El anterior gerente de (la empresa pública de) Medios Públicos (que está en liquidación), Edison Toro Calderón, en su momento dijo que pagarían, después habló de una mesa de diálogo con los ministerios de Finanzas y Trabajo y al final pidió a la Procuraduría General del Estado un informe al respecto. Esta respondió que podrían pagarnos con un decreto ejecutivo firmado por el presidente de la República, Lenín Moreno, pero hasta ahora nos siguen debiendo”, recalca Rodolfo.

“Nada han hecho por gestionar y concretar el pago de liquidaciones y se amparan en que hay un vacío legal. De ahí no han movido un dedo”, agrega Rodolfo, quien no ha podido conseguir otro empleo. (I)